El Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, coronel Antonio López Figueroa, debe darle cara al pueblo y explicar qué pasó con unos de sus policías de alto rango.
Las expresiones de presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas en Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, surgen a raíz del arresto del inspector Víctor Castro, director del Negociado de Armas de la Policía de Puerto Rico el pasado lunes 11 de noviembre, a eso de las 5:13 de la madrugada por un incidente de violencia doméstica.
“El pueblo de Puerto Rico tiene varias interrogantes, que sólo el comisionado Antonio López está obligado a contestar, velando por la transparencia y pureza del proceso”, declaró Torres Meléndez.
“¿Tenía licencia de armas la esposa del inspector? ¿Por qué no llevaron al hospital al inspector Castro para que fuera asistido por un médico? ¿El arma que tenía la esposa en sus manos, era el arma de reglamento del inspector? ¿Qué artículos de la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley 168-2019) entiende le aplicarían al inspector Víctor Castro? ¿Ya fue removido de sus funciones? ¿Sus armas le fueron ocupadas? ¿Va a pasar el inspector Castro el mismo proceso que pasa un ciudadano cuando es arrestado por Ley 54? Sabiendo cómo está la incidencia de casos de Ley 54. ¿qué opina el Comisionado sobre lo que pasó aquí para que no se le hayan radicado cargos?”, comentó el presidente de CODEPOLA.
Según el informe del incidente de la Policía de Puerto Rico difundido por algunos medios de prensa, el sargento Ocasio, quien estaba a cargo del turno de la mañana pidió cooperación a la División de Intervención de Crisis, quienes se personaron a la casa del inspector Castro atendiendo una llamada que hizo su esposa a la línea al 911 por un incidente de violencia doméstica (Ley 54). Al llegar al estacionamiento del Condominio Rio Vista, se encontraron con la esposa del Inspector Castro junto a sus dos hijos de 16 y 18 años, descontrolada y con un arma de fuego en sus manos.
Luego de entrevistar a la dama claramente afectada, los agentes ocupan el arma que ella tenía en sus manos, con el propósito de defenderse y por instrucciones de la sargento Ana Cacho (placa 8-21465), los agentes llegaron hasta el apartamento donde reside la pareja y pusieron bajo arresto al inspector Castro, el cual se encontraba aruñado por varias partes de su cuerpo.
Según la querella, el incidente de Ley 54 comenzó debido a unos mensajes de texto comprometedores que su esposa le encontró en su celular, lo cual provocó una discusión en el apartamento en el cual se encontraban los hijos de la pareja.
Ya en la celda y debidamente orientado sobre el proceso, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) le tomaron unas 21 fotos en diferentes partes del cuerpo al inspector Castro debido a los golpes y arañazos que recibió por parte de su esposa.
Reflexionando sobre el particular, Torres Meléndez se cuestiona si el Comisionado del Negociado de la Policía ¿está 100 porciento seguro de que este caso se trabajó como el de cualquier otro agente y ciudadano? Además, dijo que “aunque sabemos que no ha sido removido de sus funciones, le preguntó al coronel López ¿quién autorizará la entrega de sus armas? ¿El mismo Inspector? ¿Él será juez y parte en su propio caso?”.
Torres Meléndez dijo que “es muy preocupante todas las interrogantes que hay en este caso y las que faltan”. Dijo que, aunque el comisionado del Negociado de la Policía “va de salida y sus días están caducando en la agencia, hoy más que nunca debería darle cara al pueblo y a sus policías, como dice él y explicar cómo fue el manejo de este caso y cuáles son las medidas inmediatas contra el inspector Víctor Castro”.
Concluyó que “sabiendo la admiración que me tiene el Comisionado Antonio López (ironía), “si hubiera sido yo, estaría en Alcatraz. Estos son los casos llamados Jake y Mate, si hablas te hundes y si no hablas te hundes más”.
El Negociado de Armas de la Policía de Puerto Rico es sumamente importante y todos los ciudadanos armados dependen de un buen registro de armas administrado por funcionarios rectos e intachables.
El presidente de CODEPOLA lamentó que hace unos años, el capitán Figueroa, quien fue la persona que redactó el Reglamento de la Ley de Armas 168-2019, protagonizó un caso de Ley 54 y ya no está en la uniformada, pero en el caso del inspector Castro, parece que utilizaron una vara diferente.
Por el momento, al pueblo de Puerto Rico y a los miembros de la uniformada solo nos resta esperar para ver qué acción convincente e inmediata tomará el Comisionado de la Policía Antonio López.
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