
(El Capitolio) – Integrar la energía nuclear a la red de Puerto Rico aportaría a una base baja en carbono que reduciría la dependencia de fuentes importadas, estabilizaría los costos de electricidad y fortalecería la resiliencia frente a eventos naturales, aseguraron ingenieros especialistas en la materia durante el inicio de vistas públicas para estudiar la viabilidad de esta alternativa de generación.
Los expertos, que pertenecen a la organización sin fines de lucro Proyecto Alternativa Nuclear (NAP, en inglés), afirmaron este miércoles a la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes que el sistema energético necesita una diversidad de fuentes -que abarque la nuclear- para lograr que sea más confiable.
La sostenibilidad y conveniencia de establecer reactores modulares pequeños (SMR, en inglés) y microrreactores para producir este tipo de energía en la Isla se investiga a través de la Resolución de la Cámara 400, impulsada por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló.
“Todos los indicadores muestran que reactores modulares son viables en el contexto de Puerto Rico”, indicó el ingeniero Jesús Núñez, presidente y fundador de NAP. “Nuestra recomendación es incluir la energía nuclear en la ley de política pública (energética)”, precisó.
El deponente destacó que existe desinformación en la población sobre el desarrollo de la energía nuclear, pues las tecnologías modernas “difieren grandemente” de los reactores convencionales construidos en las décadas de 1970 y 1980.
Núñez insistió que la energía nuclear es una de las fuentes de generación más seguras en comparación con otros suministros, aunque dijo que no existe una garantía total de que no ocurran accidentes ni otros factores de riesgo.
“No es una planta gigantesca que la vamos a ver desde cualquier punto de Puerto Rico. Son plantas pequeñas, que van a ocupar espacios pequeños determinados, aprobados y seguros para poder generar esa energía”, señaló Rodríguez Aguiló, mientras acentuó que la intención legislativa es, únicamente, evaluar cuán factible sería la energía nuclear en la Isla y recibir el análisis de peritos.
El legislador reconoció que la política pública energética prohíbe sistemas nucleares en Puerto Rico al decretar una meta de 100 % energía renovable para el 2050. Enmendar la reforma energética promulgada en la Ley 17-2019 ha sido objetado por varios sectores y figuras políticas, como la gobernadora Jenniffer González Colón.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico que atiende la pieza legislativa en discusión, Joel Franqui Atiles, defendió la propuesta como una opción necesaria auscultar para procurar la eficiencia energética. “Debemos de escuchar a los expertos. Esto es para el futuro de Puerto Rico y de todos nosotros que nos quejamos de que queremos bajar los costos, que queremos un sistema energético más estable”, comentó.
A su vez, Núñez de NAP enfatizó que los países con mayor diversidad de fuentes tienen un mejor índice de estabilidad energética y precios más fijos a largo plazo. Si Puerto Rico quiere competir con países industrializados, opinó el ingeniero, se deben considerar los modelos que han implementado territorios como Eslovenia, Finlandia y Reino Unido, que añadieron sistemas nucleares a sus carteras energéticas.
Levantan preocupaciones
La representante Adriana Gutiérrez Colón manifestó inquietudes relacionadas al manejo de los desechos nucleares y el uso del recurso de agua, que describió como “limitado” ante los problemas de abasto y las sequías que experimenta Puerto Rico.
La legisladora también pronunció que esta alternativa de generación se distancia de la transición hacia la energía renovable, al tiempo que levantó bandera con las comparaciones realizadas con países de mayor expansión territorial que ya han construido centrales nucleares.
“Insisto que el futuro energético de la Isla debe basarse en fuentes renovables, descentralizadas, democratizadas y sostenibles. Me parece que esa es la conversación urgente que tenemos que tener como país”, comunicó.
Según explicó Núñez, el transporte de residuos de baja y alta radiación es una práctica segura establecida en Estados Unidos durante décadas por la Comisión Reguladora Nuclear (NRC, en inglés).
Este ingeniero también detalló que las centrales nucleares estadounidenses han almacenado el combustible usado de alta radioactividad en contenedores de acero y hormigón, cuyas tecnologías han resistido fenómenos naturales extremos como el huracán Andrew en 1992 y el terremoto de Virginia en 2011.
En cuanto a los recursos de agua, el portavoz de NAP sostuvo que algunos reactores avanzados utilizan un gas inerte para la refrigeración, lo que resulta en un “ahorro significativo” de agua y en costos de infraestructura.
La directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Zapata, favoreció en un memorial explicativo el análisis sobre la integración de la energía nuclear en Puerto Rico, pero puntualizó que estabilizar el sistema energético con los recursos disponibles es la prioridad de la corporación pública.
La ingeniera distinguió que los SMR y microrreactores representan una posible opción estratégica para la modernización del sistema energético.
Aunque reconoció que los SMR son una propuesta innovadora, el consorcio LUMA Energy también detalló en una ponencia escrita que “es poco probable que contribuyan significativamente a los objetivos de descarbonización o seguridad energética a corto plazo”.
Por su parte, la Asociación de Industriales se expresó en contra de la energía nuclear al señalarla como una opción costosa e inviable en el presente.
El representante Ángel Morey Noble también compareció a esta audiencia pública.
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