Gobernador Rosselló Nevares informa sobre carta circular para garantizar igualdad de acceso de información a personas con sordera
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó sobre la divulgación de unas guías mediante carta circular a todos los jefes de agencia para implementar la política pública establecida en la Ley 266-2018 a favor de las personas con sordera.
Esta ley, también conocida como la Ley de igualdad de acceso a información para los sordos en las campañas publicitarias del Gobierno de Puerto Rico, se implementará de manera inmediata en este nuevo año fiscal.
“Como parte de nuestro compromiso de política pública, he firmado varias leyes y órdenes ejecutivas para atender las necesidades de las personas con discapacidades auditivas. Entre estas, la Ley 266-2018 establece que toda publicidad visual de las tres Ramas de Gobierno que contenga sonido utilice un intérprete de señas para comunicar el mensaje efectivamente a la población con sordera”, sostuvo el primer ejecutivo.
Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas, puntualizó que durante la renovación de contratos para el año fiscal 2019‑2020, se ha identificado que aún existen dudas sobre las obligaciones bajo la Ley 266-2018.
El portavoz de La Fortaleza señaló que, dado a que el cumplimiento con la medida es obligatorio para todas las entidades de la Rama Ejecutiva, se emitieron las guías con el objetivo de implementar uniformemente la política pública establecida en la Ley 266-2018.
“Toda entidad ha tenido el tiempo suficiente para hacer ajustes y movernos hacia lo que requiere la ley. Con el comienzo del nuevo año fiscal, todo contrato de servicios de publicidad deberá proveer para el cumplimiento con este derecho de la comunidad sorda. De identificar algún incumplimiento se podrá proceder con la cancelación de los contratos pertinentes”, concluyó el secretario.
La Ley 266-2018 aplica a cualquier medio en que se transmita la publicidad visual, lo que incluye a plataformas de redes sociales.
El intérprete de señas deberá tener licencia o una certificación vigente del Estado que reconozca su peritaje.
