Centro Unido de Detallistas favorece la propuesta
(El Capitolio) – La Lcda. Carmen Guillén, asesora legal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), no apoyó el Proyecto de la Cámara 914, para disponer que la primera multa que se le emita a un pequeño negocio solo conllevará exclusivamente un aviso de infracción y se le concederá un término de 30 días para corregir el señalamiento hecho por la agencia correspondiente.
En vista pública de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios, presidida por el representante Sergio Estévez Vélez, la funcionaria fue enfática en la necesidad de enmiendas al proyecto ya que tal y como radicado, “podría colocar a las agencias en conflicto con mandatos federales y exponer al Estado a sanciones o a la pérdida de fondos”.
Guillén planteó como ejemplo la fiscalización que realiza la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) de los comercios autorizados a debitar fondos de la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
“Las multas que se imponen a los comercios que venden productos no autorizados y/o realizan transacciones fraudulentas, no responden a un ejercicio discrecional de la agencia, sino a exigencias directas del Gobierno Federal impuestas mediante instrucciones específicas contenidas en el Bloque de Subvención mediante el cual se le otorga fondos a Puerto Rico”, destacó la deponente.
La asesora hizo hincapié que “resulta indispensable considerar la naturaleza de la conducta que se penaliza, ya que no todas las infracciones persiguen el mismo propósito regulatorio”.
“No es equiparable una falta técnica o administrativa subsanable, con conductas expresamente prohibidas, como el uso indebido o fraudulento de fondos públicos, aun cuando estas ocurran por primera vez. En estos casos, la penalidad cumple una función disuasiva esencial que busca prevenir la repetición de conductas que afectan la integridad de los programas gubernamentales”.
Igualmente, enfatizó en la necesidad de que se establezcan distinciones entre las infracciones que serán objeto de un aviso y las violaciones sustantivas, puesto que aplicar una medida automática “podría incidir en debilitar los mecanismos de control interno de las agencias”, así como enviar un mensaje de tolerancia indebida frente a las prácticas que el ordenamiento jurídico busca erradicar y sancionar de manera contundente.
A preguntas de la vicepresidenta, la representante Yashira Lebrón Rodríguez, la abogada señaló que la forma en que se pueden fomentar los pequeños negocios, pero sin violentar reglamentaciones que pueden afectar fondos federales, sería haciendo unos ajustes en la medida, para establecer con claridad el proceso para la emisión de multas a los comercios, según la gravedad de estos.
Ante ello, el presidente de la Comisión, el representante Estévez Vélez, anunció que se propone “sentarnos con el representante, ya que tengo unas preguntas sobre el proyecto, que no está escrito en piedra. Se va a hacer unos ajustes para beneficiar al pequeño y mediano comerciante, que es el fin de nuestro gobierno y de esta Cámara de Representantes”.
Además, el legislador Estévez Vélez, acogió una petición de la representante Lisie Burgos Muñiz, para que la agencia en cinco días laborables recopile información en torno al posible impacto de la medida en el presupuesto en agencias que utilizan el producto de multas como parte de los fondos operacionales.
El Departamento de Hacienda (DH), emitió sus comentarios mediante una ponencia firmada por el secretario Lcdo. Ángel Pantoja Rodriguez, en la que no apoyó el proyecto tal y como redactado, al exponer que las disposiciones del “Código de Rentas Internas”, así como la “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico” y la política pública contributiva “fueron enmendadas para lograr el objetivo que promueve” el proyecto bajo estudio.
Sugirió “revisar la aplicabilidad general de las enmiendas propuestas en el proyecto”, ya que podría tener impacto en la función de fiscalización que recae sobre el DH.
De otro lado, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Dr. Ramón Barquín III, apoyó a través de un memorial explicativo la propuesta al indicar que “para los pequeños y medianos comercios, en todas sus categorías, el fortalecimiento de esta ley resulta vital en el esfuerzo de desarrollo económico”.
“Somos de la postura, que toda oportunidad para fortalecer este estatuto legal es importante y necesario, para que el gobierno pueda concretizar su misión de desarrollo y reinversión local”, añadió Barquín.
De igual forma, recomendó enmiendas a la pieza para lograr que las agencias se conviertan en “facilitadoras del desarrollo económico, en un balance con su función reguladora”.
Entre las sugerencias presentadas están que la primera violación-dentro de un término de un año- no conllevará sanción.
Así también señaló como “imperativo” que la pieza disponga que, en caso de hallazgos o inobservancias, la agencia ofrecerá oportunidad al comercio de presentar un plan de corrección y de cumplir con este, la agencia podrá eliminar la sanción, en todo o en parte, de modo que la intervención de la instrumentalidad “se convierta en una guía que propenda a una operación cabal del comercio”.
El deponente propuso “tomar en consideración el tamaño y volumen del negocio”, al momento de imponer la multa, la cual no podrá ser de más de 500 dólares, además de ofrecer los recursos de apelación y reconsideración a las pequeñas empresas con un periodo no mayor de 60 días, ya que en la actualidad estos procesos pueden alargarse hasta dos años.
Mientras que el Departamento de Justicia (DJ) expuso en ponencia firmada por su secretaria, Lcda. Lourdes Gómez Torres, que la iniciativa “no solo armoniza la necesidad de fiscalización con un enfoque justo y proporcional, sino que también representa un paso concreto hacia un entorno empresarial más colaborativo y accesible, en el que se privilegie la corrección de las faltas sobre la imposición inmediata de sanciones económicas”.
“Así, la propuesta refleja el compromiso de la Legislatura con la estabilidad, la continuidad operativa y el desarrollo sostenible de los pequeños negocios, reconociendo su papel esencial como motor de la economía puertorriqueña”, agregó la titular del DJ.
La pieza, del representante Joe “Joito” Colón Rodríguez, enmienda a la “Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio” para facultar a las agencias que fiscalizan a estas empresas, a modificar o condonar penalidades económicas en caso de infracciones subsiguientes cuando las mismas sean corregidas en un periodo apropiado.
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