La Comisión de lo Jurídico atendió otras propuestas para enmendar el estatuto
(El Capitolio) – La imposición de supervisión electrónica para todo caso de la Ley 54 de Violencia Doméstica, cuando se autorice libertad bajo fianza, recibió este miércoles posiciones encontradas por parte de las entidades concernientes durante una vista pública de la Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante José “Che” Pérez Cordero, para evaluar el Proyecto de la Cámara 15.
La medida -de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez- persigue, entre otras enmiendas, modificar la Ley 99-2009 que crea el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de la Violencia Doméstica para asegurar la obligación del “grillete” electrónico y establecer la zona de exclusión, una recomendación que diversos sectores impulsan desde hace varios años.
Sin embargo, el Colegio de Abogados y Abogadas, a través de la Comisión de la Mujer María Dolores “Tati” Fernós, consideró necesario discutir las repercusiones de estatuir un escenario automático, pues existen ocasiones en que la persona que “realmente es víctima de la violencia puede terminar enfrentando cargos en su contra”.
“Esto abona a que miremos con suspicacia las implicaciones de incluir escenarios automáticos en aquellas disposiciones contenidas en la parte criminal de la Ley 54. Esto, junto a las implicaciones generales que tiene en el ámbito penal la imposición de medidas automáticas”, expresó la licenciada Noeli Pérez en una ponencia firmada junto a la presidenta del Colegio, Vivian Godineaux.
Por su parte, la procuradora de las Mujeres, Madeline Bermúdez, apoyó la propuesta legislativa al recordar que la agencia presentó el cuatrienio pasado sugerencias a la Asamblea Legislativa para materializar esta “condición obligatoria y no discrecional” durante la discusión de proyectos similares.
La también licenciada reafirmó la necesidad de crear una comisión especial para revisar la Ley 54 en respuesta al alto número de enmiendas que ha recibido el estatuto desde su aprobación en 1989, así como el tapón de peticiones de información que la agencia está pendiente de entregar a la Legislatura y otras instituciones.
“En aras de la economía procesal, hemos hecho esa sugerencia… porque muchas veces hay elementos que los compañeros (legisladores) han visto que nosotros, a lo mejor en la prisa de poder contestar un memorial, no los vemos”, indicó Bermúdez. “Hay que hacer una revisión de la Ley 54. Eso es innegable”.
El representante Pérez Cordero, mientras tanto, exploró la posibilidad de crear un nuevo estatuto que incorpore la totalidad de 45 enmiendas que ha sufrido la Ley 54 con los nuevos cambios que sean aprobados al subrayar la importancia de “armonizar estos asuntos y hacer que las cosas funcionen de una vez por todas”.
“Esto es una ley que continuamente estamos trabajando sobre ella. Lo que busca atender esta legislación son esos asuntos técnicos que se nos quedan cuando reaccionamos con legislación, y no necesariamente inciden sobre la intención legislativa”, afirmó Pérez Cordero.
“Yo creo que hay que sentarnos todos y comenzar a repensar si es necesario entonces hacer una nueva ley”, abundó.
A estos efectos, el representante Ángel Morey Noble sugirió la creación de una subcomisión en la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara.
Otras enmiendas propuestas
Por otro lado, la pieza legislativa introduce cambios a la Ley 54 con el fin de pautar un máximo de tres días laborables para celebrar las vistas de determinación de causa probable para arresto en alzada.
La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) señaló reparos y, como en discusiones anteriores, pidió “deferencia” con los procesos administrativos del Poder Judicial debido a que esta imposición pudiera limitar la capacidad para “responder de inmediato” a estos casos.
El director de la OAT, Sigfrido Steidel Figueroa, recalcó en su ponencia que la agencia ha adoptado medidas administrativas que garantizan la celebración de las vistas en alzada en un término que no exceda tres días laborables, por lo que no es necesario establecerlo en ley.
“El que se fije procesos operacionales bajo legislación puede ponerle un amarre a las respuestas que se puedan dar administrativamente, porque pueden surgir otros asuntos u aspectos relacionados con la celebración de estos tres días. Es un poco una petición de deferencia a la flexibilidad que permite el proceso administrativo y la inmediatez para atender los asuntos que surjan”, solicitó la directora de la División Legislativa de la OAT, Giselle Rosa.
La Procuradora, en tanto, rechazó el planteamiento de la OAT al reprochar que, en el pasado, la discreción judicial ha desprotegido a mujeres que luego se convierten en víctimas de feminicidios. Para Bermúdez, se trata de un “interés apremiante” el que las vistas en alzada se vean en la mayor brevedad sin que se vean afectados los derechos de las sobrevivientes.
“Sabemos que hay un compromiso, todos aquí queremos lo mismo: salvar vidas. Pero, también es de conocimiento público que, ante ese ejercicio de discreción, han ocurrido feminicidios. Cuando entonces hay una falta por parte de los jueces a cumplir con ese reglamento o proceso, ¿cuáles son las consecuencias?”, cuestionó la funcionaria.
“Si esto es estatutario, puede haber unas consecuencias ante el incumplimiento. Tienen que haber consecuencias”, manifestó.
La portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, consumió un turno para exponer la urgencia de más servicios de apoyo a las víctimas de manera que reciban el seguimiento adecuado a sus denuncias y puedan romper con el ciclo de violencia doméstica. También abogó por la rehabilitación de los agresores para evitar el efecto de “puerta giratoria”, tanto de la víctima que comienza otra relación abusiva, como del imputado que continúa perpetrando la violencia con nuevas personas.
Cabe destacar que ayer, martes, la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer y coautora del proyecto, representante Wanda del Valle, llevó a cabo una cumbre de emergencia con diversas instrumentalidades gubernamentales para abordar la crisis de violencia doméstica y contra la niñez en Puerto Rico a raíz del trágico asesinato de dos menores de edad en Río Grande.
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