(El Capitolio)- En el segundo día de vista públicas, la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la Revisión del Sistema Electoral de Puerto Rico participó tanto el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Jorge Rivera Rueda, como la presidenta del Colegio de Abogados, Lcda. Vivian
Godineaux Villaronga y los excomisionados de los partidos electorales que participaron
en anteriores comicios.
Los deponentes presentaron sus recomendaciones en torno al Proyecto del Senado 717, que introduce enmiendas al Código Electoral del 2020 para lograr más eficiencia y confiabilidad en el sistema electoral, ampliar la participación electoral y establecer las reglas para el cierre del registro electoral. Rivera Rueda presentó durante su turno, varias sugerencias con el propósito de “mejorar la implementación práctica de la ley, asegurar la viabilidad operativa de sus disposiciones y reforzar la certeza de los procesos electorales”.
En torno al artículo sobre la petición de voto adelantado para personas de 55 años o más, el presidente de la CEE, luego de favorecerla sugirió que “el texto final de la enmienda aclare expresamente la ubicación y naturaleza de estos centros de votación.
Asimismo, recomendamos que se establezca que los centros para el voto adelantado no sean los mismos que las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), esto, por razones de espacio, flujo de trabajo y logística electoral”.
“La Comisión sugiere que el proyecto disponga que dichos centros puedan establecerse en coordinación con el Gobierno Central o los gobiernos municipales, en instalaciones libre de costo que cumplan con los requisitos mínimos de accesibilidad, estacionamiento y seguridad”, lo que permite que cada precinto cuente con un lugar adecuado para realizar este ejercicio, según planteó Rivera Rueda.
También propuso, “que el término del inicio de funciones de las juntas de balance electoral en la Junta Administrativa De Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA), sea de 90 días previos a la elección general. Dicho término es cónsono con el inicio del término para solicitar el voto adelantado o ausente”.
Rivera Rueda reiteró a preguntas del representante Gabriel Rodríguez Aguiló que el periodo de 50 días antes de los comicios para cerrar los registros electorales es necesario, de modo que se puedan realizar los preparativos para la celebración de las elecciones.
“La importancia del cierre del registro electoral es medular, ante todos los trabajos que comienzan una vez se da este proceso; son labores dirigidas y conducentes a la preparación del evento electoral, es por eso que es bien importante que se establezca una fecha cierta. De la manera que está en el proyecto se está estableciendo por ley, actualmente la disposición fue por un desacuerdo y se aprobó una resolución
presentada por el pasado presidente”, puntualizó el deponente.
En cuanto al tema de las máquinas de escrutinio, Rivera Rueda informó que “estamos en la etapa final de lo que es la solicitud de propuesta, que se ha logrado en reuniones que hemos tenido semanalmente y hasta dos veces en semana. Luego de ello saldremos al mercado y adquirir unas nuevas máquinas”.
El ejecutivo añadió que el presupuesto para la adquisición de este equipo está en conversaciones con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y a la espera de una reunión con la Junta de Supervisión Electoral “para tener el compromiso de ellos para que nos puedan asistir y asegurarnos que vamos a tener los fondos necesarios”.
De igual manera, planteó que estas acciones deben ocurrir para el primer semestre del 2026 ya que “no se puede pensar que en efecto tenemos hasta cerca del año electoral para adquirir estas máquinas, ya que hay realizar la subasta, que se entregue el equipo y correr las pruebas”, procesos que deben ocurrir con anterioridad a las elecciones del 2028.Por otro lado, la excomisionada del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo Cruz, favoreció en su carácter personal la pieza- presentada por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz- puesto que busca “fortalecer la estructura administrativa de la CEE, dotando a sus unidades internas de facultades más claras y ofreciendo mecanismos para mejorar la toma de decisiones y la continuidad institucional”.
Santo Domingo Cruz recomendó a los legisladores lenguaje que disponga que la adquisición de equipos tecnológicos o sistemas de información electorales que excedan los parámetros dispuestos por los reglamentos o incidan directamente en el proceso de votación, escrutinio o manejo de papeletas la adjudicación recomendada por la Junta de Subastas o por la Junta de Asesores de la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) debe ser presentada al Pleno de la Comisión para su aprobación final.
Mientras que el Licenciado Nelson Rosario Rodríguez, excomisionado por el Proyecto Dignidad (PD), sugirió que se designe un grupo de estudio “multipartidista y multisectorial” para establecer las reglas de juego para las elecciones del 2032, el que todas las corrientes políticas y sociales estén representadas.
Por su parte, la Licenciada Karla M. Angleró González, excomisionada del Partido Popular Democrático (PPD), quien enfatizó en la necesidad de que el presidente de la CEE sea el comisionado electoral del partido de mayoría, cuyo candidato a gobernador hubiere obtenido en la anterior elección general la mayor cantidad de votos y no como se determina en la actualidad, que se determina a base de la colectividad con la cantidad mayor de votos íntegros.
En su turno, Olvin Valentín Rivera, excomisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), reiteró la posición de los deponentes de la primera vista pública, quienes solicitaron que el proceso de reforma electoral se inicie con “un ejercicio de consenso amplio previo a la presentación del proyecto”.
En iguales términos se expresó la presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico
Licenciada Vivian Godineux Villaronga.
“El Colegio coincide con la expresión de la Exposición de Motivos del P. del S. 717 donde indica la importancia de la protección, fortalecimiento y modernización de los`procesos electorales, a la vez que se resguarde la confiabilidad, la naturaleza participativa y la transparencia de estos. Consideramos que, para lograr tan importantes objetivos, el consenso tiene que ser la columna sobre la cual se sostenga
tal propósito”, declaró la abogada.
“Si bien en este caso con relación al proyecto se ha abierto un proceso de vistas
públicas que pudo haber sido más participativo, ciertamente está ausente, una vez
más, la búsqueda de consensos entre los partidos políticos al presente certificados por
la Comisión Estatal de Elecciones”, afirmó.
El proceso de vistas públicas continuará el próximo lunes, 15 de diciembre con la participación de los actuales comisionados de los partidos políticos junto al Departamento de Justicia.
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