(El Capitolio ) – Cada municipio podría verse obligado a establecer un Enlace Municipal de Asuntos de la Mujer y Víctimas de Violencia Doméstica, si se aprueba el Proyecto de la Cámara 1015, evaluado hoy por la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el representante Luis “Junior” Pérez, que busca enmendar el Código Municipal de Puerto Rico para garantizar atención directa a las personas afectadas.
La Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñero Vázquez, apoyó esta iniciativa de Administración, que, según la exposición de motivos de la medida, llena el vacío dejado dentro del marco legal municipal cuando no se incluyó en el nuevo código municipal del 2020, la obligación de establecer oficinas municipales de asuntos de las mujeres.
“En atención a esta comisión, se restablece este punto de contacto institucional a nivel municipal que facilita la coordinación de servicios, la orientación y el acompañamiento de las víctimas, conforme a los fines del Código Municipal y la realidad fiscal de los municipios”, indicó Piñero Vázquez.
La procuradora calificó de “razonable y necesaria” la propuesta, ya que esta designación no conlleva erogación de fondos adicionales del presupuesto municipal debido a que “se limita a requerir la designación de un funcionario municipal como Enlace Municipal de Asuntos de la Mujer y Víctimas de Violencia Doméstica, lo cual permite flexibilidad administrativa a cada municipio para integrar dicha función conforme a su realidad operacional, sin menoscabar el objetivo de política pública que se persigue”.
Enfatizó que esta medida reviste particular importancia para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) porque sirve de mecanismo de coordinación entre los municipios, otras agencias concernidas, y su institución, la cual tiene el deber ministerial de fiscalizar la implantación de la política pública dirigida a garantizar el derecho de las mujeres.
Piñero Vázquez afirmó, que “los municipios de por sí son ese primer lugar donde toda la ciudadanía va con cualquier tipo de problema que le aqueje. Así que yo sé que ellos no son ajenos a este tipo de situaciones, pero la diferencia ahora es que va a haber un enlace oficial al que nosotros podemos acceder y darle los adiestramientos necesarios para que pueda responder conforme al derecho actual y a la empatía que se requiere en el proceso”.
A preguntas del representante Pérez Ortiz, la procuradora puntualizó que “no necesariamente el municipio tiene que ser el que le brinda todos los servicios. Tal como dice la medida, es un enlace y nosotros le vamos a brindar las herramientas para que conozca cómo nos puede hacer el referido, ya sea para los distintos tipos de servicios que requiera la persona, como intercesoría legal, servicios legales, psicológicos o cualquier otra organización también sin fines de lucro que quede cerca del municipio a que le puedan referir también los casos”.
Durante el interrogatorio, la procuradora informó que según datos ofrecidos por el servicio 9-1-1, “sobre el 75 por ciento de las llamadas recibidas tienen relación con una situación de violencia doméstica. Así que viendo esta necesidad que había, hemos hecho un acuerdo colaborativo con esta entidad para ofrecer adiestramientos al personal que atiende las llamadas de emergencia”.
Este acuerdo, junto a convenios en los que se ha cedido espacio y tiempo publicitario para educar sobre la violencia doméstica, son parte también de la agenda llevada a cabo por la OPM para ampliar el mensaje sobre este mal social.
Mientras que la Lcda. Elba Cruz Rodríguez, directora de la división de legislación del Departamento de Justicia, sostuvo que “la medida es una positiva y oportuna que fortalece la capacidad de los municipios para atender de manera directa y efectiva los casos de violencia de género, en consonancia que rigen la función municipal”.
“La designación de un funcionario municipal especializado como enlace de asuntos de la mujer y víctimas de violencia doméstica permite institucionalizar el acompañamiento a las víctimas, la coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y la prestación de servicios integrales uniformes en todos los municipios”, añadió Cruz Rodríguez.
Sin embargo, directora de la división legal recomendó una enmienda a los fines que se defina la figura del enlace y sus funciones para dejar claro lo que se espera de este.
“Deben estar definidas sus funciones de forma clara y específica, para que no haya una duplicidad de servicios y que no se le brinden falsas expectativas a la víctima, en torno a la ayuda que recibirá por parte del municipio”, dijo Cruz Rodríguez.
Expresó que dentro de las definiciones de las responsabilidades del enlace debe establecerse que deberá proteger el derecho a la intimidad de cada víctima.
“En ese sentido, definir las funciones de cada enlace con relación a los asuntos que estará llevando a cabo tales cómo tratar a esta víctima, debería ser definido para que no se soslayen los derechos constitucionales de las personas, del derecho a la intimidad, de que esta información sea sensitiva y que no le estén brindando falsas expectativas de qué esperar con relación a cuando lleguen al municipio y que entonces se pueda tramitar la ayuda necesaria”, agregó la deponente.
De la misma manera, sugirió dejar establecido en el lenguaje decretativo de la pieza que el alcalde será el responsable de hacer esta designación, de modo que coincida con el texto de la exposición de motivos.
En tanto, el director ejecutivo de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Ángel Morales Vázquez, endosó el proyecto y señaló tiene “potencial de impacto social positivo y alineada con necesidades reales en los municipios”.
No obstante, refutó el alegado vacío que quedó en la ley que rige a los municipios, al señalar que cada entidad, tiene la potestad de determinar las unidades administrativas a ser designadas en respuesta las necesidades de los ciudadanos.
El presidente de la Comisión, el representante Pérez Ortiz, se mostró confiado en la firma por parte de la gobernadora de este proyecto de ley e informó que una vez se hayan estudiado las enmiendas y la postura de la Asociación de Alcaldes, se redactará el informe correspondiente.
Según el proyecto, a pesar de que este mal social puede afectar tanto a hombres como a mujeres, las estadísticas del Negociado de la Policía en el 2024 reportaron 9,476 incidentes de violencia doméstica, de los cuales 7,784 fueron contra mujeres. En el 2025, entre los meses de enero a abril los datos revelan 2,552 sucesos, siendo 2,097 de ellos en perjuicio de mujeres.
“Esta tendencia, lejos de revertirse, ha evidenciado un recrudecimiento preocupante con consecuencias trágicas como los feminicidios íntimos reportados en lo que va del presente año”, reza la medida de Administración.
“En atención a esta realidad, resulta urgente reexaminar y fortalecer los mecanismos institucionales existentes para prevenir, atender y erradicar la violencia dirigida contra las mujeres. La respuesta debe ser amplia, inclusiva y articulada, lo cual exige el compromiso no solo del gobierno central, sino también de las estructuras más cercanas al ciudadano, los municipios”, plantea la legislación.
Durante los trabajos legislativos de esta audiencia pública participó el representante Jorge Navarro Suárez.
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