(Trujillo Alto) – Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), que se debe ser prudente a la hora de señalar delitos o atenuantes que no existen en un caso de asesinato para promover el control de las armas de fuego siempre que ocurre un lamentable incidente que cobra vidas inocentes.
“Que lo hizo mal es una cosa”, afirmó Torres Meléndez sobre el caso del hombre que asesinó a su esposa el pasado lunes en Aguada y luego se privó de la vida con el arma de fuego para la cual tenía licencia vigente. “Otra cosa es divulgar información incorrecta para promover enmiendas a la Ley de Armas de Puerto Rico, en perjuicio de los ciudadanos que obtienen licencia de armas y se entrenan para defender su vida y propiedad”, enfatizó.
El presidente de CODEPOLA se refiere a las reacciones de la Procuradora de la Mujer y de vicepresidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAAPR).
Por un lado, la Procuradora Interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez Sanabria, dijo que “estudios que han revelado que donde hay presencia de armas de fuego, hay un porciento más alto de letalidad”. Alegó que el imputado Luis Alberto Valle González tenía “un abultado récord de alcoholismo y de conducir en estado de embriaguez”.
Mientras que la Lcda. Ivonne Lozada alegó que hay una correlación entre el aumento de los casos de feminicidios reportados desde el año 2020 y el aumento de licencias de armas expedidas en Puerto Rico. “Antes del 2020, sólo el 33% de los feminicidios eran perpetrados con armas de fuego, después de ese período, esta cifra subió al 74%”.
Tras sus indagaciones, Torres Meléndez aseguró que previo a este lamentable asesinato, “no existe evidencia de que el autor de los hechos tuviese récord criminal. Si fuese así, su licencia de armas hubiese sido revocada ‘ipso facto’. Y en cuanto al tema de problemas de alcoholismo, la Ley de Armas dispone que un ebrio habitual no puede tener licencia de armas. Aunque lo hubiesen detenido mil veces guiando bajo los efectos del alcohol, para que una persona sea considerada ebrio habitual y quitarle su licencia, debe ser declarado por un tribunal y eso nunca ocurrió”.
Torres Meléndez insistió en que le gustaría saber “de donde salió el expediente criminal de ese caballero, porque le estamos diciendo al pueblo de Puerto Rico una versión totalmente alejada de la realidad”. A su vez, recordó que “quien tiene el deber ministerial de presentar estadísticas sobre la incidencia criminal en Puerto Rico es y esos no son los números”.
Si tomara por cierta esas estadísticas, Torres Meléndez cuestionó “¿con qué mecanismos se cometieron el otro 67% de los delitos? ¿Con bolígrafos, tenedores, con cucharas, piedras, martillo o cuchillos? ¿vamos a legislar para eliminar esos artefactos? Así de absurdo es el tema”.
El presidente de CODEPOLA recalcó que siente respeto por ambas como mujeres y como profesionales, pero que sus expresiones “fueron desacertadas y basadas en premisas erróneas, con el fin de impulsar mayores restricciones a los ciudadanos de bien en su derecho a portar armas”.
Una de las razones para insistir en la revisión de la Ley de Armas de Puerto Rico es que, de los seis feminicidios reportados, cinco de los agresores tenían portación de armas y todos se suicidaron luego de los incidentes de violencia de género.
Torres Meléndez coincidió con ambas en que se deben impulsar medidas para evitar estos incidentes de violencia de género, afirmando que la propia Ley de Armas provee la solución.
Dijo que la nueva Ley de Armas (168-2019) claramente provee para que las víctimas de violencia de género puedan acudir a la policía. De ahí, pasan al tribunal y con una orden expedida por un juez va al Cuartel General de la Policía en Hato Rey y obtiene una licencia de armas a menor costo y de forma expedita. Se compra la pistola y se acabó el evento”.
“En resumidas cuentas, gústele a quien no le guste, ¿saben cómo se resuelve esto? Que todas las mujeres se armen y se entrenen”, apuntó Torres Meléndez.
Especificó que, al comienzo de una relación, es de suma importancia la comunicación entre la pareja, al punto de que, “si usted tiene un mecanismo de defensa, debe dejárselo saber a la otra persona. En la eventualidad, si esa persona se convirtiese en un posible agresor, ya tenía conocimiento. Claro está, al advertirle a su pareja, usted está previniendo que se convierta en un posible agresor. Ahí, o se aleja o aprende a respetar porque sabe que su pareja no está jugando. Que no se la va a dejar quitar su vida tan fácil. Por eso está en la ley. Para que tanto el hombre maltratado, como la mujer abusada, tengan con qué defenderse”, indicó Torres Meléndez.
LA CRISIS NO SON LAS ARMAS, SINO LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
El presidente de CODEPOLA indicó que el problema en Puerto Rico no son las armas de fuego, es uno de salud mental y se hace evidente que ni los psicólogos ni los psiquiatras pueden prevenir un incidente fatal.
“Se debe tener cuidado con las soluciones que se presentan. Algunos hablan de estudios psicológicos y más restricciones a la ley, cuando los incidentes con armas no son exclusivos de la ciudadanía. Hombres conocedores de la ley, altamente adiestrados en armas, que previamente han sido evaluados por un psicólogo de la policía, cometen crímenes”, explicó Torres Meléndez.
Recordó el caso del teniente I, Alberto Rivera Ortiz, quien era el director de la Unidad Canina de la Policía a nivel isla. Luego de ser evaluado por un psicólogo del Estado, quien recomendó que estaba apto para portar armas de fuego, utilizó su arma de reglamento en un restaurante en Salinas, donde tres personas resultaron perjudicadas. El tribunal encontró causa por tentativa de asesinato, la utilización de un arma de fuego, el disparar y apuntar en un lugar público, proveer información falsa a un agente del orden público durante la investigación y otras agresiones menos graves. Contra este teniente se habían radicado más de una docena de querellas administrativas, las cuales fueron archivadas.
En cuanto al policía Guarionex Candelario Rivera, quien había sido desarmado, estaba fuera del trabajo por depresión y enfrentaría un traslado por problemas de disciplina, llegó a la Comandancia de Ponce, se atrincheró en el sexto piso y asesinó a tres compañeros. Semanas antes de estos hechos, un psicólogo de la policía ordenó que se le devolviera su arma de reglamento.
En otro lamentable caso de personas que fueron sometidos a evaluación psicológica, el policía José Rivera Velázquez asesinó a su ex pareja, la también agente de la uniformada durante un incidente en Salinas.
Torres Meléndez concluyó con el caso del civil Pablo Casellas, quien tenía portación de armas, violentó la ley y fue sentenciado por el asesinato de su esposa “porque cada acto tiene consecuencias. La Ley de Armas de Puerto Rico es bien punitiva para quien incumple. Así de sencillo”.
