(El Capitolio) – El Colegio de Productores de Espectáculos, (COPEP), representado por el Lcdo. Roberto Sueiro Del Valle, favoreció dos medidas que buscan regular el proceso de devolución de los cargos incurridos luego de la cancelación de un espectáculo públicos, así como para prohibir el cobro del promoter fee a los consumidores.
En la vista pública de la Comisión de Asuntos del Consumidor, que preside el representante Edgar Robles Rivera, se atendió el Proyecto de la Cámara 1031- de los representantes Jorge Navarro Suárez y Robles Rivera- para crear la “Ley de Transparencia en la Venta de Boletos de Espectáculos Públicos, así como para enmendar la “Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra” del 2016, en las que se prohibirá el cobro separado de cargos conocidos como el promoter fee.
También fue evaluado el Proyecto de la Cámara 429, de la representante Lourdes Ramos Rivera, que dispone la devolución al consumidor de la totalidad de los cargos incluyendo los cargos por servicios en la venta de boletos, el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), y el resto de los cargos, cuando se suspende el espectáculo por parte del promotor o artista.
Sueiro Del Valle indicó que “mi ruego es que declaren todos estos cargos ilegales, lo primero que hay que regular en este país es acabar con el monopolio de Ticketera, ¿por qué?; nosotros no tenemos nada en contra de ellos…pero esta eliminación abre el mercado a la competencia y al así hacerlo van a venir otras expendedoras de boletos que van a estar ofreciendo el mismo servicio más barato”.
“Mientras exista el monopolio Ticketera va a hacer lo que le dé la gana con los precios”, expresó el también presidente de COPEP.
“Esto hay que pararlo ahora, por eso aplaudo la iniciativa de esta Comisión porque mañana podría imponerse otros cargos”, entre los que mencionó el web fee, y el order fee, que actualmente están incluidos en la venta del boleto.
“Todo va a tener un cargo y cada uno tratará de elucubrar una justificación y puede que tengan una, pero todo esto son inventos para meterse chavos al bolsillo”, apuntó el deponente.
A preguntas de la representante Lisie Burgos Muñiz, en torno a los alegados efectos negativos por la prohibición del promoter fee, el abogado de espectáculos aseguró que no se afectará “en absoluto, porque lo que van a tener que hacer es negociar con el artista cualquier costo o remuneración adicional; ellos se la van a buscar de qué manera sacar dinero de una forma u otra, pero el cerco se les está cerrando y ya saben que no van a poder inventar porque los van a estar velando”.
Sueiro Del Valle, explicó que tarifas como el producer fee viene a consecuencia de que el artista es el que está atrayendo al consumidor al evento, pero el productor se está quedando con el producto del cargo y no lo está compartiendo con el artista, “eso es un problema que va a explotar ya mismo, se supone que todo lo que se genere de un espectáculo público vaya al pote y que el artista participe con él y eso no está sucediendo”.
Planteó, además, que los locales administrados por la Administración del Distrito de Convenciones “están cobrando cuatro veces, ya que recibe el presupuesto que le aprueba la Asamblea Legislativa, le cobran el arrendamiento al productor, luego el facility fee, más el service fee de la compañía expendedora de boletos para estos quedarse con el contrato de exclusividad”, en la venta de boletos.
En torno al proyecto que impone la devolución de los cargos cuando se cancela un espectáculo, el deponente sostuvo que el “COPEP siempre ha estado de acuerdo con que ante una cancelación de un evento se le devuelva la totalidad de lo pagado al consumidor”.
No obstante, recomendó que se “tiene que prohibir los contratos de exclusividad entre las facilidades y una compañía de venta de boletos”, ya que en la actualidad con esta práctica le quita de las manos al promotor la negociación en la venta de boletos del espectáculo que está produciendo.
Asimismo, mencionó a preguntas de la representante Ramos Rivera, que en la práctica cuando se produce una cancelación se le devuelve al consumidor el costo del boleto y el IVU que pagó, no así por los otros cargos por servicio, mientras que, al radicar las planillas sobre este impuesto, solicitan un crédito y se quedan con el mismo.
“No se sabe dónde está ese dinero”, denunció Sueiro Del Valle.
“Eso podría constituir un robo a mano armada al Departamento de Hacienda y una violación de ley de parte de todo el que cobre el IVU y no lo devuelva después de una cancelación”, declaró la legisladora.
Mientras, que los productores Rolando Santa Báez y Josantonio Mellado González, también apoyaron ambas medidas al afirmar que “el consumidor no debe asumir pérdidas económicas, ni financiar errores, incumplimientos o situaciones ajenas a su voluntad”.
En específico, Santa Báez argumentó que la imposición del promoter fee es “un engaño al consumidor, ya que no responde a un servicio real recibido, no representa un valor añadido, carecen de transparencia y distorsiona el precio final del boleto”.
“Trasladar esos costos al público no es mercado libre, es un abuso normalizado”, expresó Santa Báez.
En tanto, el productor Mellado González sostuvo que el propósito de la medida para eliminar el cargo de promotor “es proteger al consumidor y promover mayor transparencia en la venta de boletos para espectáculos públicos”.
Sobre el proyecto para la devolución de los cargos, en caso de cancelación, el deponente-quien a su vez es operador de la plataforma Buy A Tix, Corp. -recomendó que se permita una retención “razonable” debido a los gastos que se incurren en ofrecer el servicio de venta de boletos.
Por otro lado, el Departamento de Hacienda, representado por el Lcdo. José Chavez Ortíz, secretario auxiliar de Asuntos Legales, opinó que podría existir una laguna jurídica que debe atenderse cuando se cancela una actividad y solo se devuelve el costo del boleto y el impuesto correspondiente.
“A juicio de algunas expendedoras o de promotores, entienden que parte de estos cobros separados y accesorios, no se tienen que devolver y el IVU persigue a la cosa; si entienden que no es correcto restituir estos cargos, entonces no tengo que devolver el IVU tampoco”, dijo Chavez Ortiz.
A preguntas del representante Robles Rivera, presidente de esta comisión de la Cámara, el funcionario expresó “me parece que hay un vacío, una laguna jurídica que ustedes están intentando atender con estas medidas y si lo hay y lo desconozco, en estos momentos no estamos asesorando a la Asamblea Legislativa sobre la deseabilidad y si es correcto o no” legislar sobre el mismo.
Afirmó que siempre que se devuelve el importe de un boleto, se debe devolver el impuesto cobrado por el servicio.
Por su parte, el Lcdo. Reymerick Aponte López, en representación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), tuvo que admitir que el reglamento para cumplir con la Ley de Transparencia en el Recibo de Compra del 2016 aún está bajo estudio.
“Entendemos razonable que antes de expresarnos definitivamente sobre la medida legislativa, nos permita concluir nuestro proceso de análisis profundo sobre los distintos factores que podrían afectar la transparencia requerida”, dijo Aponte López.
Igualmente, el Lcdo. Gabriel Sicardó Ocasio, del DACO sostuvo que aún continúa bajo escrutinio la orden ejecutiva que prohíbe la inclusión del promoter fee, el cual fue detenido hasta el 30 de junio del presente año.
Mientras que las compañías expendedoras de boletos, representadas por la Asociación de Productores y Profesionales del Entretenimiento de Puerto Rico, sometieron un memorial escrito reconociendo la intención legítima de proteger al consumidor y advirtiendo que las soluciones planteadas “podrán generar efectos contraproducentes sobre una industria que atraviesa una etapa de crecimiento sostenido”.
La autora del Proyecto de la Cámara 429, la representante Ramos Rivera recomendó a los consumidores a exigir a las compañías expendedoras de boletos la devolución del IVU que se le cobra por los cargos accesorios, tal y como se hace en el resto de los comercios.
A esta vista pública comparecieron además los representantes Sergio Estévez, Estrella Martínez y Adriana Gutiérrez Colón.
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