(El Capitolio)- El Colegio de Abogados y Abogadas, así como la Asociación Puertorriqueña Pro-Bienestar de las Familias (Profamilia), el Proyecto Matria y la organización Católicos ProVida se expresaron en contra del lenguaje establecido en Proyecto del Senado 297 que busca requerir un protocolo de manejo de casos de abortos en menores de 15 años y que al menos uno de los padres- que ostente la patria potestad- otorgue su consentimiento informado por escrito previo al procedimiento.
En vista pública de la Comisión de lo Jurídico, que preside el representante José “Che” Pérez Cordero, la Lcda. Noeli M. Pérez de la Torre, presidenta de la Comisión de la Mujer María Dolores Fernós López Cepero del Colegio de Abogados y Abogadas, calificó como “innecesario y académico” el proyecto, ya que el Departamento de Salud aprobó enmiendas al “Reglamento de las Clínicas de Terminación de Embarazos”, que son cónsonas con la política pública que busca la medida.
“Es decir que el Departamento de Salud ya actuó sobre este asunto que plantea el proyecto, lo que lo hace totalmente redundante. Nos parece un ejercicio fútil por parte de la Asamblea Legislativa, y una pérdida de su tiempo y recursos”, señaló la jurista.
La deponente opinó que la medida bajo discusión “solamente va dirigido a las menores que en el ejercicio de su derecho a la intimidad constitucionalmente protegido, deciden terminar un embarazo. Lo que se pretende realmente es imponer restricciones o reglamentación ya existentes a las clínicas en las cuales se hacen terminaciones de embarazo, pero deja fuera a las que deciden llevar a término su embarazo y las cuales pueden haber sido objeto de agresión sexual o incesto”.
Pérez de la Torre sostuvo que esta pieza legislativa tendría el efecto de “imponerles a las jóvenes una maternidad no deseada que, incluso, pudiera ser el resultado de abuso sexual por parte de familiares, padres, padrastros, familiares cercanos o extraños. En los casos de abuso sexual intrafamiliar, el ejercicio de poder se extiende con frecuencia a otras personas del núcleo familiar sujetas a las amenazas del agresor probablemente no estarían disponibles para dar el consentimiento para la terminación”.
Por su parte, la directora ejecutiva de Profamilia, Enid Pérez Rodríguez, indicó que en la medida tal y como está presentada “no hay una preocupación genuina por la violencia sexual, esto es un tema que están utilizando para simplemente para empezar a eliminar el aborto, el aborto no se va a eliminar. Si lo dejamos de tener de una manera regulada y segura va a seguir existiendo el aborto de una manera insegura”.
Explicó que, de los datos ofrecidos por el Negociado de la Policía, los cuales son recogidos por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el pasado año se registraron un total de 1,209 casos de violencia sexual dentro de los distintos delitos tipificados dentro del Código Penal y la mayor parte de los ofensores eran personas cercanas, personas conocidas padres y familiares.
El año pasado según Pérez Rodriguez, ellos atendieron cinco casos de 15 años que la pareja no le llevaba más de cuatro años, por lo tanto, no eran casos de violencia sexual, “eso quiere decir que de los 1,209 casos atendimos un cero por ciento, por lo que el problema de identificar los casos de violencia sexual está en todo el país, no en las clínicas de aborto”.
La directora especificó que solamente la clínica de Profamilia está recibiendo a menores de 15 años o menos, por lo que se activa el protocolo que establece el Departamento de Salud y son referidas al Hospital Universitario “ya que en nuestra clínica no se realiza la muestra de tejido fetal y, por lo tanto, no podemos realizar la terminación de embarazo”. Parte de este protocolo, según la también trabajadora social, cuenta con recursos especializados para atender los casos de sospecha de violencia sexual.
“Esto se cumple antes de las regulaciones aprobadas por el Departamento de Salud y desde la aprobación, se adquirió mayor rigurosidad para no dejar de desprovistas a las menores de edad. Es por esa razón que nos oponemos al proyecto, porque entre varios asuntos, no les permite a las jóvenes de menos de 15 años el derecho a decidir sobre sus cuerpos, violentando su autonomía y por ser contrario al estado de derecho vigente en el caso Pueblo v. Duarte”, en la que el Tribunal Supremo reconoce que una menor de edad puede dar su consentimiento informado para una terminación de embarazo sin la presencia de uno de sus progenitores.
En su turno, Cristina Parés Alicea, directora ejecutiva de Proyecto Matria, rechazó la medida puesto que “mas que crear un espacio seguro y de protección para víctimas de violencia sexual, el proyecto crea espacios de incertidumbre que pueden revictimizar a las menores que acudan a las clínicas de aborto”.
De igual modo, añadió que la pieza legislativa “no logra justificar adecuadamente un cambio al estado de derecho actual establecido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y que protege el derecho de las menores a practicarse un aborto sin el consentimiento parental y establece procesos onerosos que ponen en riesgo la vida y la salud de menores que estarían privadas de recibir un servicio que requiere consideraciones de tiempo y recursos y la toma de decisiones médicas puntuales que deberían estar libre de coacción”.
Pares Alicea recomendó la alternativa de un mayor desarrollo de estrategias de prevención, respuesta y apoyo que sean utilizados en los sectores comunitarios, de salud, educación, servicios sociales y judiciales para apoyar y proteger a los menores que pueden ser víctimas de la violencia sexual.
Mientras que Carmen Ugarte, portavoz de Católicos ProVida, no respaldó la medida, ya que “enmarca el aborto dentro de un protocolo normativo, lo cual puede interpretarse como una legitimación indirecta del aborto de menores. Al formalizar un procedimiento de aborto se corre el riesgo de normalizar la práctica que, en la legislación puertorriqueña, no está reconocida como un derecho, sino como excepción condicionada a la preservación de la vida de la madre”.
“Uno de los aspectos mas preocupantes del proyecto es su insuficiencia para garantizar la protección de las menores que han sido víctimas de abuso sexual. En Puerto Rico, la edad de consentimiento sexual es de 16 años, lo que implica que cualquier menor de 15 años embarazada es por definición, una posible víctima de abuso”, añadió Ugarte.
En su turno, el representante Gabriel Rodriguez Aguiló, cuestionó cual era la objeción que se apruebe una ley sobre un reglamento en el caso que está bajo estudio, a lo que las deponentes sostuvieron que el proyecto deja afuera a las menores de 15 años que continúan con el embarazo, que según las estadísticas son mayores a las que se someten a un aborto.
“Por eso entendemos que el proyecto lo que busca es limitar el derecho al aborto que es un derecho que constitucionalmente protegido en Puerto Rico y no hay planteamientos que atiendan a las sobrevivientes de violencia sexual”, señaló la Lcda. Pérez de la Torre.
Al final de la vista, el representante Pérez Cordero puntualizó que “mi deber aquí es dar el espacio para discutir el tema que es uno polarizante de la manera más amplia. Vamos a analizar cada una de las ponencias y las vamos a recoger en el informe a la hora de determinar si la llevamos a votación del pleno”.
Durante esta audiencia pública participaron tanto la vicepresidenta de la Cámara, Yashira Lebrón Rodríguez, como los representantes Lisie Burgos Muñiz, Félix Pacheco Burgos y Denis Márquez Lebrón.
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