(San Juan, Puerto Rico ) – Con el objetivo de reducir la carga administrativa, facilitar el acceso al empleo y continuar garantizando la seguridad de las poblaciones más vulnerables, la Comisión de Salud, que preside el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, evaluó en vista pública el Proyecto de la Cámara 350 para enmendar los Artículos 6 y 10 de la Ley Núm. 300-1999, conocida como la “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”.
La propuesta extiende la vigencia de las certificaciones emitidas por el Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe) de uno a tres años, exclusivamente para proveedores que continúen trabajando en una misma entidad.
Actualmente, estas certificaciones deben renovarse anualmente, lo que representa costos y trámites adicionales tanto para los proveedores como para las agencias gubernamentales.
El Departamento de Justicia (DJ) fue la primera agencia en deponer sobre la medida y La Lcda. Vivian Cátala, directora de la División de Legislación sostuvo que la verificación de antecedentes es parte de una política pública no punitiva, sino de prevención y protección. De igual modo, respaldó la utilización de herramientas como el Programa de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Puerto Rico (PRBCP) y el sistema “Rap Back”, y sugirió que, durante la vigencia de los tres años propuestos, se implementen revisiones continuas para detectar cualquier cambio en el historial del proveedor.
La agencia también recomendó correcciones técnicas al lenguaje legislativo propuesto y subrayó la importancia de utilizar registros públicos estatales y federales como herramientas constantes de verificación. Es importante mencionar que no expresó objeciones a que se continúe con el trámite legislativo, sujeto a la adopción de sus recomendaciones.
Por su parte, el Departamento de Salud (DS) a través de un memorial explicativo sometido por el secretario de Salud, Dr. Víctor Ramos, endosó la pieza legislativa siempre que se garantice el cumplimiento de los estándares federales de la verificación de antecedentes. El DS recomendó que, aunque las certificaciones tengan una vigencia inicial de un año, se permita que, si el proveedor continúa prestando servicios en la misma entidad, pueda acogerse al sistema conocido como “Rap Back”. Este mecanismo permite que, una vez tomadas las huellas digitales, el sistema notifique automáticamente si la persona incurre en alguna actividad delictiva, sin necesidad de repetir todo el proceso de verificación.
“El balance entre eficiencia y seguridad es crucial. No podemos permitir que los procesos se vuelvan una barrera, pero tampoco podemos bajar la guardia en la protección de nuestra gente más vulnerable”, afirmó el Dr. Ramos.
La directora de la Sección del “Puerto Rico Background Check” del DS, Lourdes Borres, también estuvo presente en la vista, aportando detalles técnicos sobre el funcionamiento del sistema. El Departamento destacó que el PRBCP fue reconocido a nivel federal y recibió una asignación de $2.9 millones para su implementación. Cualquier enmienda, enfatizaron, debe garantizar el cumplimiento con las exigencias de ese programa, ya que su operación es clave para la protección de los sectores vulnerables y para el acceso continuo a fondos federales. Asimismo, sugirió que el uso del “Rap Back” se extienda a profesionales de la salud y patronos como parte de un sistema moderno y efectivo.
Durante la audiencia estuvo el representante José “Cheito” Hernández Concepción y enfatizó que “esta medida busca agilizar procesos y reducir cargas innecesarias sin comprometer la integridad del sistema de verificación”.
También cuestionó cuál es la función del Departamento de Justicia en el trámite de la toma de huellas dactilares. Ante esto, la Borres aclaró que esa agencia no tiene participación directa en el proceso, más allá de contratar a la empresa encargada del sistema de captura biométrica. Además, señaló que dicha compañía conocida como Biometrics, no cuenta con empleados y opera únicamente como intermediaria, funcionando “como un peaje”.
Esta revelación generó reacción inmediata del presidente de la Comisión de Salud, representante Rodríguez Aguiló, quien catalogó como incomprensible que una empresa sin personal cobre $70 por un trámite que, en su opinión, podría ser realizado por el propio DS.
La Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) también presentó una ponencia en la que, aunque reconoce el mérito de la medida, planteó preocupaciones sobre la posibilidad de que la flexibilización en los procesos redunde en riesgos para la seguridad de las personas con impedimentos y otros grupos vulnerables. Una de su propuesta fue que, si se extiende el término de las certificaciones, se establezca algún trámite intermedio para verificar que la persona no tenga nuevos antecedentes penales ni esté siendo investigada.
“La flexibilidad no puede ser a expensas de la seguridad y bienestar de una persona con impedimentos. La seguridad de nuestras comunidades vulnerables no es negociable”, expresó el Lcdo. Juan J. Troche Villanueva, Defensor de las Personas con Impedimentos. Junto a él, también compareció el Lcdo. José A. Montalvo Vera, abogado principal de la Defensoría. Ambos señalaron preocupaciones sobre el uso del mecanismo conocido como “self check” por parte de los solicitantes, advirtiendo que puede poner en manos del individuo una responsabilidad que debe ser del Estado. A su vez, resaltaron el costo de $70 por la toma de huellas digitales como una posible barrera para solicitantes de bajos recursos.
El Proyecto de la Cámara 350 aún está en proceso de evaluación legislativa. De ser aprobado, entrará en vigor 180 días después de su firma, otorgando tiempo a las agencias pertinentes para implementar los ajustes reglamentarios necesarios.
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