(San Juan) – Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), afirmó que vetar el Proyecto del Senado 711 por parte de la gobernadora Jenniffer González fue la decisión correcta y reafirma su compromiso con la Segunda Enmienda y la Ley de Armas de Puerto Rico.
Destacó que enmendar la Ley 168-2000 mediante un Artículo 2.16 para establecer órdenes de protección por riesgo extremo “hubiese permitido la restricción temporal del derecho a la compra, posesión y portación de armas de fuego y municiones, lo que cual era redundante porque en Puerto Rico ya existen leyes que permiten la ocupación de armas en circunstancias similares”.
El presidente de CODEPOLA recalcó que, este veto “constituye un paso firme en la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos, particularmente aquellos consagrados bajo la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”. La organización sostiene que, aunque la seguridad pública es un interés legítimo del Estado, “cualquier medida que implique la limitación de derechos fundamentales debe cumplir con los más altos estándares de debido proceso y protección constitucional”.
Torres Meléndez enfatizó que, el veto al PS 711, radicado el 9 de febrero de 2025 por la senadora Nitza Morán, “es un logro significativo para todos los ciudadanos que creemos en la defensa responsable de sus derechos. La decisión de la gobernadora Jenniffer González demuestra un compromiso claro con la Constitución y con el balance adecuado entre seguridad y libertad individual”.
Dijo que la organización CODEPOLA continuará vigilante ante cualquier intento legislativo que pueda menoscabar derechos fundamentales, reiterando su disposición de colaborar en iniciativas que promuevan la seguridad pública sin sacrificar garantías constitucionales.
Igualmente, reafirmó que CODEPOLA continuará con su misión de educar, orientar y defender a los ciudadanos en el ejercicio responsable de sus derechos, promoviendo siempre el cumplimiento de la ley y el respeto al marco constitucional vigente.
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