6 de abril de 2020
Dr. José Eligio Hernández Secretario del Departamento de Educación Apartado 190759, San Juan Puerto Rico 00919-0759 (Vía correo electrónico: Hernandez_eli@de.pr.gov)
Sr. Eleuterio Álamo, Subsecretario alamofe@de.pr.gov
Sa. Migdalia Torres, Ayudante Especial torrescm@de.pr.gov
Estimado Dr. Hernández:
Somos un grupo de organizaciones y personas comprometidas con la salud integral y los derechos humanos de Puerto Rico. Trabajamos en distintas áreas del saber y la gestión social, tales como vivienda, salud, seguridad, desarrollo económico, trabajo social, psicología, derecho, organización comunitaria, seguridad alimentaria, educación y seguridad. Nuestres integrantes también tienen en común un compromiso con los derechos humanos de las personas que habitan nuestro país. Es desde ese compromiso que el domingo 29 de marzo nos constituimos como una Mesa Social para colaborar con el manejo del COVID 19 en Puerto Rico y mantener en el foco de las acciones públicas y privadas un análisis de derechos humanos que permita garantizar la vida, dignidad y bienestar de todas, todos y todes.
Como parte de nuestro trabajo elaboramos una lista de asuntos que ameritan la atención inmediata del gobierno. Algunos de ellos ya han sido presentados ante la Legislatura y ante la Rama Ejecutiva como acciones necesarias y urgentes para atender de manera integral la pandemia. Sin embargo, aún se esperan respuestas de parte de las agencias de gobierno, de usted y de otras personas responsables de su implantación. [Le incluimos copia de la carta enviada a la Gobernadora Wanda Vázquez Garced]
Como usted ya sabe, el COVID-19 no solo ha traído consigo un impacto en la salud física de los y las puertorriqueñas, sino que ha trastocado la vida de cada ser humano del planeta. Esto incluye a la niñez y juventud de nuestro país. También a las personas adultas a cargo de su cuido y educación.
Aspectos como el empleo, la economía, la alimentación, la salud mental, las dinámicas familiares, la recreación y la educación, han sufrido grandes cambios desde que comenzó el distanciamiento físico y las demás medidas ordenadas por el gobierno a partir del 16 de marzo de 2020. Uno de los componentes sociales que ha sufrido un gran impacto, en lo público y en lo privado, es el educativo. Si tomamos en consideración que nuestros estudiantes- tanto del programa general como del de Educación Especial- llevan cerca de tres años de interrupciones en los servicios educativos por eventos catastróficos, se hace particularmente necesario proteger no solamente su salud física, sino también la emocional y mental.
En las pasadas semanas se realizó una transición abrupta de un modelo de educación presencial- en el que las y los estudiantes acuden a una escuela y donde maestros/as imparten cada materia en un horario establecido y con los criterios de la docencia requeridos- a un escenario “virtual” en sus hogares, donde las personas adultas a cargo, reciben planes de trabajo y módulos a través de plataformas en línea que deben ser completados en sus hogares y enviados dentro de plazos pre-establecidos. A pesar de que usted ha hecho expresiones previas de que ningún estudiante debería ser penalizado por no completar los módulos, hay personal docente presionando a las familias para que los mismos se completen y muchas otras familias siguen sintiéndose bajo presión pensando que serán penalizadas si sus niñas, niños y jóvenes no completan los mismos.
Gran parte de nuestra niñez, 6 de cada 10 estudiantes, vive en pobreza1. Por lo tanto sus familias muy probablemente no tienen los conocimientos pedagógicos ni el acceso a la tecnología que se les requiere para completar estas tareas. Esta exigencia abona a la tensión que ya sufren muchas de esas familias al no poder cumplir con las responsabilidades económicas básicas de la familia. En este momento más de 100,000 personas están solicitando los beneficios del desempleo y miles el beneficio del Programa de Asistencia Nutricional. Imagine el impacto de este cuadro económico en las vidas de las y los menores de esas familias.
La manera en que el Departamento de Educación ha manejado el tema de educación a distancia, no considera la diversidad que caracteriza la matrícula que se atiende dentro del sistema público de enseñanza del país. Por un lado, los niños, niñas y jóvenes del programa de Educación Especial quedan desprovistos de la rigurosa atención de maestras(os) del Programa y del personal de apoyo (Trabajadoras(es) 1), responsables de reforzar las destrezas dadas en momentos regulares de clase. A la vez, se puede observar cómo se ha disparado la tensión en quienes no poseen los recursos antes mencionados para cumplir con esta función desde el hogar. Y esto no solo se refleja en
1 Según el informe del Instituto de Desarrollo de la Juventud y usando como fuente de datos Census Bureau-Puerto Rico Community Survey, 2016.
los estudiantes, el personal docente también enfrenta esta situación. En el personal docente también hay madres, padres o personas cuidadoras de menores. Algunos tienen que salir a trabajar sin contar con los recursos de apoyo que tenían antes de la pandemia. El distanciamiento físico limita las posibilidades de poder recurrir a sistemas de apoyo usuales como lo son la familia extendida y la comunidad. La carga académica bajo estas condiciones puede traducirse en detonantes para la violencia, enfermedades mentales y otras situaciones de riesgo, principalmente para las mujeres del país, que son en su mayoría jefas de familia o que viven situaciones de violencia de género que abonan a la tensión emocional ante esta emergencia2.
Por otro lado, los comedores escolares de las escuelas públicas proveen el principal mecanismo de alimentación de nuestra niñez y los jóvenes que cursan grados del Kinder a Cuarto Año. Ante una cuarentena, en la que ya han transcurrido tres semanas, sabemos desde las diversas áreas de trabajo de todes las que componemos la Mesa Social que existen grupos vulnerables que reclaman por alimentos al ver sus almacenas están vacías.
Nos preocupa grandemente la poca transparencia y la falta de análisis que ha prevalecido en la toma de decisiones acerca de la distribución de los alimentos de los comedores escolares a través de organizaciones privadas. ¿Cómo se garantiza una distribución equitativa de recursos? ¿Cómo el Departamento de Educación descarga su responsabilidad de alimentar a nuestra niñez sin tener un control efectivo de los recursos que con tanta liberalidad ha entregado al sector privado? Hay familias que no tienen transportación propia, no hay transportación pública accesible y no hay un mapa de puntos de distribución de alimentos disponible para que personas al margen de la tecnología sepan dónde ir a buscarlos. En estos momentos el Departamento de Educación está en incumplimiento con la Families First Coronavirus Response Act, que permite a los estudiantes acceder a las comidas que sirven en las escuelas y destinó fondos para cumplir con esta orden.
Esto, sumado a lo antes expuesto, nos lleva a levantar nuestras voces y a exigir medidas para ser implementadas por la institución que usted representa.
Avalamos el comunicado de prensa de la Asociación de Psicología de Puerto Rico y de la Asociación de Psicología Escolar en torno a la preocupación sobre el cúmulo de responsabilidades que conlleva el tener que atender las necesidades escolares de sus hijos e hijas durante la Pandemia, el cual citamos en parte:
“Con esta emergencia las escuelas han tenido que adaptar sus clases a modalidades a distancia para proveerle a los(as) estudiantes las destrezas necesarias para su educación. Esto ha provocado que los(as) cuidadores tengan que asumir nuevos roles en la enseñanza de los niños(as), además de las responsabilidades diarias y laborales que algunos mantienen. La educación a distancia ha sido un proceso de ajuste y adaptación en muchos hogares, lo que ha provocado altos niveles de estrés y ansiedad, afectando la dinámica familiar. De igual forma, los(as) maestros están enfrentándose a un nuevo sistema de enseñanza que, en muchas escuelas, no estaba contemplado en un currículo regular de enseñanza”.
Considerando la seriedad de lo anteriormente señalado, solicitamos que tome en acción en torno a los siguientes reclamos:
1. Informar de manera clara y asertiva a través de los diferentes medios de comunicación (televisión, radio, prensa, medios sociales) que ningún-a estudiante será penalizado por no poder tener acceso a la educación remota (en línea) o no poder adaptarse a esa forma de enseñanza debido a sus necesidades individuales o la falta de recursos familiares. 2. Eliminar los módulos de enseñanza y permitir que el uso de los mismos sea
totalmente voluntario por parte de las familias. 3. Abrir los Comedores Escolares salvaguardando la seguridad de personal a cargo y, a su vez, establecer una logística sensible a las realidades de las familias para que éstas puedan recoger el alimento de sus menores. 4. En cuanto a los servicios de Educación Especial, éstos deben ser ofrecidos de forma que cumplan con los planes de servicio aprobados para cada menor y utilizando todos los recursos tecnológicos y físicos necesarios para garantizar su efectividad. El Departamento debe garantizar el pago al personal a cargo y la asignación de los recursos necesarios.
Cordialmente,
Mesa Social mesasocialpuertorico@gmail.com Puede encontrar más info en: https://www.facebook.com/MesaSocialPuertoRico
Janice Soliván Roig Dra. Ángeles Acosta Portavoz Portavoz
Lcda. Amárilis Pagán Jiménez Portavoz
