Expusieron a la Comisión de Hacienda la urgencia de contar con las partidas solicitadas para cubrir gastos de nómina
(El Capitolio) – Ante la necesidad de conservar el personal actual y reclutar patólogos de manera permanente, la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, señaló hoy a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes la insuficiencia en el presupuesto propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para atender el pago de salarios con fondos recurrentes durante el próximo año fiscal.
La doctora solicitó en la continuación de vistas públicas para evaluar los gastos operacionales del gobierno, que preside el representante Eddie Charbonier Chinea, una cifra de $19.9 millones para el gasto de nómina de la plantilla de 11 empleados. Sin embargo, la JSF recomendó una asignación de $15.6 millones para esta partida o $4 millones menos de la cantidad peticionada por el ICF.
“Esta petición de incremento presupuestario en el renglón de nómina pretende obtener la totalidad de los recursos recurrentes y necesarios ante la implementación del nuevo Plan de Clasificación y Retribución aprobado por la Junta, con énfasis en la retención del capital humano para así detener la ida lamentable del mejor talento disponible”, indicó Conte Miller.
En su ponencia, explicó que el ICF cuenta con siete patólogos forenses que en su mayoría trabajan por contratos de servicios profesionales y, a fin de garantizar el relevo generacional, necesitará al menos cuatro adicionales que ocupen plazas fijas.
La titular aseveró que han logrado paliar la insuficiencia de fondos recurrentes mediante recursos externos de diversas fuentes obtenidas mediante el mecanismo de reembolso de gastos, pero la carencia de estas asignaciones pudiera redundar en problemas de flujo de efectivo para el pago de otras obligaciones.
Entre ellas están los contratos de mantenimiento del equipo tecnológico y la limpieza especializada que requiere el laboratorio forense, lo que a su vez mantiene los estándares de acreditación del ICF. La agencia reclamó un presupuesto global de $32 millones para el siguiente año fiscal, pero el borrador de la JSF eliminó $8.9 millones de esta cantidad.
Tras la advertencia de violación al Plan Fiscal emitida ayer por el ente federal, el representante Charbonier Chinea aclaró que esta notificación es “normal dentro del proceso” de evaluación de las partidas presentadas por la gobernadora Jenniffer González Colón e incluidas en la Resolución Conjunta de la Cámara 79.
El legislador detalló que el Ejecutivo tiene hasta el 8 de mayo para someter la versión final del Plan Fiscal ante el cuerpo legislativo, por lo que las vistas públicas cumplen con la línea de tiempo apropiada “para que los legisladores tanto de la mayoría, como de la minoría puedan evaluar el presupuesto de Puerto Rico”.
Por otro lado, la secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra, se unió al pedido de un presupuesto mayor al que recomendó la JSF con la intención de llenar las plazas disponibles en la agencia relacionadas a fiscales, peritos y técnicos especializados.
Mientras Justicia solicitó un presupuesto de $204.8 millones que será mayormente destinado a nómina, el ente fiscal recomendó que sea de $186 millones. Actualmente, la agencia cuenta con 398 fiscales y tiene 69 vacantes que son necesarias ocupar para cumplir con la cantidad obligada en ley.
Sobre las nuevas plazas de fiscales 1, 2, 3 y 4, Parra indicó que están en el proceso de reclutamiento de los candidatos y posteriormente enviarán sus recomendaciones a La Fortaleza para que los nombramientos sean presentados ante el consentimiento del Senado.
“Para maximizar nuestros esfuerzos, necesitamos un presupuesto como el que hemos solicitado. No significa que con el que tenemos propuesto no podamos hacer nuestro trabajo, pero cuando hablamos de contratación, hablamos de peritos de reconstrucción de escena, de peritos que brindan ayuda psicológica a las víctimas”, especificó la secretaria.
“Ese trabajo lo podemos hacer, pero si tenemos el presupuesto que necesitamos, podemos hacer más”, abundó.
Entretanto, la presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Aixa Pérez, manifestó su propia urgencia de reclutamiento de personal durante su presentación ante la Comisión de Hacienda. Específicamente, la agencia puntualizó que nunca ha contado una División Legal a pesar de ser un ente cuasi judicial.
Por tal razón, resaltó la carencia de abogados y asesores para atender los asuntos legales de la Junta. Además, con un aumento en el presupuesto de $321 mil, Pérez pretende contratar un director de Presupuesto y Finanzas, un oficial examinador, un técnico en sistemas de oficina y un encargado de la propiedad.
El presupuesto consolidado solicitado asciende a $3.1 millones del Fondo General, mayormente destinado para atender el Plan de Clasificación y Retribución del personal de la agencia.
“Las escalas salariales del personal de la Junta se encuentran muy por debajo en comparación con el salario que se ofrece en posiciones iguales en otras agencias de gobierno. Esta situación limita grandemente la capacidad de la agencia para atender asuntos administrativos, laborales, y disminuye la oportunidad de mejorar los servicios que brinda la agencia”, argumentó Pérez.
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