Un grupo de organizaciones, fundaciones, Colegios Profesionales y personas dedicadas al servicio a la comunidad, se reunieron el pasado lunes con funcionarios de La Fortaleza y de varias agencias del gobierno, para explicar la importancia de la creación de un Task Force Social como parte de las medidas para atender la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico.
Durante la reunión, el grupo de organizaciones le expresó a los funcionarios gubernamentales el por qué se hace imprescindible la integración del Task Force Social a la mesa decisional sobre el manejo de esta emergencia de salud.
La Dra. Mabel López, presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), explicó que “cuando discutimos las necesidades y situaciones sociales que se han hecho más complejas frente al aislamiento físico y el confinamiento en nuestras casas, se exacerban situaciones que colocan a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad. Los medios de comunicación han reseñado, y nuestras organizaciones, en su trabajo diario, han constatado, el aumento en casos de maltrato a niños y adultos mayores; violencia de género, feminicidios, así como un aumento en situaciones de salud emocional y mental; el desempleo, inseguridad alimentaria; otras situaciones que validan que la pandemia tiene otras muchas miradas y vertientes que atender”.
Las organizaciones que conforman el Task Force Social se mantienen en operación y han incrementado su impacto en la población. “Como grupo unido, reconocemos que las situaciones sociales identificadas se enmarcan en el ámbito del acceso a los derechos humanos de forma equitativa, así como el impacto de estas situaciones en poblaciones vulneradas como adultos mayores, niñez, juventud, mujeres, personas LGBTTQI+, personas con diversidad funcional, personas encarceladas, migrantes, personas sin hogar, y el pueblo trabajador de forma formal e informal”, manifestó Marcos Santana, presidente de la Red de Albergues.
Por su parte, la Dra. Kalixta Baerga, presidenta de Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, destacó que, “aunque el aspecto de salud es importante, no podemos desatender otros elementos de esta crisis. Las medidas de cuarentena, el aumento en las responsabilidades de las familias en sus hogares y la preocupación relacionada a los asuntos de la enfermedad pueden exacerbar ansiedades y situaciones de salud emocional que deben ser atendidas.
“En nuestro compromiso con la ciudadanía, las organizaciones y personas que conformamos este junte de voluntades se hace disponible para colaborar con el gobierno, en la medida de lo posible y que nos lo permitan. Anunciamos al país que hemos dado un paso al frente y estaremos ampliando las voces de nuestra gente en la búsqueda del mayor bienestar común”, esbozó Ricardo Alegría, presidente del Comité de Derechos para la Niñez del Colegio de Abogados y Abogadas. “Si el Estado se vuelca a la gente, a sus colegios profesionales, sindicatos, asociaciones y a la academia podrá replicar lo aprendido como producto de la pandemia: escuchar a expertos que hablan no desde la confianza partidista, sino desde el conocimiento y el compromise”, expresó por su parte el licenciado Edgardo Román presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
En momentos donde la salud, la vivienda, la alimentación y la seguridad, además de ser derechos son, entre otras, preocupaciones de día a día de nuestra ciudadanía. La doctora López alertó que “el país puede confiar en nosotros, estaremos activos y vigilantes en la defensa de sus derechos”.
