Como medida de intervención en instituciones juveniles
Defensores de la justicia restaurativa levantaron preocupaciones sobre las consecuencias del agente químico como instrumento disuasivo
(El Capitolio ) – El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) defendió a la restitución del uso de gas pimienta como un mecanismo de intervención inmediata en sus instituciones juveniles que, según el criterio de la agencia, asegurará un entorno controlado ante una presunta escalada de violencia y casos de agresiones graves.
“Un agente químico correctamente aplicado puede reducir la duración del enfrentamiento y minimizar daños colaterales, como se realizaba antes de la prohibición de su uso. Su uso excepcional puede prevenir agresiones entre menores, ataques contra el personal e intentos de fuga”, pronunció Francisco Quiñones, secretario del DCR, en una ponencia favoreciendo el Proyecto de la Cámara 1058.
La medida, atendida este jueves en la Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes, pretende reinsertar en la Ley de Menores de Puerto Rico la autorización para el uso de esta sustancia química no letal.
El representante Ensol Rodríguez Torres, presidente de la comisión legislativa, presentó el proyecto tras conducir una investigación y recomendar la reinserción del gas pimienta de manera “rigurosamente limitada” en un informe emitido a finales del 2025.
Datos compartidos por el DCR durante una vista pública celebrada en octubre del año pasado reflejaron un total de 374 incidentes reportados entre los centros juveniles desde el 2022, cuando se aprobó una ley para eliminar el gas pimienta como herramienta de intervención, hasta septiembre del 2025.
Las cifras también revelaron que en el 2022 se registraron 75 sucesos violentos entre las dos instituciones –ubicadas en Ponce y Villalba– y el año siguiente aumentaron a 105. Mientras, el 2024 cerró con 106 casos constatados, que pueden incluir agresiones, amenazas, fugas, tomas de rehén, entre otros eventos.
“Podemos hablar de derechos civiles… pero, para mí, si usted no tiene vida, usted no tiene derechos civiles”, expresó el representante Rodríguez Torres. “Para mí, es mucho más importante proteger la vida primero”.
Sin embargo, la representante Adriana Gutiérrez Colón cuestionó la seguridad de las estadísticas para justificar la reutilización del gas pimienta en las instituciones juveniles tras opinar que los números provistos por la agencia son “amplios”.
La legisladora solicitó la entrega de cifras actualizadas de los “eventos significativos” reportados, un término que el DCR utiliza para referirse a los incidentes cuyo efecto haya sido una lesión grave en cualquiera de las partes involucradas.
A su vez, resaltó que el DCR identificó, en un informe del 2021, que el 53 % de la población en los centros juveniles padecía de algún trastorno de neurodesarrollo y otro 29 % había sido víctima de trata humana.
“En la consideración de todo esto, tenemos que evaluar también cuál es el perfil de esos menores en nuestras instituciones y las consecuencias que puede tener el uso de este tipo de mecanismo”, manifestó Gutiérrez Colón.
El llamado a la cautela fue reiterado por la Comisión de Derechos Civiles, cuyo director ejecutivo, Ever Padilla, abogó por programas de prevención de la delincuencia juvenil y modelos de intervención enfocados en la justicia restaurativa. Según la entidad independiente, estos modelos de rehabilitación han evidenciado una reducción en la reincidencia de conductas delictivas junto con otros resultados favorables.
“Precisamente por las realidades de los menores en el sistema de justicia juvenil, las acciones que se implementen deben asegurar un trato humano sin criminalizar ni perder de perspectiva el enfoque de justicia restaurativa y no punitiva”, indicó Padilla.
Mientras, que la Federación de Oficiales de Custodia y Trabajadores de Corrección endosó la pieza legislativa luego de señalar que la ausencia de esta herramienta disuasiva limita su capacidad de respuesta en “situaciones extremas en progreso” y compromete la seguridad institucional. Desde el 2022, al menos 10 oficiales han sufrido lesiones graves que en algunos casos han requerido cirugía, compartió el DCR.
El gremio afirmó que la aprobación del proyecto permitiría reactivar protocolos que ya existen en la reglamentación del DCR, como la custodia restringida del equipo, asistencia médica inmediata, procesos de descontaminación e investigaciones administrativas luego de cada incidente.
El Departamento de Justicia, en tanto, comunicó que no tiene objeción legal a la medida, siempre que su implementación se realice de manera “estrictamente excepcional”. En un memorial explicativo, la agencia dijo que la legislación logra un balance entre la protección de los derechos de los menores y la necesidad de salvaguardar la seguridad institucional.
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