Agencias públicas y gremios coincidieron en los riesgos de la divulgación audiovisual de procedimientos judiciales en etapas preliminares
(El Capitolio ) – En medio de la discusión legislativa acerca de limitar la transmisión de casos judiciales, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, aseguró a la Cámara de Representantes que la divulgación audiovisual de etapas preliminares al juicio podría afectar “adversamente” sobre el interés público y la integridad del proceso penal.
“En particular, la divulgación audiovisual de etapas preliminares puede incidir negativamente en la disposición de víctimas y testigos a declarar, así como en la calidad de su testimonio, lo que podría afectar el descubrimiento de la verdad y la adecuada administración de la justicia”, indicó Gómez en una ponencia escrita remitida a la Comisión de lo Jurídico.
La comisión cameral –presidida por el representante José “Che” Pérez Cordero– comenzó este miércoles el proceso de vistas públicas para investigar las posibles repercusiones de las transmisiones judiciales en los derechos constitucionales de los imputados y la necesidad de “garantizar un procedimiento equitativo”.
La titular de Justicia reconoció la importancia de la publicidad de los procesos judiciales y el rol de la prensa en la transparencia institucional, pero afirmó que el ordenamiento jurídico propicia limitar el acceso en ciertas etapas cuando medie un interés apremiante del Estado.
Asimismo, Gómez destacó que el Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación, conocido como “PECAM”, define el proceso judicial únicamente como la celebración de juicios por tribunal de derecho, lecturas de fallo y vistas de lectura de sentencia.
Mientras, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) destacó que el reglamento del Programa de Cobertura Electrónica y Difusión de Procesos Judiciales, aprobado el pasado 18 de mayo, regula las peticiones de la prensa e incorpora salvaguardas para evitar la difusión de procedimientos confidenciales.
La licenciada Giselle Rosa, directora de Asuntos Legislativos de la OAT, aseveró que la nueva normativa también contiene garantías de seguridad para todos los participantes del caso y herramientas procesales para atender la potencial contaminación del jurado, como el mecanismo de desinsaculación.
Sin embargo, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, planteó sus preocupaciones con la publicidad excesiva que generan los casos de alto interés público, al tiempo que cuestionó si las regulaciones de la OAT han sido efectivas para proteger, incluso, a jueces, fiscales y funcionarios del tribunal.
El líder cameral también abordó algunos casos en los que testigos principales han sido asesinados tras participar de los procesos previo al juicio y otras situaciones en las que personas imputadas de delito, que luego resultaron inocentes, enfrentaron alegados daños a su reputación.
“Muchas veces, los jueces se ven tan presionados a tomar unas decisiones, que no las toman en el mejor ánimo de proteger los derechos de las partes, y esa es nuestra mayor preocupación”, expresó Méndez Núñez.
“No estoy poniendo en duda el criterio de ningún juez, pero es lo que se ve, es lo que se percibe afuera. Y nosotros queremos mantener la integridad de la Rama Judicial, como queremos mantener la integridad de todos los funcionarios del tribunal”, aseveró.
Abordan la monetización de casos
El representante Gabriel Rodríguez Aguiló exigió a la OAT que exprese su postura sobre la monetización en las redes sociales de supuestos analistas jurídicos que promocionan sus servicios y publican contenido audiovisual obtenido de las transmisiones oficiales del Poder Judicial.
“No estoy hablando de un reportero o un canal de televisión. Estoy hablando de personas que venden sus servicios como autollamados peritos, y utilizan expresiones particulares de un caso; utilizan áreas particulares de un caso que se está transmitiendo por parte del gobierno para monetizar”, puntualizó.
El legislador también impulsa el Proyecto de la Cámara 1211, que persigue prohibir la transmisión, difusión o retransmisión, por cualquier medio, de las vistas de causa probable para arresto y vistas preliminares.
“Hay casos todos los días donde los testigos son intimidados. Hay abogados que son expuestos porque están defendiendo a su cliente, que puede haber matado a tres personas, pero ese imputado tiene unos derechos constitucionales, y nosotros a veces no lo entendemos”, manifestó Rodríguez Aguiló.
La Sociedad para la Asistencia Legal respaldó limitar la transmisión televisiva y por medios electrónicos de los procesos penales previos al juicio, así como restringir la cobertura de los juicios por jurado cuando no existan salvaguardas suficientes para proteger la imparcialidad del proceso.
La legislación también fue apoyada por la Comisión de Derechos Civiles y el Colegio de Abogados y Abogadas.
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