La Comisión de Hacienda del Senado continuó hoy vistas públicas sobre la Resolución del Senado 5 de la autoría del senador independentista, Juan Dalmau Ramírez, que busca se investigue por parte de la comisión antes mencionada, el cumplimiento del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el Departamento de Hacienda con la “Ley de Incentivos Económicos para el desarrollo de Puerto Rico”, que requieren respectivamente, la radicación de informes periódicos sobre distintos aspectos de la referida ley y la creación de un Fondo Especial para el Desarrollo Económico aprobada el 18 de enero de 2017, a los fines de establecer que la Comisión de Hacienda pueda radicar informes parciales con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.
A la audiencia pública se citó al Departamento de Hacienda quienes a través de la licenciada Nilda Gago, asesora legal del departamento y de Alfonso Rossie, en representación del Secretario Francisco Parés Alicea, aseguraron que están en cumplimiento con la ley y anualmente se radican dichos informes. “En cumplimiento con la referida ley, anualmente el Departamento de Hacienda prepara este informe a base de información recopilada de las planillas de contribución sobre ingresos radicadas por los negocios acogidos a las leyes de Incentivos Contributivos. Dicho informe es sometido por el Secretario de Hacienda a los presidentes de la Cámara y el Senado, según requerido por ley”, dijo Alfonso Rossie, quien asistió en representación del Secretario de Hacienda, Francisco Parés.
Luego de una revisión y con informes en mano, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla Alvelo, corroboró que efectivamente, tanto Hacienda como el DDEC, estaban en cumplimiento.
“Ambas agencias han estado cumpliendo a cabalidad con la ley. Pero voy a solicitarle a la Junta de Planificación que se exprese sobre esta resolución, además le solicitaremos al CRIM para que haga lo propio con los municipios. Me gustaría saber de ellos (o sea el CRIM) como se tramita este proceso o si es el DDEC quien trabaja esto con los ayuntamientos”, dijo la presidenta de la Comisión, Migdalia Padilla Alvelo.
Ante preguntas de la senadora Padilla Alvelo sobre la reacción de las empresas a estos incentivos o decretos, la licenciada Gago aclaró que quien otorga los mismos es el DDEC y no Hacienda. “Cuando hablamos de resultados de incentivos ¿Cómo ha sido la reacción de las empresas en cuanto a las exenciones que se otorgan?, preguntó Padilla Alvelo, a lo que la licenciada Gago, aclaró que quien otorga los incentivos es el DDEC y no Hacienda.
“En esta ocasión veo que la mayor responsabilidad en cuanto a otorgar incentivos esta mayormente concentrado en el DDEC”, cuestiono la legisladora.
Mientras, que la otra agencia en ser citada lo fue el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) quienes también aseguraron estar en cumplimiento detallando los incentivos aprobados desde el año fiscal 2016-2017 en adelante.
Según el Lcdo. Gabriel Maldonado en representación del Secretario del DDEC, Manuel Laboy, en el año fiscal 2016-2017 se radicaron un total de 76 solicitudes de incentivos bajo la Ley Núm. 73-2008 y se aprobaron 46. En el año fiscal 2017-2018 se radicaron un total de 73 solicitudes mientras que para el año fiscal 2018-2019 se radicaron un total 107 solicitudes y se aprobaron 55.
“El paso de los huracanes Irma y María no impactó significativamente el número de radicaciones de solicitudes de incentivos bajo la Ley. Particularmente, durante el año 2017 se radicaron un promedio de 3.16 solicitudes mensuales. Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2017 se radicaron 1, 3, 2 y 9 solicitudes respectivamente para un promedio de 3.75 solicitudes durante los meses de septiembre a diciembre de 2017”, explicó Maldonado.
A su vez informó que, a partir del año 2017, las radicaciones de solicitudes de incentivos bajo la Ley antes mencionada, han aumentado consistentemente. “Como cuestión de hecho, durante el año 2018 recibimos un total de 109 solicitudes, más que en cualquier otro año natural desde al menos el 2013. Asimismo, informamos que durante el 2018 aprobamos 84 decretos de incentivos.
Esto son indicios positivos. Demuestra que Puerto Rico está abierto para hacer negocios y son muchas las empresas e industrias que así lo creen. Cabe mencionar que en lo que va del año 2019 hemos recibido 55 solicitudes y hemos aprobado 41”, recalcó.
Maldonado explicó que el Secretario del DDEC podrá llevar a cabo cualquier investigación que entienda necesaria con relación a las operaciones de concesionario de incentivos, así como examinar documentos, citar testigos y solicitar informes bajo juramento, a los fines de evaluar y asegurar que las actividades se están llevando a cabo de acuerdo a la concesión y lo actuado con el Gobierno.
Además, la ley le exige a cada beneficiario presentar al DDEC un informe anual que debe reflejar el cumplimiento con los términos y condiciones establecidos en el decreto, así como cualquier otra información o documentación a ser requerido. En caso de que una persona deje de presentar un informe anual, según requerido, lo presente tardíamente o incompleto, el Secretario del DDEC podrá imponerle una multa de hasta $10,000.
A preguntas de la senadora Padilla Alvelo sobre cuantas empresas han sido multadas, el licenciado Maldonado dijo no contar con dicha información, otorgando la senadora un periodo de cinco (5) días para someter la misma.
Por su parte, para el senador de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Cirilo Tirado Rivera, la Isla debe transformarse a otro modelo de desarrollo económico que no sea la otorgación de incentivos.
“Me parece que como país tenemos que movernos fuera de este modelo de exenciones, pero tiene que ser un desarrollo económico nuevo o repensado no podemos seguir manejando estas grandes exenciones e incentivos a estas empresas foráneas que contaminan, destruyen y se llevan los equipos que compraron con las mismas exenciones. Y eso, por los últimos 60 años, es lo que hemos hecho”, dijo el senador Tirado Rivera.
Para el licenciado Gabriel Maldonado “gracias a los incentivos concedidos durante los mencionados años fiscales, se obtuvo el compromiso de crear 21,567 nuevos empleos directos permanentes en diversos sectores industriales. Asimismo, se lograron retener 3,600 empleos en distintas industrias. En fin, durante estos tres años fiscales se obtuvo un compromiso de crear y retener 25,167 empleos con compromisos de retención de hasta cinco (5) años dentro del mercado laboral industrial”.
Otro de los incentivos cuestionados, en esta ocasión por el senador del Distrito de Ponce, Luis Berdiel Rivera, fue el de los otorgados a los agricultores bonafide. El también presidente de la Comisión de Agricultura solicitó se le hiciera llegar a la comisión toda la documentación relacionada con estos incentivos.
