El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, firmó hoy la Orden Ejecutiva (OE) 2024-016 y una proclama oficial para convocar a los electores de la Isla a una consulta de estatus el día de las elecciones generales el 5 de noviembre de este año. La convocatoria surge tras la Ley 165 de 2020, que le da autoridad al gobernador de realizar votaciones que sean necesarias para hacer valer la voluntad electoral de la mayoría absoluta de los electores en el Plebiscito del 3 de noviembre de 2020.
“La consulta electoral a llevarse a cabo el día de las elecciones generales ofrecerá a los votantes la oportunidad de escoger una de las tres alternativas no coloniales y no territoriales que fueron incluidas en el proyecto de ley federal H.R. 8393, conocido como el “Puerto Rico Status Act”, que fue aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos en diciembre de 2022. Estas alternativas de estatus también forman parte de los proyectos de ley H.R. 2757 y el S. 3231 que se encuentran actualmente ante la consideración del Congreso. Las mismas son la Estadidad, la cual fue apoyada por la mayoría absoluta del pueblo de Puerto Rico en el 2020, la Independencia y la Soberanía en Libre Asociación con los Estados Unidos”, informó el primer ejecutivo.
El gobernador sostuvo que la Orden Ejecutiva contiene el texto fidedigno de las definiciones de las tres opciones de estatus en los tres proyectos de ley congresionales para que puedan ser ampliamente examinadas, estudiadas y discutidas previo a la consulta. De igual forma, la papeleta contendrá ese mismo texto, en español y en inglés, para que cada votante la pueda leer y escoger una opción el día de la consulta. “De esta forma se hacen valer nuestros derechos como ciudadanos americanos de exigir nuestra autodeterminación por medio del voto directo y sin intermediarios”, añadió.
La Ley 165 faculta al primer ejecutivo a realizar una votación o proceso electoral para hacer valer la voluntad electoral de la mayoría absoluta de los ciudadanos americanos de Puerto Rico en favor de la estadidad, según los resultados del plebiscito del 3 de noviembre de 2020. También la Ley permite convocar una votación cuando medie alguna propuesta relacionada con el estatus político de Puerto Rico que sea presentada o solicitada por una o ambas cámaras legislativas del Congreso, lo que es cónsono con la propuesta de plebiscito presentada y aprobada en la Cámara de Representantes federal, la que también fue apoyada por la administración del Presidente Biden en una Declaración de Política Pública.
Asimismo, la Ley 165 autoriza al gobernador a que convoque cualquier votación dirigida a ratificar la voluntad del pueblo de Puerto Rico o resolver el estatus político futuro de la Isla, la cual permite la OE emitida. Tanto la Orden Ejecutiva como la Proclama que la acompaña establecen claramente todo el proceso que dará pie a la consulta, incluyendo las garantías del derecho al voto, la publicación de la información en los portales de la Comisión Estatal de Elecciones, los procesos y reglas para representar una alternativa específica y hacer recaudaciones e incurrir gastos de campaña, la autorización presupuestaria y las instrucciones para publicar los resultados de la consulta.
“Es importante señalar que en ausencia de una acción congresional para resolver nuestro centenario problema del estatus, Puerto Rico tiene el derecho, y yo diría la obligación moral, de continuar ejerciendo presión, reiterando su derecho a la autodeterminación y exigiendo que el Congreso responda de forma satisfactoria a la voluntad de nuestro pueblo. Por eso, cuantas veces haya que votar para acabar con la colonia, así lo debemos hacer. Al mismo tiempo, el problema de nuestro estatus político, que tanto afecta la economía, el acceso a servicios y la falta de igualdad de derechos de nuestra gente, sigue sin resolverse. A solo días de la celebración del 4 de julio, una fecha en la que se conmemora el día en que se fundó Estados Unidos, en el que la libertad, la igualdad, los derechos humanos y el bienestar común son el norte de su gobierno, es vergonzoso aceptar que los ciudadanos Americanos que residen en Puerto Rico no reciban el mismo trato que sus pares en los Estados”, dijo Pierluisi.
El gobernador indicó que el actual estatus colonial, en el que el Congreso estadounidense tiene poder casi absoluto sobre la Isla bajo la cláusula territorial de la Constitución federal, impacta negativamente a cada puertorriqueño y puertorriqueña que vive en Puerto Rico.
“El estatus territorial afecta la vida de muchas personas de escasos recursos y con vulnerabilidades porque carecemos de igualdad en programas importantes de bienestar social como Medicaid, Medicare, SNAP y Seguro Social Suplementario. También afecta nuestra economía, pues quedamos fuera de muchas iniciativas económicas que aplican a los estados y se nos percibe como una jurisdicción que pudiera separarse de los Estados Unidos con la obvia inestabilidad e incertidumbre que eso conlleva. Más aún, afecta nuestro poder político, pues no contamos con representación con voto en el Congreso, en donde se aprueban leyes que nos aplican sin nuestro consentimiento y tampoco podemos votar por el Presidente de la nación quien puede enviar a nuestros soldados a tierras lejanas a defender la democracia que no gozan en su tierra”, dijo Pierluisi.
Precisamente, el primer ejecutivo señaló que el estatus actual atrasó la reconstrucción de la Isla luego del huracán María, ya que la pasada administración federal impuso restricciones a los fondos de FEMA y de CDBG-DR que nunca le hubiera puesto a un estado luego de un desastre. Asimismo destacó que el estatus actual afecta la capacidad de autogobernarnos al permitir que exista una Junta de Supervisión Fiscal compuesta por personas que no han sido electas por el pueblo que intervienen en un gran número de acciones del gobierno.
“Ya está bueno de la desigualdad. Nuestro pueblo merece más. Las colonias no pueden tener cabida en los Estados Unidos, donde la democracia se basa en un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Llevo toda mi carrera en el servicio público abogando para resolver el problema de nuestro estatus y conseguir la democracia plena para nuestra gente. Mis acciones como secretario de Justicia, comisionado residente y gobernador así lo demuestran y siempre voy a seguir diciendo presente para luchar por la Igualdad que se merece nuestro pueblo. Ahora le toca a cada ciudadano y ciudadana de nuestra Isla ejercer su derecho, hacer valer su voluntad y ser parte de la descolonización de Puerto Rico”, concluyó el gobernador.
