El Capitolio– El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó hoy que se le entregará a todas las delegaciones de la Cámara Alta la totalidad de la información que someta la Rama Ejecutiva en torno a los ataques o intentos de ataques cibernéticos de los cuales hayan sido objeto las agencias, juntas, comisiones, oficinas, negociados, cuerpos, departamentos, corporaciones públicas, autoridades, entidades o instrumentalidades bajo las diversas administraciones de la Fortaleza por los pasados 10 años.
“No tenemos objeción de las peticiones que ha hecho el compañero (Juan) Dalmau Ramírez. Lo único que vamos a solicitar es que se nos entregue a todos y cada uno de los senadores copia de esa información que ha pedido el compañero senador que va específicamente sobre los ataques cibernéticos que ha sido objeto el gobierno de Puerto Rico. No hay objeción que se entregue esa información a todos los senadores y senadoras tan pronto llegue y que se notifique que queremos la información a la mayor brevedad posible”, dijo Rivera Schatz tras recibir la petición en el Hemiciclo del Senado.
De igual forma, tan pronto se le envíe a la Cámara Alta, se le hará llegar a todos los senadores, toda la información existente relacionada a actos fraudulentos, tentativas de actos fraudulentos, transferencias ilícitas de dinero, robo y/o apropiaciones ilegales mediante el uso de mecanismos electrónicos, cibernéticos o digitales de los que hayan sido objeto las entidades antes destacadas. De igual forma, filtración robo, o intento de filtración de información sensitiva de personas particulares que se encuentre en los bancos de datos de las agencias, juntas, cuerpos, corporaciones públicas, comisiones, oficinas, divisiones, administraciones, negociados, departamentos, autoridades, entidades o instrumentalidades de la Rama Ejecutiva. Todas estas peticiones de información deben cubrir los últimos 10 años.
También, se deben detallar los mecanismos o protocolos de seguridad, protección e investigaciones existentes y/o implementados por los últimos 10 años para prevenir o procesar a las personas o entidades responsables de cometer ataques, robo de información y fraudes cibernéticos y/o digitales perpetrados contra las instrumentalidades bajo la Rama Ejecutiva.
Todas las peticiones anteriores deberán ser entregadas en un máximo de 10 días calendario.
Otra información que debe ser entregada, pero en esta ocasión por los Departamentos de Hacienda, la Compañía de Fomento Industrial y la Administración de Sistemas de Retiro es toda aquella relacionada con los ataques o intentos de ataques cibernéticos de los cuales hayan sido objeto por los pasados 10 años. También, actos fraudulentos, tentativas de actos fraudulentos, transferencias ilícitas de dinero, robo y/o apropiaciones ilegales mediante el uso de mecanismos electrónicos, cibernéticos o digitales, por la misma cantidad de años.
Asimismo, las filtraciones, robo o intentos de filtración o robo de información sensitiva de personas particulares que se encuentre en los bancos de datos de dichas agencias y los mecanismo o protocolos de seguridad, protección e investigación existentes y/o implementados en los pasados 10 años para prevenir o procesar a las personas o entidades responsables de cometer ataques, robo de información y fraudes cibernéticos y/o digitales perpetrados contra las agencias referidas.
Al igual que en la primera petición, en esta también se deben detallar los mecanismos o protocolos de seguridad, protección e investigaciones existentes y/o implementados por los últimos 10 años para prevenir o procesar a las personas o entidades responsables de cometer ataques, robo de información y fraudes cibernéticos y/o digitales perpetrados contra las instrumentalidades bajo la Rama Ejecutiva.
Para esta última petición, el tiempo de entrega es de siete días calendario.
Ambas peticiones son a tenor con la Regla 18.2 del Reglamento del Senado de Peticiones Tramitadas en el Cuerpo.
Investigará funcionamiento de sirenas de alerta de tsunamis
Una de las medidas aprobadas hoy con 26 votos a favor y uno en contra fue la Resolución del Senado 1314, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que ordena la Comisión de Seguridad Pública realizar una investigación sobre el funcionamiento del sistema de sirenas de alerta de tsunami tras el terremoto de magnitud 6.4 del martes, 7 de enero de 2020.
La preocupación del líder senatorial surge, según se desprende de la medida, debido a que el pasado 28 de diciembre, se comenzaron a sentir en el sur de la Isla una serie de sismos, que junto al terremoto de magnitud 6.4 ocurrido al sur de Guánica causaron serios daños en el sur y suroeste de la Isla y dejaron sin servicio eléctrico a todo Puerto Rico.
“Ese terremoto en específico, generó advertencias de tsunami, y las sirenas sonaron en algunos municipios, como por ejemplo Canóvanas, pero no así en todos los municipios que tienen los equipos de sirenas en funcionamiento. Por lo tanto, y tomando en consideración la seguridad de los residentes en estos municipios, resulta pertinente realizar una evaluación sobre el funcionamiento del sistema de sirenas de alerta de tsunami durante el evento sísmico del 7 de enero”, indica la pieza legislativa de la autoría de Rivera Schatz.
Las dos agencias que proveen información de alertas para Puerto Rico e Islas Vírgenes son: el Centro de Tsunami de Alaska a nivel federal y la Red Sísmica de Puerto Rico a nivel local. Las alertas de tsunami serán notificadas a los puntos focales: que son la Oficina Estatal de Manejo de Emergencias y la Oficina de Servicio Nacional de Meteorología, Oficina de Pronósticos de San Juan. Estos últimos son los encargados en diseminar y activar los planes de tsunami en caso de ser necesario.
“Las herramientas de alerta pública son esenciales para salvar vidas y proteger la propiedad en momentos de emergencias. El objetivo del programa de tsunami de la Red Sísmica de Puerto Rico es salvar vidas y minimizar daños a propiedad”, insistió el líder senatorial.
Por su parte, el senador Ángel “Chayanne” Martínez defendió la medida catalogándola como una “atinada”. “Esta medida es atinada en estos momentos debido a unos sucesos atmosféricos que han trascendido a nivel internacional y a veces pensamos que tenemos que esperar a que ocurran las desgracias para que las agencias pertinentes entren a hacer su trabajo”, señaló.
Si no tenemos un buen sistema de sirenas para los diferentes municipios que bordean la costa no estamos haciendo nada”, recalcó Martínez.
El vicepresidente del Senado Henry Neumann Zayas, explicó que esta medida de la autoría del Presidente del Senado se trata de que su autor quiere saber a ciencia cierta lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho después de concluida una investigación de la Comisión de Seguridad Pública que preside el propio Neumann Zayas, sobre otra medida similar pero enfocada en las alertas cuando los huracanes Irma y María.
“Quien iba a pensar que una vez concluyéramos la investigación de otra resolución similar que involucraba los huracanes íbamos a tener más de dos mil sismos. Son dos tiempos completamente diferentes”, enfatizó Neumann Zayas.
La Comisión de Seguridad Pública deberá rendir un informe que contenga sus hallazgo, conclusiones y recomendaciones, así como, las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, dentro de 90 días, después de la aprobación de esta Resolución.
A su vez, el Alto Cuerpo aprobó por unanimidad la Resolución del Senado 1313, también de la autoría de Rivera Schatz y que le ordena a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura investigar las razones por las cuales el sistema de aviso de alerta a teléfonos móviles del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) del Gobierno no fue activado tras el terremoto de magnitud 6.4.
