(El Capitolio ) – La Policía de Puerto Rico (PPR) y el Departamento de Justicia (DJ) apoyaron el Proyecto de la Cámara 1260 y la Resolución Conjunta de la Cámara 353, con el propósito de establecer una nueva amnistía general por 60 días para la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales, heredadas o con licencias vencidas, así como las municiones.
En vista pública de la Comisión de Seguridad Pública, presidida por el representante Félix Pacheco Burgos, el director auxiliar del Negociado de Armas de la PPR, inspector Marcos Martínez López, expresó que la legislación bajo estudio, “promueve herramientas adicionales para atender de manera efectiva situaciones que impactan la seguridad pública, el cumplimiento de la ley y la administración eficiente de los recursos gubernamentales”.
Martínez López añadió que esta propuesta, del representante Pacheco Burgos, “representa una alternativa razonable y beneficiosa para fomentar el cumplimiento voluntario de obligaciones pendientes, permitiendo que ciudadanos regularicen su situación dentro de un término determinado, sin la necesidad inmediata de recurrir a procesos judiciales o administrativos extensos y costosos”.
Durante los trabajos, el autor de la medida recalcó que, en la pasada amnistía llevada a cabo en el 2012, alrededor de 1,990 armas de fuego fueron entregadas, así como un aproximado de 100 mil municiones.
El proyecto en específico, enmienda la “Ley de Armas del 2020” para implantar mecanismos claros de recopilación, análisis y divulgación de datos que permitan medir el impacto de la amnistía sobre la seguridad pública. Además, delega tanto en la PPR como en el Instituto de Ciencias Forenses, la responsabilidad investigativa de las armas que sean entregadas.
En ese sentido, el deponente indicó que la agencia “entiende meritorio que la medida incorpore disposiciones relacionadas con la recopilación, análisis y divulgación de estadísticas relacionadas con las armas y municiones entregadas, ya que esta compilación uniforme puede servir como herramienta útil para evaluar el impacto real de estas iniciativas”, puesto que a preguntas del representante Pacheco Burgos, el inspector informó que no existen estadísticas de la pasada amnistía del 2012.
Martínez López favoreció que esta iniciativa vaya acompañada de una campaña de orientación a los ciudadanos para que conozcan que durante esta amnistía las personas que entreguen las armas no se les radicará cargos. De igual modo, apoyó que se establezca la obligatoriedad de que se presenten ante la Asamblea Legislativa informes en torno a los resultados de la amnistía 180 días luego del cierre de esta.
Por su parte, la secretaria del Departamento de Justicia, Lcda. Lourdes Gómez, avaló en una ponencia la aprobación de la medida, puesto que “consideramos que no confligen con los estatutos federales y estatales concernidos. De hecho, este mecanismo ha sido utilizado previamente en Puerto Rico, con resultados efectivos”.
“A nuestro entender, la amnistía propuesta resulta ser un mecanismo válido y adecuado para el fin perseguido”, sostuvo la titular en el documento.
Igualmente, Víctor González García, en representación de la Asociación de Armeros, apoyó la legislación, a la vez que sugirió enmiendas para que esta dispensa “incluya, además el que las personas que advinieron a una o varias armas de fuego por ser de propiedad de familiares hoy fallecidos, puedan entonces, proceder con la inscripción de esta con su licencia de armas. En caso de no tener licencia, que puedan solicitar y obtener la licencia sin mayores trabas”.
González García puntualizó que en los ejercicios anteriores para la entrega voluntarias de armas se permitía la regularización de estas piezas. Sin embargo, los requisitos solicitados por la PPR, “derrotaban el propósito al final del día”.
Entre los requerimientos estaba presentar copia del testamento del fallecido, la declaratoria de herederos, así como declaración jurada del resto de los beneficiarios indicando que no tenían objeción que el arma se registre a favor del peticionario.
“Al enfrentarse a esto y los costos asociados para conseguir los documentos solicitados, las personas desistían de proseguir con el trámite”, manifestó el deponente.
Durante su turno de preguntas el representante Ramón Torres Cruz, al señalar que está a favor de ambas piezas, mostró su preocupación en torno a los mecanismos para recibir las armas, que podrán ser entregadas además de los cuarteles, en estaciones de bomberos o en instituciones sin fines de lucro o de base de fe, debidamente certificadas para asistir en el recibo de armas y municiones.
“A mí, me preocupa que habilitemos cuarteles de bomberos, manejo de emergencia y otros en donde no hay seguridad; tendríamos un cajón lleno de armas en el horario que fuese con un personal que no está adiestrado para portar armas por el Estado, custodiando algo que puede convertirse en un blanco fácil para el narcotráfico”, manifestó el representante Torres Cruz.
Por lo ante expuesto, el inspector aseguró que, al tratarse de 60 días de la amnistía, en los lugares que se habiliten para la entrega de estos artículos, habrá presencia de agentes del orden público con el fin de custodiarlas.
El legislador Torres Cruz opinó que el proyecto “es una buena medida. Yo creo que es necesaria. Un arma de fuego que saquemos de la calle es un arma de fuego que no está disponible para estar matando a la gente en la calle”, enfatizando que es “una buena iniciativa”.
“Estamos aquí para legislar en favor de la seguridad del país, el cual es un tema que en estos días cobra relevancia por las situaciones que estamos viviendo”, planteó Torres Cruz.
Por su parte, la representante Adriana Gutiérrez Colón, apoyó la legislación, a la vez que se mostró confiada en que la mayoría de la Asamblea Legislativa la favorezca “ya que en la medida en que se pueda lograr que menos armas ilegales se encuentren en la calle es algo positivo para el país”.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el representante Pacheco Burgos, se mostró complacido con el favor tanto de las agencias como de los representantes “ya que lo que buscamos una vez más es atender y darle las herramientas, en este caso a la Policía de Puerto Rico, al señor superintendente, para que de manera estratégica saquen armas de fuego”.
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