(El Capitolio)- El presidente de la Comisión de Asuntos Internos, el representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, urgió ayer a los funcionarios de agencias como el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, (DVPR), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y LUMA Energy, a tener compromiso en resolver la situación de falta de servicios esenciales a los residentes de la comunidad Villa del Sol, que por décadas han reclamado que se les haga justicia, ya que están en la disposición de pagar por sus utilidades.
Con la frase “ya está bueno”, el representante Santiago Guzmán, enfatizó en vista pública para evaluar la Resolución Conjunta de la Cámara 186, que es necesario “que todos rememos para ayudar a formalizar a esta comunidad que lo que pide es que le demos las atenciones dignas para que ellos puedan vivir plenamente”.
Durante los trabajos, bajo el palio de esta legislación, se solicitó alternativas a las agencias citadas para dotar a esta comunidad compuesta de alrededor de 176 familias, de la infraestructura necesaria para conectarse a los servicios de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, para completar el proyecto, de modo que según el legislador “no se vuelva a quedar en el aire”.
En primera instancia el alcalde Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez García declaró de forma dramática que “Villas del Sol es mucho más que un sector geográfico de nuestro municipio. Es un símbolo de lucha, esperanza y resiliencia. Durante más de tres décadas, familias trabajadoras han levantado allí sus hogares con sacrificio, enfrentando carencias, inundaciones intentos de desalojos y marginación. Aun así, han sabido resistir con dignidad”.
Márquez García sostuvo que, a pesar de las gestiones realizadas por el municipio, “no podemos solos. Necesitamos que el DVPR, LUMA Energy y la AAA asuman, de manera urgente, su responsabilidad ineludible”.
Para ello recomendó no solo un plan interagencial que establezca fechas, presupuesto y compromisos verificables, sino que a corto plazo se determine una tarifa común para que la comunidad pague por el servicio “porque sabemos que las conversaciones no serán de un día a otro, tenemos que atender las necesidades inmediatas que tienen”.
Y es que según expuso, el director ejecutivo de la Asociación de Comunidades Unidas Tomando Acción Solidaria, Waldemiro Vélez Soto, hay niños que tienen que hacer sus tareas con linternas y madres que hierven agua sin la certeza de salubridad, lo que calificó como “violación a la dignidad humana y a los derechos humanos”.
En iguales términos se expresó Martín Jiménez Hernández, quien representó a la comunidad dominicana que allí reside, al señalar que “entendemos que, sin reconocimiento legal, no hay acceso a fondos, no hay seguridad, no hay futuro para estas propuestas. La titulación de estos terrenos no es un trámite burocrático, es el primer paso a la inclusión”.
Mientras el subsecretario de Vivienda, Lcdo. Omar Figueroa Vázquez, informó a preguntas de los legisladores, que en la actualidad cuentan con fondos CDBG-DR otorgados por la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA), los cuales han sido utilizados con la comunidad para la planificación de identificar, entender y proponer soluciones que puedan afectarles negativamente.
Sin embargo, sostuvo que debido a que los residentes poseen un título de propiedad bajo el modelo cooperativo, la agencia se ve impedida de ayudarles en sufragar los estudios, diseños y permisos para la instalación de la infraestructura.
“Nosotros siempre estamos disponibles a proveer asistencia técnica, a proveer cualquier tipo de ayuda en cuestión de lo que sería vivienda. En este caso, nosotros trabajamos con títulos de propiedad para nuestras comunidades. Villa del Sol no es una comunidad de nosotros, es una cooperativa”, dijo el funcionario.
A cuestionamientos del representante Santiago Guzmán, se comprometió a evaluar “si en algún momento se obligaron fondos para la comunidad, o si se obligó a algún tipo de fondo federal o fondo estatal para ayudar a la comunidad en la infraestructura que tienen ahora mismo”.
Indicó que, si se aprueba una ley especial, tal como se hizo con los residentes de Villa Hugo, en Canóvanas, a quienes se les otorgó títulos de propiedad de los terrenos en los que se ubicaron tras perder sus viviendas en 1989, el DVPR podría evaluar la posibilidad de ofrecerles el mismo tratamiento. Ello, siempre y cuando se asignen los fondos para el proceso.
Por otro lado, y a cuestionamientos del representante Denis Márquez Lebrón, en torno a los deberes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de proveer el servicio a la comunidad, el Lcdo. Edgar Vega, en representación de LUMA Energy, expresó que la empresa se rige por el contrato que suscribieron y las leyes aplicables, por lo que una vez se someta la petición se realizará la evaluación.
“Yo no puedo ver por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y su ley habilitadora, pero según el contrato de LUMA, los reglamentos y la ley que tenemos que seguir, que fue enmendada en el 2024, aunque entendemos el fervor con que nos explica la situación, hay que evaluar según los procesos, esta petición”, planteó el funcionario.
Añadió que “LUMA reitera su posición de colaborar en la evaluación de viabilidad del proyecto discutido, pero para poder realizar los estudios técnicos pertinentes y formular las recomendaciones concretas, resulta indispensable que se nos provea información sobre la carga proyectada, el punto de conexión y las fuentes de financiamiento disponibles, con estos elementos podremos emitir un análisis robusto y proponer un curso de acción que asegure la confiabilidad del servicio y beneficie a la comunidad”.
Por su parte, la AAA, representada por el ingeniero estructural Yaser Abder Kahim, informó que en el 2011 la cooperativa compuesta por los residentes de la comunidad, sometieron una solicitud de evaluación para la conexión al sistema, pero “no se continuaron con los trámites por parte de los proponentes ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para la evaluación y aprobación de planos y subsiguientemente el desarrollo de la infraestructura”.
Ante estas posturas, el legislador Santiago Guzmán manifestó que, por su parte, está en disposición de aportar de los fondos que le son asignados y hacer gestiones para que los senadores de la zona realicen una aportación, para realizar este proyecto a la vez que aseguró que “voy a insistir, voy a tocar puertas con todo el respeto que me caracteriza para resolver una necesidad tan grande como esta”.
Al finalizar la jornada, el legislador requirió que “una vez se identifiquen las fuentes correspondientes y si hay que tocar base con La Fortaleza, con alguien que tenga a bien autorizar por parte de alguna agencia, para que este proyecto se culmine en mi carácter personal yo se los voy a agradecer”.
Leave a Reply