(Para administrar programa de desempleo)
El Capitolio – En vías de que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) esté en posición de diseñar e implementar estrategias más efectivas para administrar los programas de desempleo y fiscalizar los mismos, el Senado ordenó hoy al Departamento de Hacienda a que entregue al DTRH la información contributiva de los patronos.
A esos efectos se aprobó el Proyecto del Senado 1645, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y de la senadora Migdalia Padilla Alvelo.
En el informe positivo de la medida, Padilla Alvelo, quien es la presidenta de la Comisión de Hacienda, expuso que tras los desafíos que ha enfrentado la Isla en estos primeros seis meses del 2020 (terremotos y la pandemia del COVID 19) ha habido un aumento “sin precedentes” a las solicitudes al seguro por desempleo.
“Este aumento, junto a las dificultades inherentes de correr una agencia del gobierno durante la pandemia, causó el atraso de la ayuda que tantas familias puertorriqueñas necesitan”, aseguró Padilla Alvelo.
“Estas experiencias han demostrado la necesidad de tener un sistema del seguro por desempleo robusto, que pueda atender a aquellos que lo necesitan cuando lo necesitan. Esta Asamblea Legislativa buscará dar herramientas al DTRH para mejorar el servicio que se la a nuestra ciudadanía y prepararse para emergencias futuras”, aseveró Padilla Alvelo.
Actualmente la “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico” dispone que todo patrono viene obligado a pagar una contribución con respecto a los salarios por empleo. De dicha contribución, la cual es administrada por el DTRH, se costea el seguro por desempleo. Sin embargo, a pesar de que dicha ley le confiere al DTRH las herramientas para inspeccionar los récords de los patronos, en miras de verificar que hayan pagado las contribuciones correspondientes, la agencia laboral no tiene la opción de solicitar a Hacienda la información que los patronos someten como parte de su planilla de contribución sobre ingresos.
Aprueban medidas de seguridad pública
Por otra parte, la Cámara Alta aprobó un paquete de medidas enfocadas en seguridad pública. Proyecto del Senado 1459 de la autoría del senador Héctor Martínez Maldonado para enmendar la
“Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de establecer un procedimiento para garantizar la conservación de evidencia biológica relacionada con la comisión de ciertos delitos graves. Esta medida es para que en los casos donde el Estado haya levantado evidencia biológica obtenida de una víctima y/o escena relacionada con la comisión del delito de asesinato, secuestro, incesto o agresión sexual, en cualquiera de las modalidades o tentativas de estos, el Negociado de Ciencias Forenses deberá conservar dicha evidencia biológica, mientras el caso no sea esclarecido; o mientras una persona convicta por un caso criminal relacionado a dicha evidencia biológica, permanece confinada, en probatoria, libertad bajo palabra, bajo medida de seguridad, o sujeto a ser registrado como un ofensor sexual.
Proyecto del Senado 1490 de la autoría del senador Martínez Maldonado para enmendar las Reglas de Evidencia de 2009, a los fines de establecer criterios adicionales en los casos criminales, para guiar la discreción de los tribunales en la determinación de admisibilidad del testimonio pericial ofrecido con el propósito de presentar evidencia de carácter científico. Proyecto del Senado 1556 del senador Martínez Maldonado para enmendar la “Ley de Armas de Puerto Rico” a los fines de atemperarla a la política pública del gobierno en cuanto a la rehabilitación moral y social de los infractores.
Piden garanticen servicios básicos a víctimas de violencia doméstica
El Alto Cuerpo aprobó a su vez la Resolución del Senado 574 de la autoría senadora por Acumulación Itzamar Peña Ramírez ordenando a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a que le garanticen los servicios de agua potable y energía eléctrica respectivamente, a toda persona que haya sido víctima de violencia doméstica, y que esté refugiada en un albergue para víctimas de violencia doméstica, aunque exista una deuda pendiente de pago a su nombre, cuando ésta se encuentre en proceso de ser reubicada en una vivienda. “Son muchas las víctimas, que para preservar sus vidas y las de sus hijos, se ven en la necesidad de abandonar sus hogares, trabajos, alejarse de sus familiares, en otras palabras, esconderse, para evitar que la parte agresora las localice y pueda atacarlas. Muchas de estas víctimas son recibidas en diferentes hogares de instituciones sin fines de lucro que albergan mujeres víctimas de violencia doméstica y sus hijos, tales como Casa de Todos,
Casa de la Bondad, Casa Protegida Julia de Burgos, Hogar La Piedad, Casa Protegida para Mujeres y Niños, Hogar Ruth, entre otros”, manifestó la legisladora en la medida. Explica la pieza legislativa que, en dichos lugares, la mujer y sus hijos reciben ayuda temporera a través de servicios de vivienda, alimentación, cuidado de salud, física, psicológica y emocional; trabajo social y servicios legales, de manera que puedan prepararse para que eventualmente puedan reinsertarse en la comunidad de manera autosuficiente.
“Sin embargo, cuando las víctimas tratan de independizarse y tener su propio hogar nuevamente, se enfrentan a la problemática de que, al solicitar los servicios de agua y energía eléctrica, se les niegan estos servicios cuando existen deudas a sus nombres.
Actualmente, esta situación está impidiendo que las víctimas puedan dejar los albergues para rehacer sus vidas”, expresó la senadora Peña Ramírez.
Explicó que, como parte del abuso y la violencia que las víctimas recibieron de sus agresores, en muchos casos éstos les retenían y controlaban todo el ingreso que ellas podían producir y/o no le daban acceso al dinero familiar. Ante esta situación, las víctimas desconocían cómo o en qué se utilizaba el dinero familiar; acumulándose deudas de servicios básicos del hogar, tales como el servicio de agua y energía eléctrica, entre otros. “Por lo tanto, es necesario que, cuando las víctimas busquen rehacer sus vidas de manera independiente, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), les garanticen el servicio y no utilicen como pretexto para negarle el servicio, la existencia de deudas pendientes de pago, que son producto precisamente del maltrato y la violencia que vivieron a manos de sus agresores”, insistió la también presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado.
Según datos de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, los incidentes de violencia doméstica desde enero al 1 de abril de 2020 rondan en los 315 casos. “Como gobierno tenemos que ayudar a que las víctimas puedan salir adelante, dándoles las herramientas que le permitan ser independientes y autosuficientes”, puntualizó Peña Ramírez.
Durante la Sesión de hoy se aprobaron 35 medidas.
Por disposición constitucional mañana jueves, 25 de junio; es el último día de aprobación de medidas. Sin embargo, la Asamblea Legislativa tiene hasta el 30 de junio para aprobar piezas legislativas que estén en comités de conferencia.
La Sesión será a las 11:00 a.m.
