(El Capitolio) – La Comisión de Salud, presidida por el representante Gabriel Rodriguez Aguiló, inició el análisis del Proyecto del Senado 687, que busca crear la “Ley de Patrón de Personal de Enfermería en las Instituciones Médico-hospitalarias de Puerto Rico” con el propósito de establecer un número límite o patrón específico de pacientes a cada profesional de enfermería en los hospitales del País.
Durante la discusión de la pieza, el secretario del Departamento de Salud (DS), Dr. Víctor Ramos Otero, favoreció la pieza con enmiendas para que se incluya una serie de criterios de modo que el número de enfermeros “responda a la capacidad real de prestar cuidados seguros”.
“Recomendamos que la medida incorpore expresamente, además de la cantidad y complejidad de los pacientes, la preparación académica, la experiencia, las competencias clínicas, las certificaciones, los adiestramientos, la disponibilidad de recursos de apoyo y las normas de supervisión aplicables al personal asignado”, propuso el titular.
El galeno expuso que, “la insuficiencia o una necesidad administrativa no debe utilizarse para asignar funciones para las cuales una persona no posea la preparación, la competencia, la categoría o la autoridad profesional correspondiente”.
Sostuvo, además, que el proyecto debe distinguir con precisión “entre la supervisión clínica y las funciones administrativas, gerenciales o de dirección. El personal que desempeñe exclusivamente funciones administrativas o gerenciales no debe computarse para satisfacer el patrón mínimo de cuidado directo”.
Por lo que el personal con responsabilidad de supervisión clínica, “solo debe contabilizarse durante los periodos en que efectivamente disponible y asignado al cuidado directo, siempre que ello sea compatible con su categoría profesional, competencias y responsabilidades de supervisión”.
Entre sus recomendaciones, el secretario de Salud añadió que las definiciones operacionales de esta propuesta se armonicen con la “Ley para Regular la Práctica de Enfermería en Puerto Rico” y con el Reglamento para “Regular la Profesión de Enfermería en Puerto Rico”.
“El establecimiento de una proporción numérica no debe interpretarse como autorización para ampliar, restringir o modificar el alcance de práctica, ni los requisitos de asignación, delegación, dirección y supervisión correspondientes a cada categoría profesional”, puntualizó Ramos Otero.
En cuanto al proceso de fiscalización, el deponente sugirió “un mecanismo de evaluación periódica que permita medir, con criterios uniformes y evidencia, los resultados de la ley y la efectividad de los patrones adoptados”.
“La revisión debe considerar la seguridad y los resultados clínicos, la preparación y las competencias del personal los recursos disponibles y las necesidades de cada unidad, además de las proporciones numéricas”, agregó el deponente.
Ramos Otero señaló que la facultad de cada institución médico-hospitalaria, para revisar su patrón de personal cada cinco años, “debe permanecer sujeta al aval del Departamento de Salud, a criterios técnicos uniformes y a la reglamentación aplicable, de modo que la actualización del patrón no dependa únicamente de la determinación individual de cada institución”.
Según el secretario, la agencia que lidera espera por un estudio de impacto económico, autorizado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, comisionada a la firma presidida por el exsenador Juan Zaragoza, a lo que el representante Rodriguez Aguiló pidió que se entregue copia a la comisión tan pronto esté listo.
De igual modo, Maricel Delgado Ramos, presidenta de la Colegio de Profesionales de Enfermería de Puerto Rico, apoyó la pieza puesto que estos empleados en sus turnos pueden atender 15 o más pacientes, lo que aseguró “no permite una atención de excelencia”.
“Este proyecto busca atender la problemática actual que enfrentan los profesionales de la enfermería, en cuanto a la sobrecarga de trabajo, que es un factor limitante en el desempeño óptimo de estos profesionales y en el servicio que merecen nuestros pacientes”, dijo Delgado Ramos.
“El reto asociado a la deficiencia en el número de profesionales de enfermería en atención a los pacientes, tiene un mayor impacto en nuestros adultos mayores, quienes tienen un alto nivel de vulnerabilidad”, sostuvo la deponente.
“Otro factor a considerar en la evaluación, es que Puerto Rico tiene un por ciento alto de envejecidos que han sido abandonados por sus familiares, lo que requiere consideración, ya que la realidad fáctica en los hospitales es que muchos de estos adultos mayores están solos cuando son hospitalizados, lo que requiere de una mayor atención por parte de los profesionales de la enfermería”, añadió.
Por su parte, José Alverio Díaz, director ejecutivo de la Unidad Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud, planteó que “el gobierno de Puerto Rico debe tener un interés apremiante en el sector de la salud, la calidad de sus servicios y la seguridad de sus ciudadanos”.
“Esta ley debe reducir la fuga de talento hacia los Estados Unidos y otras instituciones no hospitalarias”, mencionó el Alverio Díaz, quien favoreció esta propuesta iniciada en el Senado.
El deponente relató que esta situación se viene arrastrando por décadas y explicó que al someterse el proyecto original de la Ley 27 del 2005 sobre el salario básico para enfermeras, “este contenía ese mandato, pero decidieron sacarlo como proyecto aparte y desconocemos que pasó con el mismo”.
Sin embargo, Eduardo Fantauzzi, en representación de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR), condicionó el apoyo por parte de esta organización a que la implementación de la iniciativa sea una “gradual y por fases”, al solicitar un plazo adicional de tres años para cumplir con este mandato.
“Esto aspecto adquiere especial importancia ante la escasez y migración de profesionales y las diferencias entre regiones e instituciones”, indicó Fantauzzi, quien citó un estudio económico en el que se afirma que el impacto para los hospitales es de aproximadamente $103 millones anuales.
El representante Rodríguez Aguiló, solicitó a este deponente la entrega de una copia de dicho estudio, al tiempo que informó que según información que le fue facilitada por correo electrónico, el Hospital de la Concepción, ubicado en San Germán, estimó que el cumplimiento con esta legislación costaría $10 millones cada año.
“El mandato rígido de la propuesta del proyecto puede tener un efecto de sustitución de enfermeras prácticas y reducciones de cualquier otro personal aliado de salud, para mitigar el impacto económico a corto plazo”, advirtió Fantauzzi.
Ante la posición de la AHPR, la representante Sol Y. Higgins Cuadrado, calificó como “una falta de respeto a los enfermeros” la posición de este organismo, puesto que “han pasado 11 años y ustedes viene hoy sin ningún tipo de información y nos piden tres años adicionales. Esto es y lo voy a decir tal cual, como querernos coger de bobos, estirar el chicle”.
A esta postura se unió el representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán y enfatizó que “ya es tiempo que tengamos soluciones inmediatas” para atender esta problemática que afecta el tratamiento de los pacientes y la salud de estos profesionales de la salud.
Mientras que el representante Denis Márquez Lebrón, cuestionó al deponente en torno al reconocimiento por parte de la organización “que unos estándares mínimos de personal van vinculados o benefician a los trabajadores de la enfermería y que son condiciones laborales adecuadas”.
Fantauzzi solicitó la oportunidad de consultar con la AHPR ya que no pudo abundar sobre la pregunta.
El presidente de la Comisión, Rodríguez Aguiló, aseguró que una vez se analicen las enmiendas y se determine el lenguaje de la pieza, citaran a todas las partes envueltas para que no les tome por sorpresa lo que se aprobará por parte de los representantes.
El representante José “Cheito” Hernández Concepción también participó de los trabajos de esta audiencia pública.
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