ESTE PROYECTO ES UN ATENTO CONTRA EL CIUDADANO DECENTE Y UNA OFENSA CONTRA LA SEGUNDA ENMIENDA
(SAN JUAN ) – Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), cuestionó hoy la radicación de proyectos de ley que atentan contra algún derecho fundamental de los ciudadanos para estar debidamente entrenados previo a utilizar un arma de fuego basado en “falsas premisas”.
Torres Meléndez se refierió al caso de David Andino Vazquez, alias el “Cuajo”, uno de los arrestados en un operativo del Negociado de Investigaciones Especiales a principios del año 2023, a quien ayer tarde la juez Maria Z. Trigo en la Sala 606 en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón determinó no causa y desestimó todos los cargos al imputado.
“El tiempo nos dio la razón”, fue la primera reacción del presidente de CODEPOLA sobre el Proyecto de la Cámara 1648 aprobado en la Cámara de Representantes y que celebró vistas públicas ante la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de Cámara de Representantes que preside el representante Luis “Nalmito” Ortiz Lugo. “Ahora tenemos un proyecto de ley basado en unas expresiones, pero no hay caso. Diferente hubiera sido una convicción y que el proyecto estubiera basado en data fundamentada”, denunció Torres Meléndez.
Durante su ponencia manifestó que “si existe un debido proceso de ley, debía esperarse que concluyera el caso y surgiera alguna convicción, no meros arrestos y denuncias en una conferencia de prensa, porque a la fecha en que se celebró esa vista no había una decisión del tribunal sobre los supuestos hechos por los cuales se estaba legislando, pero hicieron caso omiso”.
El 7 de febrero pasado, Rafael Freytes, Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, recomendó que se enmendara la Ley de Armas de Puerto Rico para establecer un tope a las municiones que una persona puede adquirir anualmente tras un operativo realizado en horas de la madrugada en el área de Bayamón, Cataño y Toa Baja, donde se diligenciaron órdenes de arrestos contra 30 personas por tráfico de armas de fuego. Durante el transcurso de la investigación que duró año y medio, encontraron sobre 30 armas de fuego, entre pistolas cortas y rifles de asalto, así como cargadores y municiones potentes que fueron ocupadas.
Tres semanas después, el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José “Betito” Márquez Reyes, junto al representante popular Juan José Santiago Nieves y penepé Carlos “Johnny Méndez” Núñez radicaron el P. de la C. 1648 para enmendar el Artículo 2.02 de la Ley 168-2019, conocida como “Ley de Armas de 2020”, según enmendada, a los efectos de reducir la cantidad de municiones adquiridas por una persona que activarán el deber de las armerías de notificar a la Oficina de Licencia de Armas del Negociado de la Policía y ampliar las facultades de la Policía para investigar a los compradores de las municiones”.
Mediante este proyecto de ley, se pretende que la Oficina de Licencias de Armas lleve un registro del resultado de las investigaciones al fin de mantener estadísticas sobre las querellas y los resultados de las investigaciones. Facultaría al Comisionado para intervenir, investigar, revisar y corroborar el uso de las municiones y armas de fuego por una misma persona cuando la compra de dichas municiones exceda la cantidad de quinientas (500) en un día, mil (1,000) en una semana o cinco mil (5,000) al año o cuando la compra de armas exceda de diez (10).
Torres Meléndez insistió en que la pretención del proyecto es limitar a la persona decente su derecho a practicar continuamente y adecuadamente para estar listo en caso de tener que utilizar su arma de fuego para defender su vida y propiedad. “Nos tratan como criminales, cuando no existe evidencia de que las municiones encontradas en ese operativo fueron compradas en armerías o que alguna persona con licencia está comprándolas y luego revendiéndolas en el bajo mundo”, destacó.
Enfatizó que las autoridades estatales y federales deberían “apuntar sus cañones y enfocarse” en el control de armas y municiones ilegales que siguen entrando por el correo aéreo y por vagones en los muelles.
Torres Meléndez dijo que durante su ponencia planteó su oposición al proyecto “porque su fin era meramente limitar al ciudadano su derecho fundamental a defender su vida. “Los poseedores de licencia están obligados a practicar para tener el control y dominio de su arma. También le indicamos que jamás se debería radicar un proyecto ante el conocimiento de meros arrestos, sin conocer la decision del tribunal que le permitiera justificar la exposición de motivos”.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes y pasó a la Comisión de Segridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, presidida por Thomas Rivera Schatz, quien convocó una vista pública para el 20 de septiembre de 2023.
