(El Capitolio) – La Comisión de Recursos Naturales, que preside la representante Elinette González Aguayo, comenzó este jueves la evaluación del Proyecto de la Cámara 1079, que moderniza las disposiciones y delimita las facultades de la Junta de Planificación (JP) con respecto a la “Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico” (Ley 292-1999).
La pieza, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, clarifica el alcance de esta ley con respecto a los derechos constitucionales sobre el disfrute de la propiedad privada dentro de esta zona creando así “el balance necesario para poder proteger los recursos naturales sin que esa conservación sea usada como pretexto para detener el desarrollo que es necesario para garantizar una mejor calidad de vida para nuestra gente”.
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), dio su apoyo a la medida mediante un memorial firmado por el secretario Waldemar Quiles Pérez, a la vez que recomendó enmiendas de modo que “cualquier esquema de implantación que se adopte preserve la jurisdicción y permita la discreción técnica del DRNA en aquellas determinaciones que requieran evaluación científica especializada sobre los recursos naturales presentes en la región cársica”.
“El DRNA reconoce el valor ecológico de la región cársica y la importancia de asegurar su protección y uso sostenible para beneficio de Puerto Rico. A su vez, reconoce los esfuerzos del Proyecto de la Cámara 1079 por actualizar y armonizar la política pública aplicable, promoviendo un balance adecuado entre la conservación ambiental y el desarrollo responsable”, puntualizó Quiles Pérez.
En ese sentido, el departamento destacó que “cualquier revisión el régimen jurídico vigente debe preservar la jurisdicción que la ley le confiere al DRNA y permitir la discreción técnica en la evaluación, manejo y conservación de los recursos naturales”.
El DRNA entendió meritorio “que toda revisión legislativa relacionada con la región cársica tome en consideración, principalmente la conservación de los recursos naturales y lo armonice con la necesidad de promover mecanismos claros y uniformes de planificación, evaluación y utilización responsables del terreno”.
Asimismo, sugirió que para asegurar consistencia en la implantación de esta propuesta es necesario revisar las referencias contenidas en el Artículo 5 del proyecto en cuanto al término de “secretario” relacionado con las actuaciones que corresponden a dependencias adscritas al DRNA. Esto incluye, la coordinación de estudios relacionados con la identificación y delimitación de áreas de alto valor geológicos, hidrológicos y ecosistémicos dentro de la región cársica.
Por su parte, el Lcdo. Héctor Morales Martínez, presidente de la Junta de Planificación (JP), al apoyar el proyecto comentó que la propuesta tiene el fin principal “de limitar el alcance del poder que tiene el DRNA y aclarar el poder de zonificar de la Junta de Planificación. Por lo tanto, propone modernizar la citada Ley 292 para establecer con claridad el rol de la JP en esta política pública y busca requerir que se tome en consideración el uso de la zona cársica como parte del desarrollo de Puerto Rico”.
“Resulta incongruente que la agencia que determine el uso de la zona del Carso no sea la JP, siendo esta la llamada a establecer las políticas públicas de usos de suelos en la isla para su mejor aprovechamiento, y que recaiga en una agencia cuya autoridad está instruida para la protección y vigilancia de los recursos naturales”, opinó Morales.
“Preservar, sin más, sin tener contexto y provocando que algunas personas puedan interpretar, incluso, que esta disposición se puede usar para detener el desarrollo de manera irrazonable, en detrimento de la calidad de vida de aquellos a quienes representamos”, fue rechazada por el deponente.
“La expectativa de que vamos a destruir un recurso yo creo que es exagerada. No se va a destruir la protección que tiene el Carso y lo vamos a hacer con responsabilidad y de acuerdo con la política pública que establezca la Legislatura y el Gobierno de Puerto Rico”, comentó el presidente de la JP.
Para ello, Morales mencionó que “es importante poder establecer un cuerpo ordenado donde se pueda manifestar el derecho propietario, respetando el ambiente y el derecho de terceros a vivir con seguridad, salud y bienestar en general”.
“Nosotros vamos a ver y vamos a redefinir los conceptos, para poder proteger el Carso, pero también para poder darle oportunidad a que la gente utilice los recursos y la propiedad privada”, afirmó el funcionario.
A preguntas de la representante González Aguayo, el deponente aseguró que cuenta con los recursos para encargarse de esta responsabilidad.
En su turno de interrogatorio, el representante Denis Márquez Lebrón cuestionó cuál era la revisión que se tenía que hacer en la ley, en el plan y en el reglamento que protegen estos recursos hidrológicos y ecológicos, en balance con los usos que sí se pueden realizar, a lo que el funcionario señaló que “es prerrogativa del legislador”.
“El articulo 3 de la Constitución dice que podemos legislar, pero el Poder Ejecutivo y la ciudadanía debe orientar, debe señalar si lo que debemos hacer los legisladores, porque no vivimos en un vacío, es correcto o es incorrecto”, en este caso en términos de planificación, expresó el representante Márquez Lebrón.
A lo que Morales le contestó que “usted está asumiendo que la JP va a restringir o va a derogar; yo le estoy diciendo que nosotros vamos a hacer un trabajo responsable y que va a haber participación ciudadana”.
El Departamento de Justicia (DJ) recomendó – en ponencia firmada por su secretaria Lcda. Lourdes Goméz Torres- que para clarificar el alcance del proyecto y facilitar su adecuada implantación se tome en cuenta la distribución de facultades de la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el DRNA.
Esta redistribución de facultades “deberá armonizarse con las competencias que otras leyes aplicables reconocen al DRNA sobre determinados recursos naturales, entre ellos, el agua, las cuevas y los sumideros, de manera que las agencias concernidas puedan ejercer sus respectivas funciones de forma coordinada y conforme al marco jurídico vigente”.
Aparte, sugirió definir el término de “materia prima” en cuanto a los recursos comprendidos bajo dicho concepto y su relación con las demás disposiciones de la ley”, en especifico en lo referente al lenguaje dirigido a reconocer la zona cársica como fuente de materia prima para el desarrollo económico.
“De igual forma, las disposiciones dirigidas a proteger el disfrute de la propiedad privada deben interpretarse de conformidad con los principios constitucionales aplicables al ejercicio del poder de reglamentación del Estado y a la justa compensación cuanto esta resulte jurídicamente exigible”, expuso.
A su vez, el Lcdo. Edwin Irizarry, en representación de la Asociación de Industrias Productoras de Agregados, favoreció la medida puesto que “el marco legal propuesto en este proyecto es uno meritorio y razonable, conforme al ordenamiento constitucional y cónsono con la facultad inherente de esta Asamblea Legislativa de hacer una reevaluación de las políticas públicas y el marco legal aplicable a la legislación especial que nos ocupa.
Entretanto, Abel Vale Nieves, presidente de la organización Ciudadanos del Karso (CDK) junto a Julio Rodríguez Planell, presidente de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico (SERPRI) y el abogado ambiental Lcdo. Pedro Saadé Lloréns, se mostraron en contra de la pieza al opinar que reduce “la protección efectiva”, de la Ley 292.
Vale Nieves indicó que, “el proyecto no deroga expresamente ni la Ley 292, ni el reglamento vigente que emana de dicha Ley. Nuestra objeción no depende de afirmar tal derogación: la alteración conjunta de la política pública, la definición territorial, las competencias institucionales y las reglas aplicables a los permisos reducen la protección efectiva aun cuando subsista el nombre de la Ley 292”.
En tanto, Saadé Lloréns indicó que la propuesta tiene “el objetivo fundamental de abrir las puertas a todo tipo de desarrollo sin control en la zona del Carso; eso va a causar un daño tremendo y nosotros exhortamos, imploramos a esta comisión que no apruebe el proyecto por el daño que va a haber”.
De igual forma, apuntó que entre los riesgos de esta iniciativa está la seguridad pública debido a caída de rocas que se desprenden del terreno e impactan a residencias aledañas, estableciendo como ejemplo los sucesos recientes en urbanizaciones tales como Villa España en Bayamón.
Mientras que Rodríguez Planell, sugirió que si lo que se desea es la obtención de materia prima, se debe enmendar la Ley de Corteza Terrestre y la Ley de Minas para que se pueda acceder a la roca caliza “que puede ser objeto de materia prima”.
“El Carso es una geomorfología, un paisaje que se desarrolla en medios rocosos sedimentarios donde predomina la disolución secundaria. O sea, la caliza es la roca y el Carso un proceso que da forma a un paisaje. La característica determinante del Carso es el drenaje subterráneo”, que finalmente percola a los acuíferos que son utilizados para suplir agua a los ciudadanos.
Como parte de los trabajos de esta audiencia pública, la representante González Aguayo informó que la Secretaría Auxiliar de Gerencia de Permisos (OGPe) no entregó el memorial en torno al proyecto y que no sería excusada de los trabajos. Tampoco se excusó al DRNA que estaba citado para deponer en la tarde.
Los representantes que también participaron de esta vista fueron Edgardo Feliciano Sánchez, Adriana Gutierrez Colón, Luis “Junior” Pérez Ortiz y Lisie Burgos Muñiz.
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