adquisitivo de las pensiones gubernamentales
(El Capitolio)- El portavoz del Capítulo de Jubiladas y Jubilados de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Pedro Pastrana Ortiz, dio su aval al Proyecto de la Cámara 45, encaminado a proteger el poder adquisitivo de las pensiones de los empleados públicos jubilados del Gobierno de Puerto Rico, magisterio y la Rama Judicial, que suman unos 160 mil.
En vista pública de la Comisión de los Sistemas de Retiro, presidida por la representante María de Lourdes Ramos Rivera, el portavoz de esta organización señaló que la aprobación del Proyecto de la Cámara 45 “además de evitar el continuo deterioro de los ingresos de las jubiladas y jubilados, también es una legislación de justicia social que promueve el crecimiento económico impulsando la economía real en nuestros pueblos y comunidades”.
El texto de la legislación, presentada por petición del Frente en Defensa de las Pensiones y radicada por los representantes Ramos Rivera y Denis Márquez Lebrón, busca establecer que para el 1 de julio del 2025, se aumenten las pensiones en un renglón que iría de un siete hasta un 10 por ciento que actualmente paga el Gobierno de Puerto Rico a sus pensionados. El valor máximo de la anualidad que se tomará en cuenta para este aumento será de hasta $3,000.
Pastrana Ortiz añadió que la aprobación de este proyecto, “le hace justicia a la jubilada y jubilado al recuperar parte de lo invertido de las pensiones implícito en el aumento de los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) por efecto del aumento continuo en precios de los productos y servicios que compra para su consumo”.
El deponente indicó que, con este aumento, los jubilados podrán invertir en bienes y servicios que están gravados por el IVU, por ende, parte de estos fondos volverán a las arcas del gobierno. El costo de esta propuesta sería en el primer año entre $194 millones, según la Oficina Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) hasta $200 millones.
La financiación de esta propuesta provendrá de los Ingresos del IVU que no estén asignados al Fondos de Administración Municipal, al IVU municipal, a la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias y la Industria Cinematográficas de Puerto Rico y al pago de la deuda de COFINA, así como de los sobrantes del presupuesto general gobierno.
Esta medida fue calificada por el deponente como una “positiva porque alivia la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones de los pasados 18 años y crea un mecanismo para proteger las pensiones presentes y futuras, establece mecanismos efectivos que evitan el menoscabo del poder adquisitivo de las pensiones y evita lanzar a la miseria extrema a cientos de miles de jubiladas, jubilados y sus dependientes en o antes del año 2037”.
Según varios estudios como el de la Pontificia Universidad Católica, titulado, Un Acercamiento a la Situación de las Personas Retiradas en Puerto Rico (2023), apuntan a que un 25.4% de los retirados encuestados tenían a su cuidado algún adulto mayor y el 9.7% cuida regularmente a sus nietos.
“Es evidente que los jubilados y jubiladas, además de brindar nuestros años de juventud al servicio público, hoy somos el sostén familiar y económico de unas 320,000 personas que dependen de nuestros ingresos y cuidados”, señaló Pastrana Ortiz.
Durante su turno de preguntas el representante Márquez Lebrón, propuso una tabla de bonificaciones de forma escalonada, por años de servicio u otras razones de peso, a modo de presentar una alternativa que pase el crisol de la Junta de Supervisión Fiscal ya que el pasado año se intentó pasar un proyecto basado en un aumento para paliar el aumento del costo de vida y fue rechazado por las autoridades.
El portavoz del Capítulo de Jubiladas y Jubilados de la Federación de Maestros de Puerto Rico señaló que siempre y cuando esté establecido en los parámetros de una ley “lo podríamos evaluar satisfactoriamente. Estamos dispuestos a aceptar del 10 al siete por ciento, estamos para evaluar otras opciones porque nuestra intención es precisamente que se cree un modelo de justicia para el pensionado en cuanto a la protección al poder adquisitivo de las pensiones”.
Márquez Lebrón indicó que “de más está decir que hay que hacer justicia social, que tenemos que ser creativos, porque hubo una empatía de parte de la agencia ejecutiva en el cuatrienio pasado en términos de buscar alguna alternativa; no se logró porque había una visión cerrada en los problemas legales de las medidas por lo tanto creo que hay que buscar ambas avenidas, promover la empatía y ser lo suficientemente creativos a ver si adelantamos un paso en la justicia social a la clase trabajadora en Puerto Rico en este caso los pensionados y cuenten que vamos a estar trabajando por eso”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión, representante Ramos Rivera secundó la posición del representante en que se estudie la propuesta de bonificaciones “porque tenemos que romper las barreras de la Junta de Supervisión Fiscal , no tenemos manera de hacerlo sino trabajamos con ellos porque estoy obligada a ello y ellos se dejan llevar mucho de que hay un Plan Fiscal que establece que no se van a dar beneficios a los pensionados, por eso ese plan fiscal hay que enmendarlo”, mediante un consenso que ya ella les ha informado mediante reuniones.
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