(El Capitolio)- El director estatal de la organización AARP Puerto Rico, José Acarón, estimó en sobre $3 billones anuales el costo por los servicios que brindan los cuidadores informales a sus familiares con fragilidad, si fueran a ser compensados por el gobierno.
En vista pública de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, que preside el representante Ricardo “Chino” Ocasio Ramos, el defensor de los derechos de los adultos mayores, señaló que “a nivel nacional, AARP ha realizado un estimado de la cantidad monetaria que los servicios que brindan los cuidadores informales representan para el gobierno si fuera a brindarse compensación por el apoyo que proveen a sus seres queridos y las cantidades redundan en los billones de dólares”.
“En el caso de Puerto Rico, dada la prevalencia del cuidado informal, el cual es mayor que a través de los Estados Unidos por razones socioeconómicas y culturales, se estima que hay sobre 500 mil personas que apoyan a un ser querido mayor con fragilidad y que aportan a nuestra economía sobre $3 billones anuales”, puntualizó Acarón.
Sus expresiones fueron vertidas al inicio del análisis del Proyecto del Senado 652, que enmienda la “Ley sobre la Política Pública del Cuidado de Puerto Rico”, con el fin de expandir el alcance de esta legislación, en cuanto a las áreas de atención a la población de cuidadores informales en la Isla, los cuales fueron calificados por el deponente como “la espina dorsal del continuo de cuido en Puerto Rico”, ante la realidad que los programas Medicaid y Medicare no proveen fondos para servicios de cuidado de larga duración a los ciudadanos en el territorio.
La ley, aprobada en el 2023 formalizó la política pública con relación al cuidado informal al establecer una “Carta de Derechos del Cuidador Informal” para garantizar sus derechos a la vez que se creó un Registro de Cuidadores Informales en Puerto Rico.
Con esta enmienda, se busca atemperarla a la Ley Federal RAISE Family Caregivers Act (Recognize, Assist, Include, Support and Engage Caregivers, por sus siglas en inglés) del 2017, que reconoce y busca apoyar las necesidades de estas personas que en Puerto Rico representan dos terceras partes de los mayores de 45 años, según una encuesta realizada por AARP en el 2021.
Acarón informó que el perfil de estos cuidadores, según un estudio de la fuerza laboral que publicó recientemente el Society for Human Resource Management de Puerto Rico (SHRM) con la colaboración de la empresa AON “en muchos casos es un empleado o profesional trabajando a tiempo completo o parcial”, el cual hace un balance entre su vida laboral y el apoyo que dan a sus seres queridos.
“Los patronos encuestados en Puerto Rico reportaron que más del 70 por ciento han recibido alguna petición por parte de un empleado o asociado de tiempo libre o de licencia para cuidar a un ser querido, por otro lado, los mismos patronos indican que solo un cuatro por ciento de las empresas cuentan con servicios de apoyo para sus empleados que son cuidadores informales”, especificó el líder cívico.
Con ello se demuestra que “en Puerto Rico existe un serio desfaz entre la demanda de parte de los cuidadores informales que trabajan y los beneficios que reciben a través de sus patronos”, indicó Acarón.
Por ello, respaldó la medida, que busca reconocer la figura del cuidador familiar ante el aparato gubernamental e industria de servicio, a la vez que pone recursos de capacitación a la disposición de los cuidadores, le ofrece una mayor flexibilidad laboral y herramientas para la planificación de sus finanzas y seguridad financiera de estas personas que en ocasiones tienen que dejar de trabajar para atender a su ser querido, lo que afecta su retiro.
Mientras que la Lcda. Nicole Báez Ortiz, directora de asesoramiento legal del Departamento de la Familia, en representación de la secretaria Suzanne Roig Fuertes, informó a preguntas del representante Ocasio Ramos, que hasta el momento se han registrado 100 cuidadores informales, por lo que señaló que la agencia se encuentra capacitando al personal que atiende a las personas que llegan a las oficinas para que se registren y puedan acceder a los servicios para ayudarlos en su tarea.
Báez Ortíz enfatizó, que los beneficios a los que tendrían derecho los cuidadores se amplíen de modo que se unan al registro, ya que el unirse aes voluntario.
A renglón seguido, a preguntas del representante Ángel Fourquet Cordero, la asesora legal, reveló que la redacción del borrador de reglamento que daría paso a la puesta en vigor de la iniciativa está adelantada, a la vez que se comprometió con la Comisión en cinco días dar datos sobre el estatus del documento.
Por su parte, Josué Pérez Román, administrador auxiliar de tratamiento de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), respaldó el proyecto al señalar que, según un estudio realizado en el 2016 a 100 cuidadores participantes de los servicios de la agencia, un 68 por ciento de estos padecían el síndrome de “burnout”.
Pérez Román apuntó que este cuadro incluye síntomas como irritabilidad, tristeza y sentimientos de culpa, así como signos sociales de aislamiento y desinterés por actividades que disfrutaba antes, por lo que brindarles herramientas que les haga “conscientes de la importancia del autocuidado y de la educación para el cuidado y manejo del ser querido promovería bienestar para ambos”.
También recomendó incluir aspectos como la formación en técnicas de cuidado y autocuidado y manejo de estrés, apoyo psicosocial, una red de apoyo, programas preventivos de salud mental y evaluaciones periódicas para facilitar la intervención en situaciones de riesgos, como los que se han producidos en los últimos años.
Mientras, que el subsecretario del Departamento de Salud, Dr. Luis Olmedo Morales, favoreció la iniciativa al explicar que es “fundamental que implementemos políticas públicas sólidas que reconozcan y amplíen los derechos de los cuidadores como parte esencial del sistema de salud”.
Olmedo Morales manifestó, que la medida “responde a una necesidad urgente de visibilizar a los cuidadores informales, reconocer los determinantes sociales que les afectan, atender de manera integral sus necesidades y garantizar la protección de sus derechos de acuerdo con los principios de equidad, dignidad y accesibilidad”.
El subsecretario estableció que es necesario la asignación de una partida presupuestaria de $200 mil para la implementación de los talleres que se le ofrecerían a los cuidadores informales por parte del Recinto de Ciencias Médicas.
Mientras, la Dra. Ivonne Jiménez Velázquez, directora del Programa de Subespecialidad en Geriatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, favoreció la medida a la vez que recomendó crear la figura del “cuidador designado” que permita acceso proporcional a información y participación en decisiones clínicas sin necesidad de tutoría legal formal, en armonía a la ley HIPAA y la reglamentación local.
De otro lado, el Lcdo. William Pellot, abogado senior en la Defensoría de Personas con Impedimentos, apoyó la pieza que “es un esfuerzo loable, ya que atiende la necesidad de encontrar soluciones prácticas y sencillas a los requisitos de cuidado que presentan las personas con impedimentos”.
Durante la vista pública participaron los representantes José “Cheo” Hernández Concepción, Luis “Junior Pérez Ortiz, Wanda Del Valle Correa y Adriana Gutiérrez Colón.
