El secretario del Partido Popular Democrático (PPD), José Ariel Nazario, denunció que el único fin del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) y de Wanda Vázquez al ocultar el informe de los suministros encontrados en Ponce, era mantener en secreto la incompetencia, insensibilidad y la falta de diligencia del gobierno. Esto en medio de las necesidades que experimentaban familias en la zona suroeste de la isla a causa de los sismos registrados y de las carencias vividas posterior al paso del huracán María.
“Es lamentable concluir que el curso de acción tomado por el gobierno se trate de un grado de incompetencia jamás visto, o peor aún, de un encubrimiento deliberado de la verdad. Las determinaciones de hechos consignadas en la opinión del Tribunal revelan que el Departamento de Justicia y sus dependencias investigativas perdieron el tiempo”, sentenció Nazario. “El reclamo de confidencialidad por parte del gobierno era evitar que se revelaran dos cosas: que desde que se ordenó la investigación, se concluyó que el Gobierno no siguió las disposiciones reglamentarias federales exigidas para atender emergencias y desastres. Y, en segundo lugar, evitar contestar sobre la supuesta investigación, si alguna fue la que se llevó a cabo”.
A juicio del secretario del PPD, de la determinación judicial se desprenden dos asuntos medulares. El primero, la ordenación al gobierno de entregar a organizaciones periodísticas copia del informe preparado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), del Departamento de Justicia. El otro asunto medular es que el Informe Preliminar inspeccionado en cámara no contenía la información que argumentó consistentemente el Gobierno.
Conducta que, según el tribunal, no puede pasar desapercibida y es descrita como totalmente inaceptable. Además, la confidencialidad solicitada por el gobierno viola el derecho fundamental de acceso a la información pública, que está protegido en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
“La sentencia explica la negativa del Gobierno de entregar el informe, pues su publicación revelaría que en dos meses solo entrevistaron un testigo, no se recopiló evidencia documental o de cualquier tipo en la misma. Además, deja claro que existendemasiadas inconsistencias en el reclamo de privilegio y confidencialidad que alega el gobierno”, apuntó Nazario.
“Cualquier intento del Departamento de Justicia y el gobierno de recurrir, de la decisión emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para insistir en la confidencialidad de un informe, constituiría un abuso de poder. Mas aún cuando el mismo carece de contenido que justifique una consideración de tal privilegio ante el reclamo público y periodístico. Estos actos de encubrimiento y de manipular la información pública tienen que ser repudiados por la ciudadanía y todo grupo que respete el derecho de un pueblo a la información, y el deber de los gobernantes de rendir cuentas”.
