Durante la vista pública se atendió la resolución conjunta que pretende remover el servicio de protección a Wanda Vázquez Garced
(El Capitolio ) – El Departamento de Justicia apoyó ayer, jueves, la revocación del servicio de escoltas a exfuncionarios convictos como una medida cónsona con el interés público, pero rechazó cancelar la protección de manera puntual a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced durante la discusión en la Cámara de Representantes sobre la validez de este beneficio.
De esta manera, la agencia favoreció la aprobación del Proyecto del Senado 752, que persigue la pérdida de escoltas a todos los exgobernadores, mientras que se opuso a la Resolución Conjunta de la Cámara 188, la cual ordena al superintendente de la Policía a eliminar la seguridad, específicamente, a Vázquez Garced.
Ambas medidas fueron atendidas en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, que preside Félix Pacheco Burgos.
“Ordenar directamente la cancelación de escoltas en un caso individual y sin marco procedimental alguno constituye una actuación incompatible con las garantías constitucionales que rigen la función pública y los derechos de propiedad reconocidos por el Tribunal Supremo”, opinó Justicia en una ponencia escrita firmada por la secretaria Lourdes Gómez.
La titular aseguró que el proyecto senatorial es el vehículo adecuado para garantizar el debido proceso de ley mientras que la resolución conjunta, de la autoría del representante Ramón Torres Cruz, supone un “castigo legislativo” incompatible con la separación de poderes.
“Esa vía (P.S. 752) asegura que la intervención estatal sea racional, que respete las garantías mínimas procesales, y que la política pública se aplique de forma justa”, abundó.
El inspector Alfredo Zayas, director de la Oficina de Seguridad y Protección de la Policía, reconoció que no existen elementos de peligrosidad que justifiquen mantener el servicio de escoltas a Vázquez Garced, quien hizo una admisión de culpabilidad por violaciones a la Ley Federal de Campañas Electorales.
Pese a esta declaración, el superintendente de la Policía, Joseph González, determinó no remover la seguridad a Vázquez Garced luego de que un análisis de su equipo legal concluyera que las escoltas de los exgobernadores es un derecho adquirido y la normativa actual no contempla la pérdida de este beneficio por una convicción criminal.
El jefe policiaco reiteró en un memorial explicativo que no posee la discreción para conceder, limitar o retirar este servicio. De igual forma, puntualizó que para la eliminación de este beneficio deberá proceder nueva legislación.
“Han pasado 50 días desde que la exgobernadora se declaró culpable por corrupción, y hoy día continúa con chófer, gasolina, peaje, mantenimiento, guaguas pagadas por el pueblo de Puerto Rico”, argumentó el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago.
“La Policía de Puerto Rico, bajo el asesoramiento legal equivocado y erróneo, le continúa brindando un servicio de escoltas que no le pertenece”, añadió el legislador.
Según el inspector Zayas, la exmandataria tiene asignada cinco escoltas de un total de 39 agentes de la Oficina de Seguridad y Protección que brindan este servicio a funcionarios y exgobernadores. Informó que, además de Vázquez Garced, los exgobernadores Luis Fortuño, Alejandro García Padilla y Pedro Pierluisi son los únicos que cuentan con escoltas.
En la audiencia pública también surgieron cuestionamientos sobre la aplicabilidad del término de “exgobernadora” a Vázquez Garced, cuyo mandato ocurrió por orden de sucesión tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares en el 2019.
El representante Torres Cruz debatió si Vázquez Garced cumple con la definición de “exgobernador” dispuesta en la Ley 2-1965, que considera a cualquier persona que haya ocupado el puesto de gobernador por elección popular, que no haya sido destituido, y que haya ejercido el cargo durante un término no menor de cuatro años.
Ante este planteamiento, la licenciada Ketsy García, asesora de Justicia, indicó que el título de “exgobernadora” a Vázquez Garced no está en controversia para la agencia. “Entendemos que, como parte de las medidas evaluadas, no existía controversia sobre estas definiciones. En todo caso, correspondería a la Policía entrar en esos asuntos que son más especializados”, dijo la abogada.
Por su parte, el representante Pacheco Burgos y presidente de la comisión que atiende ambas medidas legislativas requirió a la Policía la entrega en cinco días laborables de diversas peticiones de información, incluyendo el informe del análisis legal que recomendó mantener las escoltas de Vázquez Garced y la lista de funcionarios del Ejecutivo que han solicitado escoltas personales desde el 2 de enero del 2025 hasta el presente.
Pacheco Burgos también informó que requirió los comentarios de casi una decena de exgobernadores como parte de la evaluación que continuará la Comisión de Seguridad Pública.
“Quiero dejar meridianamente claro que para los fines que se le fueron hechas las invitaciones es para promover la participación y el intercambio de perspectivas en torno al tema de la seguridad pública que se aborda en el día de hoy”, expresó el legislador.
En la vista pública participaron los representantes Luis Pérez Ortiz, José Pérez Cordero, José Aponte Hernández, Lilibeth Rosas Vargas, Lisie Burgos Muñiz, Pedro Santiago Guzmán y Christian Muriel Sánchez.
Leave a Reply