La medida ante la Cámara de Representante pretende incorporar definiciones sobre la recurrencia de los ingresos adicionales del alimentante
(El Capitolio) – Mientras grupos de apoyo a padres no custodios respaldaron una nueva legislación que pretende modificar el cómputo de los ingresos por concepto de horas extras para establecer la pensión alimenticia, la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), por medio de su administradora auxiliar, la licenciada Paola Martínez, reiteró su rechazo a cualquier medida que pudiera comprometer el marco de protección establecido para garantizar la manutención de los menores.
La discusión legislativa giró en torno al Proyecto de la Cámara 1412, presentado a finales de agosto por el representante Ensol Rodríguez Torres con el propósito de establecer 13 meses consecutivos como requisito mínimo para clasificar las horas extras como ingresos. La propuesta también crearía nuevas reglas para pagos retroactivos, horas pendientes de pago, interrupciones justificadas o situaciones de emergencia.
Sin embargo, ASUME insistió ante la Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes- presidida por el representante Ricardo “Chino” Ocasio Ramos- que el estado de derecho ya provee mecanismos “suficientes y razonables” para manejar ingresos variables, su recurrencia y, cuando corresponda, su exclusión.
La licenciada Martínez fue enfática al señalar que “la capacidad económica debe determinarse a partir de la totalidad de la prueba y de las circunstancias particulares del caso, y no depender principalmente del cumplimiento de un término uniforme que podría no reflejar adecuadamente el patrón real de ingresos de la persona”.
De igual modo, reconoció que la medida difiere de proyectos de ley anteriores al reformular las definiciones de “recurrencia”, pero subrayó que su efecto práctico mantiene un esquema “rígido y estandarizado” sobre la manutención. Para la abogada, la propuesta legislativa no sustituye el análisis individualizado sobre la realidad económica del alimentante y las necesidades del menor, un punto que destacó en más de una ocasión.
A su vez, la funcionaria precisó que las Guías Mandatorias de la ASUME contemplan un período de 36 meses –o tres años– para obtener un promedio representativo del ingreso recibido por el padre no custodio y garantizan que las horas extras no serán consideradas por el juzgador del caso cuando el alimentante demuestre que, prospectivamente, no serán recibidas.
“Con estas consideraciones, si una parte recibe ingreso adicional por concepto de horas extras durante cierto período, esas cantidades también deberán beneficiar al menor como lo beneficiaría si residiera en el mismo hogar”, sostuvo Martínez.
En cambio, organizaciones a favor de enmendar las guías expresaron su respaldo al proyecto cameral, luego de relatar ante la comisión legislativa las experiencias de padres no custodios que han sido “penalizados económicamente” con pensiones basadas en un ingreso figurado por horas extras o comisiones no recurrentes.
En representación de la organización Impactando la Familia, la licenciada Martiza Cardona igualmente instó a los legisladores a evaluar la situación de los segundos empleos ante el alza en el costo de vida y que el período consecutivo para considerar las horas extras devengadas por el alimentante se reduzca a 12 meses calendario.
El autor de la medida igualmente peticionó cambios al texto legislativo para fijar el plazo en 12 meses calendario, al tiempo que el represente Ocasio Ramos informó que la Comisión de Bienestar Social se apresta a próximamente rendir un informe sobre el proyecto de ley.
“Todos los testimonios y todos los especialistas tienen una definición diferente, con un pensamiento diferente y un criterio diferente, lo que significa que, en casos similares, el juicio o el juzgador va a tomar una decisión diferente. Crea una desigualdad en el Estado y en la toma de decisiones”, opinó el representante Rodríguez Torres.
El reclamo también fue compartido por Raúl Cintrón, fundador de Movimiento Justicia Familiar Puerto Rico y miembro de la Guardia Nacional, quien narró las variaciones que puede atravesar su ingreso como militar. Según el deponente, adiestramientos, activaciones de emergencia o distintos estatus de servicio pueden elevar el ingreso durante un tiempo determinado y luego cesar al terminar esas órdenes.
“Un miembro de la Guardia Nacional o de la Reserva puede regresar a un empleo civil con un ingreso considerablemente menor mientras la obligación alimentaria no necesariamente cambia con la misma rapidez. Durante ese desfase pueden surgir atrasos, préstamos o incluso la necesidad de asumir un segundo empleo”, manifestó.
Por su parte, el Departamento de Justicia presentó un memorial explicativo en el cual recomendó que se revisen algunos aspectos de la redacción de la medida y concluyó que no identificó impedimento constitucional para continuar su trámite.
La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) se abstuvo de emitir juicio sobre asuntos de política pública, pero concordó en una ponencia escrita que el ordenamiento vigente atiende las disposiciones para el cómputo de pensiones alimentarias.
De esta vista pública también participaron los representantes Luis “Junior” Pérez Ortiz, Wanda del Valle Correa y Roberto López Román.
Leave a Reply