(Trujillo Alto) – Como muchas otras decisiones del Tribunal Federal, una vez más pasó por debajo del radar en Puerto Rico la determinación judicial que declara inconstitucional la ley que prohíbe a los comerciantes de armas de fuego con licencia federal vender armas de fuego a adultos jóvenes menores de 21 años viola la Segunda Enmienda.
El fallo del juez federal de distrito Robert Payne en Richmond, Virginia, es la última decisión que deroga las leyes sobre armas de fuego a raíz de un fallo histórico de la Corte Suprema el año pasado, que cambió lo utilizado en corte durante mucho tiempo para evaluar las impugnaciones a las restricciones de armas de fuego. El año pasado, un juez anuló una ley similar sobre restricciones de armas para adultos jóvenes en Texas.
Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa de los Poseedores de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), lamentó que en la Isla “nos tardamos en atemperar la política pública de Puerto Rico con la de Estados Unidos, siempre queremos ir por encima de la Constitución, se legisla en contra del ciudadano, buscando restringir a las personas que quieren defenderse de la criminalidad, pero cuando surgen determinaciones judiciales trascendentales, hay un silencio sepulcral, tanto de las autoridades de ley y orden como de nuestros líderes en el gobierno”.
En síntesis, la Corte Suprema determinó que, “los jueces ya no deberían considerar si la ley sirve a los intereses públicos, como mejorar la seguridad pública. Los gobiernos que quieran mantener una restricción de armas deben mirar hacia atrás en la historia para reconocer que es consistente con la «tradición histórica de regulación de armas de fuego” del país»”.
Torres Meléndez expresó que siempre le ha parecido “insólito” que un joven de 18 años pueda ir a la guerra y entrenarse en armas, pero cuando salen del servicio no pueden poseer licencia, ni comprar un arma para defender su vida. Peor aún, expresó que le parece más absurdo todavía la osadía de algunos al afirmar que, si no se revoca, esta decisión judicial permitiría a los traficantes vender armas de fuego a jóvenes de 18 a 20 años.
En Puerto Rico, la Ley de Armas #168 (2019) se flexibilizó en términos de eliminar burocracia y bajar los costos para obtener una licencia de armas, pero se robusteció el sistema de “background check”. La licencia se otorga una vez completada la verificación en los sistemas del “National Crime Information Center” (NCIC) del “Federal Bureau of Investigation” (FBI), el “National Instant Crime Background Check” (NICS), el sistema de Registro Criminal Integrado (RCI) del Departamento de Justicia de Puerto Rico. También se incluyeron penas más severas.
Torres Meléndez dijo que algunos detractores alegan que “no hay derecho absoluto” cuando se trata de la Segunda Enmienda, por eso respalda la determinación judicial porque “es la interpretación correcta. Especifica que, «si la Corte excluyera a los jóvenes de 18 a 20 años, impondría limitaciones a la Segunda Enmienda que no existen con otras garantías constitucionales» El fallo dice que, «debido a que los estatutos y regulaciones en cuestión no son consistentes con la historia y tradición de nuestra nación, no pueden sostenerse».
“En su fallo de 71 páginas, el juez Payne escribió que muchos de los derechos y responsabilidades de la ciudadanía se otorgan a la edad de 18 años, incluido el derecho a votar, alistarse en el ejército sin permiso de los padres y formar parte de un jurado federal. Cosas que siempre he manifestado, pero algunos decían que comparaba chinas con botellas. Yo estaba en lo correcto”, resumió el presidente de CODEPOLA.
Torres Meléndez dijo que, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, se habla mucho para las gradas. Por eso, consideró valioso que el juez Payne dejara para récord que el gobierno no presentó «ninguna evidencia de restricciones basadas en la edad en la compra o venta de armas de fuego de la era colonial, la Fundación o la República Temprana». Afirmó que la falta de regulaciones similares de esos períodos establece que los «fundadores consideraron que las regulaciones basadas en la edad sobre la compra de armas de fuego circunscribían el derecho a poseer y portar armas confirmado por la Segunda Enmienda», reza en el fallo judicial.
