Sobre los decretos otorgados al amparo de las leyes 20 y 22 de inversionistas del 2012.
Los hallazgos del Informe de Auditoría OC-24-37 del 28 de febrero de 2024, hacen referencia a periodos previos a la actual administración. Desde que entramos en funciones en el 2021, hemos sido enfáticos y rigurosos en la fiscalización de decretos de exención contributiva como función medular del desarrollo económico de Puerto Rico.
De conformidad, hemos implementado esfuerzos fiscalizadores sin precedentes, que nos han permitido emitir múltiples multas a concesionarios de Ley Núm. 20-2012 (Exportación), así como la revocación de más de 300 decretos de Ley Núm. 22-2012 (Individuo Residente Inversionista). Estas acciones afirmativas han resultado en un aumento en el nivel de cumplimiento de los beneficiarios.
Reiteramos que el cumplimiento con los términos y condiciones de los decretos es indispensable para mantener su efectividad. Acorde con ello, aquellas entidades o individuos que incumplan con sus responsabilidades bajo las leyes de incentivos aplicables, se expondrán a las penalidades en ellas establecidas, incluyendo la revocación retroactiva o anulación del decreto, con todas las consecuencias contributivas y legales que ello conlleva.
