(El Capitolio)- En la sesión ordinaria, la Cámara de Representantes le dio el visto bueno al Proyecto de la Cámara 808, de la autoría del representante Jorge Navarro Suárez, para regular el uso de dispositivos electrónicos personales por parte de los estudiantes en las instituciones educativas públicas de Puerto Rico hasta octavo grado. La pieza, que recibió 35 votos a favor, establece además las excepciones a dicha limitación.
La regulación del uso de este equipo será durante el horario escolar, incluyendo los recesos y cualquier actividad organizada por la institución, excepto cuando el artefacto sea utilizado con fines educativos bajo la supervisión directa de un maestro o personal autorizado y en situaciones de emergencia.
Durante su turno a favor de la medida, el representante Navarro Suárez enfatizó en la necesidad de regular el uso de dispositivos electrónicos, ya que causan interrupciones en la labor docente y en las horas de receso no permite la interacción entre los estudiantes en actividades que permitan la socialización entre pares.
Navarro Suárez aseguró que a pesar de que la propuesta recibió en la pasada sesión un veto de bolsillo por parte de la gobernadora, Jenniffer González Colón, en conversaciones con la Mandataria, accedió a presentar la medida nuevamente, pero esta vez para que la regulación llegue hasta octavo grado.
“Ella tenía una inquietud y entendía que debía ser hasta octavo, ya que los estudiantes de 10, 11 y 12 están a punto de salir de la escuela superior y necesitan más la utilización del artefacto telefónico, celulares y wi-fi, en el horario escolar, para adelantar diferentes circunstancias académicas, buscar alternativas de estudios, entre otras cosas.
El legislador Navarro Suárez recalcó “lo importante que es la regulación del celular, que no se trata de prohibirlo, es usarlo en asuntos académicos siempre y cuando el profesor ha sido dictamine”.
De otra parte, se dio paso al Proyecto de la Cámara 603 del representante Christian Muriel Sánchez, para enmendar la “Ley para la Protección, Seguridad, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con los Trastornos del Espectro Autista” con el propósito de establecer obligaciones profesionales que aseguren los servicios a las personas con esta condición y promocionar activamente el uso voluntario de identificación para personas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA).
El representante Muriel Sánchez señaló que esta legislación “fortalece la Ley para la Protección y el Bienestar de Personas con Trastornos de Aspecto Autista; un grupo de ciudadanos que merece nuestra máxima atención y compromiso”.
“Esta medida no solo busca garantizar que los profesionales que atienden a esta población estén debidamente capacitados, sino que también promueve la implementación de protocolos estandarizados de atención, la utilización voluntaria de identificaciones como pulseras, parches o tarjetas emitidas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que faciliten su reconocimiento en situaciones de emergencia y que sobre todo el desarrollo de estrategias de intervención seguras y no violentas”, dijo Muriel Sánchez.
De igual modo, trajo a la atención casos recientes, tales como el asesinato de un joven puertorriqueño con autismo durante una intervención policiaca en Idaho, así como el extravío de una persona de 18 años en Bayamón, que fue hallado al siguiente día en San Juan los cuales “nos han recordado la urgente necesidad de contar con herramientas efectivas que protejan a estas personas y eviten tragedias que podrían prevenirse con una respuesta adecuada”.
Es meritorio mencionar que se establecen mecanismos claros de responsabilidad para las agencias gubernamentales, para que “en caso de negligencia institucional sea debidamente referido y atendido, evitando así la repetición de situaciones que ponen en riesgo la integridad de quienes más vulnerables se encuentran”, puntualizó el autor de la medida.
“Esto refuerza la idea de que el compromiso del Estado con la protección de derechos de las personas con autismo no es opcional, sino obligatorio y vinculante”, recalcó el representante Muriel Sánchez.
Avalan medidas para atender necesidades de adultos mayores
Como parte de los trabajos legislativos en la sesión, ratificaron un paquete de proyectos con el fin de dar pasos afirmativos en la política pública de Puerto Rico a favor de los adultos mayores, asegurando un acceso a derechos y servicios de forma ágil, pero sensible.
Entre las piezas aprobadas se incluyó el Proyecto del Senado 652, que enmienda la “Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal de Puerto Rico” del 2023, para expandir su alcance en cuanto a las áreas de atención de la población de cuidadores informales en la Isla y para atemperarla a las disposiciones federales del “Recognize, Assist, Include, Support, & Engage (RAISE) Family Caregivers Act” del 2017.
Con esta legislación se reconoce la importancia de la labor que realiza el cuidador informal como una parte crucial dentro del cuidado prolongado de los adultos mayores, así como un grupo de interés dentro del sistema de salud.
“El reconocimiento del cuidado informal implica el análisis y evaluación continua de esta práctica considerando todos los factores que, incluyen, pero no se limitan a los estresores y el desgaste físico y emocional que implica su ejercicio, los cuales pudieran tener efectos nocivos sobre la salud de estos”, reza la exposición de motivos de la pieza.
Se dispone, además, “la importancia de promover políticas públicas mediante las cuales no solo se promueva el cuidado informal, sino que también haya protecciones al ejercicio de la práctica en donde exista un balance entre las necesidades, bienestar y calidad vida de los cuidadores informales y el mejor bienestar de la población a la cual le sirven”.
Esta ley busca establecer una “Carta de Derechos del Cuidador Informal” que garantice acceso a servicios de respiro, adiestramiento y reconocimiento en los procesos de salud. De igual forma, crea nuevos artículos sobre el cuidado prolongado y la participación de cuidadores formales alineados con los objetivos federales de la Ley RAISE.
A su vez, fue refrendado el Proyecto del Senado 648, que crea la “Ley para establecer la política pública de capacitación para profesionales de la salud en asuntos de envejecimiento y para la práctica profesional de la geriatría y gerontología en Puerto Rico”. Con el fin de promover la creación y expansión de programas académicos en estas disciplinas e incentivar la educación continua sobre el tema entre los profesionales de la salud.
El Proyecto del Senado 650 recibió el beneplácito para enmendar la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores” a los fines de establecer que, en la concesión de órdenes de protección al amparo de esta ley, los jueces municipales del Tribunal de Primera Instancia están facultados para ordenar el nombramiento de un tutor temporal conforme al Código Civil. Esto cuando se determine que la condición de salud, social o económica del adulto mayor pone en riesgo su seguridad o bienestar personal.
Otras piezas legislativas que obtuvieron el respaldo del cuerpo
A la lista de aprobaciones se unió el Proyecto de la Cámara 625, de la representante Tatiana Pérez Ramírez, para establecer la “Ley de Oportunidad Educativa para Subsanar los Efectos Académicos Causados por la Pandemia del Covid-19 en Estudiantes Universitarios” con el propósito de permitir la reincorporación a la Universidad de Puerto Rico de aquellos estudiantes cuyos estudios fueron interrumpidos como consecuencia de la pandemia ocurrida entre los años 2020 y 2023. La pieza establece los criterios de elegibilidad y procedimiento de reintegración.
A renglón seguido, concurrieron con las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 366 que modifica la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de añadir el béisbol como deporte esencial, así como los principios básicos del mismo, en los currículos escolares de Educación Física.
Asimismo, fue refrendada la Resolución Conjunta de la Cámara 202, del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz para reasignar a la Oficina de Obras Públicas del Municipio de Bayamón la cantidad de $107,000 para la ejecución de obras y mejoras permanentes en el Cementerio Municipal de Lomas Verdes.
l La Resolución de la Cámara 222, del representante Wilson Román López, también fue avalada para ordenar a la Comisión de la Región Oeste a realizar un estudio sobre el estatus de un proyecto que lleva a cabo la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para la construcción de un conector desde la calle Burn hacia la carretera PR-110 en el municipio de Aguadilla; y la Resolución de la Cámara 378, del representante Ángel Morey Noble, para realizar una investigación en torno a la viabilidad de la construcción de un muro de protección acústica en la colindancia entre el Condominio Portales de Alhelí y la carretera PR-177 en Guaynabo.
Otras de las piezas legislativas con el visto bueno fueron la Resolución de la Cámara 412, de la autoría del representante José Aponte Hernández, la cual ordena a la Comisión de Banca, Seguros y Comercio a realizar una investigación sobre todo el proceso utilizado por las aseguradoras de automóviles para tramitar y resolver reclamaciones, a fin de evaluar su efectividad y recomendar las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse; y la Resolución de la Cámara 471, del representante Jerry Nieves Rosario, para indagar las causas que provocan interrupciones en el servicio de agua potable en las comunidades de los municipios de Arecibo, Barceloneta, Florida y Manatí fue favorecido a viva voz.
En aras de consolidar en la Ley Orgánica del Programa de Desarrollo de la Juventud, aquellos deberes y funciones, que le fueran otorgados mediante diversas leyes adicionales que benefician a la juventud puertorriqueña, aprobaron el Proyecto del Senado 337.
Así ocurrió con el Proyecto del Senado 517, para enmendar la “Ley Orgánica del Departamento de la Familia” a los fines de disponer para la creación y actualización de un catálogo digital de los programas y beneficios disponibles para la población desventajada, que incluye también los servicios ofrecidos tanto en las agencias gubernamentales como las entidades privadas sin fines de lucro y los municipios.
Durante los trabajos fue dejado para un turno posterior el Proyecto de la Cámara 361, del representante Joe “Joito” Colón Rodríguez, que busca enmendar la “Ley de la Junta Examinadora de Candidatos al Ejercicio de la Agronomía, Agrónomos y del Colegio de Agrónomos”, determinando así que todo candidato que posea un bachillerato en artes en Agricultura Sustentable, conferida por una institución acreditada por la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP), tendrá derecho a una licencia para ejercer esta profesión.
La Cámara de Representantes recesó sus labores legislativas de la sesión ordinaria hasta el lunes, 20 de octubre, a las 1:00 p.m.
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