En fondos federales para el sistema de salud
(San Juan, P.R.) – La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, presidida por el senador Juan Oscar Morales, celebró la segunda vista pública en torno a la investigación ordenada por la Resolución del Senado 431, medida de su autoría que dispone un examen exhaustivo sobre el uso, la administración y la fiscalización de los fondos federales asignados al sistema de salud de Puerto Rico.
La investigación surge en torno a la utilización de aproximadamente $19.5 billones en fondos federales asignados por el Congreso de los Estados Unidos, así como sobre su impacto en la estabilidad del sistema de salud, la operación de hospitales, la relación con proveedores y el acceso de los pacientes a servicios médicos oportunos y de calidad.
De acuerdo con la Resolución, la Comisión evalúa, entre otros aspectos, el cumplimiento de las aseguradoras con sus obligaciones de pago, la implementación de los servicios requeridos bajo los parámetros federales, la suficiencia de la red de proveedores, la denegación de contratos o servicios y el efecto de estas decisiones en la prestación de servicios de salud en la Isla.
Como parte de la evidencia evaluada durante los trabajos de la Comisión, se presentó información sobre balances pendientes de pago que mantienen las aseguradoras del Plan Vital con el Hospital Universitario en el Centro Médico. Los datos reflejan que estas deudas ascienden, en conjunto, a más de $27 millones. En específico, se identifican balances aproximados de $9,381,807.77 correspondientes a First Medical, $8,984,555.66 a Triple-S, $5,031,322.11 a MMM Healthcare y $3,691,809.50 al Plan de Salud Menonita.
De igual forma, información adicional sobre reclamaciones en el Centro Médico evidencia que una parte significativa de estas cuentas permanece sin pago por periodos prolongados. Según el informe presentado, el total de reclamaciones pendientes asciende a $9,648,906, con una proporción considerable que supera los 120 días, lo que incide directamente en la estabilidad operacional de la institución hospitalaria.
Durante la segunda vista pública, comparecieron representantes de First Medical Health Plan, MMM Holdings, Plan de Salud Menonita y Triple-S Salud, quienes presentaron sus posturas sobre el funcionamiento del modelo de cuidado coordinado bajo el Plan Vital, el manejo de los fondos públicos y los mecanismos de cumplimiento regulatorio que rigen sus operaciones.
En sus ponencias, las entidades coincidieron en que el sistema está sujeto a un andamiaje regulatorio complejo, con supervisión de agencias estatales y federales, y a métricas como el Medical Loss Ratio, que requiere que la mayor proporción de los fondos se destine a servicios médicos. De igual forma, sostuvieron que los procesos de adjudicación y pago de reclamaciones responden a disposiciones contractuales y reglamentarias, y que existen controles dirigidos a garantizar la trazabilidad y el uso adecuado de los recursos.
Sin embargo, el proceso de vistas también ha permitido identificar áreas que requieren un análisis más profundo, particularmente en lo relacionado con la efectividad del modelo en la práctica, la distribución de los fondos dentro del sistema, la capacidad de la red de proveedores para responder a la demanda de servicios y la estabilidad financiera de las instituciones hospitalarias.
El senador Juan Oscar Morales destacó que el propósito de la investigación no es limitarse a examinar la estructura normativa del sistema, sino validar su funcionamiento real y su impacto en la ciudadanía.
“Esta Comisión tiene la responsabilidad de ir más allá del marco teórico y regulatorio. Aquí estamos evaluando si el sistema está cumpliendo con su propósito fundamental, que es garantizar acceso a servicios de salud adecuados y oportunos para nuestra gente”, expresó Morales.
El senador subrayó que la magnitud de los fondos públicos involucrados exige un nivel de escrutinio riguroso y continuo por parte de la Asamblea Legislativa.
“Cuando hablamos de $19.5 billones en fondos federales, estamos hablando de una inversión significativa en la salud de la Isla. Ese nivel de recursos conlleva una responsabilidad igualmente significativa de fiscalización. Nuestro deber es asegurarnos de que cada dólar esté siendo utilizado de manera efectiva y que su impacto se refleje en los pacientes, en los proveedores y en la estabilidad del sistema”, sostuvo.
Morales añadió que la Comisión continuará contrastando la información presentada por los distintos sectores que componen el sistema de salud, incluyendo hospitales, proveedores y entidades gubernamentales, como parte de un proceso dirigido a identificar posibles brechas, áreas de mejora y cursos de acción legislativa.
“Vamos a seguir escuchando a todos los componentes del sistema para tener un panorama completo, identificar dónde están los retos y, sobre esa base, establecer las acciones necesarias para fortalecer el sistema de salud de Puerto Rico”, indicó.
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