Sobre incumplimiento en la asignación de asistentes T1 en Educación Especial
(San Juan, P.R.)–La senadora del Distrito Mayagüez–Aguadilla, Karen Román Rodríguez, presentó la Resolución del Senado 284 para ordenar a la Comisión de Educación realizar una investigación exhaustiva sobre el incumplimiento en la asignación de asistentes T1 en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación.
La medida surge luego de múltiples denuncias de padres y madres que alertaron sobre la falta de este servicio indispensable para estudiantes con diversidad funcional, a pesar de estar contemplado en sus Programas Educativos Individualizados (PEI). Según reseñó la prensa el pasado 26 de agosto, en algunos casos incluso se notificó a familias que sus hijos no podían asistir a clases hasta contar con un asistente T1.
“No podemos permitir que nuestros niños y jóvenes con necesidades especiales vean limitado su derecho a una educación digna y accesible. El rol del asistente T1 es esencial para garantizar la integración, seguridad y aprovechamiento académico de estos estudiantes”, expresó la senadora Román Rodríguez.
La Resolución ordena examinar la cantidad de estudiantes con servicios de T1 aprobados en sus PEI que no lo están recibiendo, investigar los procesos administrativos y presupuestarios relacionados a la contratación de estos recursos, y evaluar las medidas que el Departamento de Educación ha tomado o debe tomar para corregir esta situación.
Además, se faculta a la Comisión de Educación a celebrar vistas públicas o ejecutivas, expedir citaciones y requerir documentos necesarios para esclarecer el incumplimiento. El informe con hallazgos y recomendaciones deberá ser presentado en un plazo de 90 días.
“La educación es un derecho constitucional y nuestro deber como legisladores es velar porque el Estado cumpla con esa obligación. Los estudiantes de Educación Especial y sus familias merecen respeto, apoyo y servicios efectivos, no excusas ni retrasos”, añadió la senadora.
La Resolución 284 entrará en vigor inmediatamente tras su aprobación, marcando un paso firme hacia la defensa de los derechos de la población estudiantil más vulnerable en el sistema de educación pública del país.
