Sobre orden emitida por el Negociado de Energía el 5 de julio de 2024
“Bajo el ordenamiento legal vigente, el Negociado de Energía de Puerto Rico tiene a su cargo la implementación del marco regulatorio del sistema de energía de Puerto Rico. A su vez, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas tiene a su cargo la administración de los contratos suscritos con Luma Energy y Genera PR, quienes administran y operan los activos de transmisión y distribución, y de generación de la corporación pública, respectivamente. Por tanto, según expresa la orden emitida por el Negociado de Energía el 13 de junio de 2024, y en cumplimiento con sus responsabilidades contractuales, corresponde a ambos operadores privados presentar los planes de mejoras al sistema de energía para mitigar fallas recurrentes y eliminar puntos débiles que puedan afectar la calidad del servicio eléctrico que solicitó el Negociado de Energía. La realidad es que, con un presupuesto anual aproximado de $700 millones, en el caso de Luma Energy, y de $345 millones, en el caso de Genera PR, ambas entidades tienen el presupuesto, los recursos y la responsabilidad contractual de atender con la mayor urgencia tan importante solicitud. La Autoridad de Energía Eléctrica, con un presupuesto sustancialmente menor de apenas $47 millones, y siempre velando por el mejor bienestar del pueblo de Puerto Rico, por los pasados años ha presentado múltiples mociones ante el ente regulador con proyectos concretos para fortalecer el sistema de energía de Puerto Rico. Aunque reconocemos la jurisdicción del Negociado de Energía en estos asuntos, la realidad es que a la Autoridad de Energía Eléctrica no le corresponde hacer los planes de mejoras al sistema de energía que le corresponde realizar a Luma Energy y a Genera PR, ni compeler a Luma Energy y a Genera PR a cumplir con el requerimiento del Negociado de Energía. Por tal motivo, y aunque la Autoridad de
Energía Eléctrica cumplirá con la orden emitida el día de hoy por el Negociado de Energía, entendemos que no procede la imposición de multa alguna contra la corporación pública por estos motivos”.
