(El Capitolio) – La Comisión de Transportación e Infraestructura, presidida por el representante José “Cheo” Hernández Concepción, inició hoy el análisis de un paquete de piezas legislativas dirigidas a que el Gobierno regule la utilización de los espacios adyacentes a las carreteras por pequeños comerciantes.
Las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 358, 363 y 366, también buscan ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y a los municipios de Puerto Rico, que se establezca de manera coordinada tanto un marco regulatorio para esta actividad, como un plan interagencial de orientación, asistencia y reubicación para los comerciantes de negocios ambulantes que cuentan con patentes municipales vigentes, pero que ubican en las servidumbres de paso estatales.
Asimismo, tienen la intención de decretar una moratoria en los desalojos y multas, que fueron determinadas por el DTOP el pasado mes de mayo, lo que causó una oleada de protestas entre los comerciantes ubicados a las orillas de las vías.
El ingeniero Edwin González Montalvo, secretario del DTOP, manifestó durante su participación en la vista pública que “reconoce y valora intención de la Asamblea Legislativa al promover estas medidas las cuales buscan salvaguardar el sustento diario de familias puertorriqueñas que, a través de sus negocios ambulantes, generan ingresos a través de la venta de productos agrícolas, artesanías y alimentos”.
“No obstante, el departamento ha identificado un número considerable de estos negocios ambulantes o microempresa- que se encuentran ubicados en los márgenes de carreteras estatales, avenidas, vías, marginales y paseos- que podrían comprometer la seguridad vial”, dijo González Montalvo, a quien le fue requerido una lista de estos negocios en 15 días laborales.
“La ubicación inadecuada de estas estructuras, vehículos o actividades comerciales representan un riesgo para la seguridad vial. Al constituir un elemento de distracción para los conductores en algunos casos, limitan la visibilidad de rotulación oficial, obstaculizan la circulación del tránsito y en determinadas circunstancias, se pueden convertir un obstáculo que dificulta las labores de emergencia y mantenimiento de la infraestructura vial. En ocasiones, han causado daños a valla de seguridad, letreros y taludes causando debilitamiento del terreno”, añadió el deponente.
Incluso, mencionó que, según un informe emitido por la Comisión de Seguridad en el Tránsito, se han registrado desde el 2019 al 2026, 359 choques contra este tipo de negocios, de los cuales 62 fueron contra el puesto, el vendedor o clientes.
De estos 62 incidentes, 59 fueron causados por vehículos de conductores que impactaron a la estructura o los clientes y tres en el que el auto del mismo dueño del negocio colisionó con el negocio. En este grupo se registraron dos fatalidades y 27 heridos. El resto de los 297 choques se registraron en el área de operación a la orilla de la carretera.
González Montalvo sostuvo que “ante esta realidad, la medida persigue establecer un balance adecuado entre la protección de la actividad de los pequeños comerciantes que operan sus negocios ambulantes y la responsabilidad del Estado de garantizar la vida y seguridad de los conductores, peatones y demás usuarios de las vías públicas”.
Esto, a pesar de que el Reglamento 6172, del 28 de junio de 2000, prohíbe expresamente la ubicación de estos vendedores en las vías estatales. Ello contrasta con lo que establece el Código Municipal del 2020, que confiere a los municipios la facultad de reglamentar la ubicación y operación de negocios ambulantes dentro de sus respectivas jurisdicciones cuando se le expide al comerciante un certificado de patente municipal.
A preguntas del representante Hernández Concepción, el funcionario recomendó ordenar a los municipios, antes de expedir un permiso a un comerciante ambulante, consultar con la agencia que es la entidad con el mandato de ley en el tema de las carreteras estatales.
En el interín, luego de la orden emitida por la Gobernadora, para paralizar el desalojo de los negocios ubicados en la PR-100 y la PR-129, ya que se llevan a cabo trabajos para el mejoramiento de estas vías, el DTOP ha comenzado una revisión del reglamento para ser atemperado a la realidad actual.
El secretario señaló que en este ejercicio de revisión es necesaria “la colaboración interagencial del DTOP con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en conjunto con la Federación y Asociación de Alcaldes para que las ordenanzas municipales estén en sintonía con los estándares y parámetros de seguridad de ambas entidades”.
Mientras que a preguntas del representante Edgar Robles Rivera, el también director de la ACT, negó que las acciones que se produjeron en Cabo Rojo y Arecibo fueran “desalojos automáticos”, sino que se estaba actuando en “proyectos específicos” bajo los cuales los negocios ambulantes, en el caso de Cabo Rojo, ya fueron relocalizados a una vía municipal.
Mientras, el Lcdo. Ricardo Rolón Morales, asesor legal de la Federación de Alcaldes, endosó la propuesta “de establecer criterios uniformes que reduzcan los conflictos de jurisdicción entre el Gobierno Estatal y los municipios. La armonización de la reglamentación estatal con los procesos municipales permitirá ofrecer mayor certeza jurídica a los comerciantes, promover una administración pública más eficiente y garantizar que las actividades comerciales se desarrollen de manera segura, ordenada y compatible con el interés público”.
Por su parte, el agricultor José “Pellito” Santiago expresó que los accidentes ocurridos son consecuencia de las condiciones deterioradas de las carreteras y la falta de mantenimiento del DTOP.
Santiago, quien lideró el mes pasado una caminata de dos semanas en defensa de los vendedores ambulantes- solicitó nuevamente la intervención de la Legislatura para garantizar la permanencia de estos comerciantes en las vías públicas a través de cambios al Reglamento 6172 y a la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito.
“Nos quieren achacar choques que nosotros no tenemos culpa. Ahora mismo, al frente de mi negocio, hay un chichón de asfalto y yo fui el que derramó allí 12 sacos de asfalto para que se pudiera tapar el boquete que había. No fue el DTOP”, manifestó Santiago, quien opera hace siete años un quiosco ambulante en la carretera PR-7722, en Cayey.
El deponente destacó que la mayoría de los vendedores ambulantes en Puerto Rico son adultos mayores que venden sus productos agrícolas en busca de un apoyo financiero, ante la amenaza de recortes a sus pensiones y el impacto de la inflación en la estabilidad económica de muchos puertorriqueños.
Entre las enmiendas que Santiago consideró figuran permitir espacios para los vendedores ambulantes en carreteras municipales y facilitar el proceso para que estos comerciantes puedan obtener las patentes municipales que exige la reglamentación vigente.
A sus expresiones se unió el agricultor Juan Gabriel López, quien aseguró que alrededor de 15,000 vendedores ambulantes alrededor de la Isla pudieran verse afectados por las medidas de desalojo del DTOP.
El deponente también reclamó que la agencia muestre “evidencia contundente” de que existe un verdadero riesgo a la seguridad debido a la ubicación de los vendedores ambulantes al enfatizar, por otro lado, las condiciones deterioradas de las carreteras.
“Me parece que los hoyos de las carreteras, el alumbrado que no existe en nuestras carreteras… son mucho más peligrosos, causan mucho más daño que estos comerciantes que se buscan el pesito en las carreteras día a día”, manifestó López.
Al finalizar la vista pública, el representante Hernández Concepción adelantó que estará convocando una segunda vista pública y una mesa de trabajo con el propósito de llegar a consensos sobre las modificaciones que se propondrán en nuevo proyecto de ley.
“Vamos a terminar dándole dirección para el beneficio de ustedes como negocios, de la seguridad de la gente, que también son importante, y poder hacer las cosas de la manera correcta”, puntualizó el legislador.
El representante Joe “Joito” Colón Rodríguez, uno de los autores de las piezas durante la discusión puntualizó “lo que queremos es que estos comerciantes que están vendiendo sus cosechas, así como el que tiene un carrito de hot dog o de pincho, puedan sostenerse porque son personas que están buscando el bienestar para sus familias”.
A su vez, tanto la representante Estrella Martínez, autora de una de las piezas, como su homóloga, Gretchen Hau recalcaron la necesidad de uniformar las leyes y reglamentos relacionados con estos negocios, de modo que no haya espacio para interpretaciones subjetivas.
Durante los trabajos de esta audiencia pública participaron además la representante Nelie Lebrón Robles y el representante Roberto Rivera Ruiz de Porras.
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