Testimonio ante el Comité de Descolonización Organización de Naciones Unidas Juan Dalmau Secretario General Partido Independentista Puertorriqueño
Mi nombre es Juan Dalmau Ramírez y soy el Secretario General del Partido Independentista Puertorriqueño en cuyo nombre testifico en la mañana de hoy.
El experimento colonial estadounidense en Puerto Rico ha fracasado. Nunca fue viable y hoy día se ven con mayor dureza sus consecuencias dañinas en nuestro pueblo.
Muestra de ese fracaso han sido más de quince años de depresión económica y una deuda pública impagable de más de setenta mil millones de dólares. Hoy el pueblo puertorriqueño está más empobrecido, con las limitaciones estructurales de un régimen colonial colapsado y sin las herramientas competitivas que ofrece la independencia para enfrentar esos graves retos.
Además del fracaso colonial, existen dos circunstancias recientes que han agravado la situación económica y social en Puerto Rico. La primera es la imposición unilateral por parte del Congreso de los Estados Unidos de una Junta de Control Fiscal, cuyos miembros no son electos por los puertorriqueños, pero que ejercen las prerrogativas de un supra gobierno con facultades y autoridad mayores de las que raquíticamente antes ejercían las ramas constitucionales del gobierno de Puerto Rico. Las políticas impuestas por la Junta de Control han tenido efectos de empobrecimiento, retraso económico y desmantelamiento de servicios esenciales.
En segundo lugar está el fenómeno de la gentrificación, que es otro modelo de desplazamiento por parte de extranjeros contra puertorriqueños. Estadounidenses multimillonarios aprovechan la condición de pobreza de la población para, con la protección contributiva del gobierno, adquirir propiedades para luego segregar y excluir a comunidades enteras.
Ante estas difíciles circunstancias ha habido dos desarrollos que dibujan un escenario propicio para el avance de nuestra descolonización. En primer lugar, en las pasadas elecciones del 3 de noviembre de 2020 los partidos gobernantes (anexionista y colonialista) obtuvieron el menor apoyo electoral que nunca antes (apenas un 33% cada uno). En cambio, el Partido Independentista Puertorriqueño obtuvo un resultado sin precedente en la historia del país con un 14% del apoyo electoral (174,403 votos). Esto representa un aumento de siete veces lo que había obtenido el PIP en pasadas elecciones. Este porciento, sumado a otras propuestas electorales alternativas al bipartidismo colonialista y anexionista, representó el 36% de apoyo del electorado. En Puerto Rico hay ambiente y voluntad de cambio.
Por otra parte, en Washington se ha presentado una iniciativa legislativa por las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio. EL HR2070 propone la Ley para la Autodeterminación de Puerto Rico. El proyecto invita a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a convocar una Asamblea de Estatus y contiene dos elementos cruciales que son indispensables: el que las alternativas estén fuera de la cláusula territorial, y que los puertorriqueños puedan escoger con conocimiento de causa entre alternativas que sean el fruto de una negociación con el liderato del Congreso por medio de una Comisión Especial.
Debo destacar que esta semana en un acto de reafirmación colonial, el Departamento de Justicia federal indicó que este proyecto debía incluir la opción territorial. Es decir, el absurdo de que se debe incluir la opción de la colonia para resolver el problema de la colonia. Esa pretensión es inaceptable y merece la más contundente denuncia y repudio. El Departamento de Justicia federal pretende que la opción colonial, la misma que ellos han dicho que les permite tratar a Puerto Rico como una propiedad que puede ser cedido o vendido a otro país, sea una alternativa a incluirse en el proyecto de ley.
El Departamento de Justicia federal ignoró convenientemente que Estados Unidos es uno de los países firmantes del Tratado de Derechos Civiles y Políticos que obliga a la erradicación del colonialismo y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Siendo un tratado ratificado, el mismo tiene vigor de ley en Estados Unidos y es vinculante sobre las acciones de ese gobierno.
Ante las condiciones antes descritas, ahora más que nunca antes es indispensable el apoyo internacional. Si bien es cierto que nos corresponde a los actores del proceso político puertorriqueño la tarea de forzar al Congreso y al Gobierno de los Estados Unidos a descargar su responsabilidad descolonizadora, no es menos cierto que la comunidad internacional tiene los instrumentos y la responsabilidad de propiciar condiciones que estimulen a los Estados Unidos al cumplimiento de sus obligaciones conforme a la Resolución 1514 (XV).
Ante los nuevos desarrollos, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, nos urge ahora enfrentar el reto de movilizar y encausar los esfuerzos de los aliados en la comunidad internacional. La persistencia del coloniaje en Puerto Rico constituye una afrenta permanente a la dignidad del pueblo puertorriqueño y una violación permanente de sus derechos fundamentales.
Hay que insistir, como lo hace la Resolución, en que la Asamblea General examina el caso colonial de Puerto Rico. Ello generaría una poderosa y eficaz presión moral y jurídica sobre los Estados Unidos para que el Congreso y el gobierno de ese país no pudieran continuar utilizando pretextos para permanecer en flagrante incumplimiento de sus obligaciones descolonizadoras bajo el derecho internacional.
Tan sólo falta que en estos tiempos nuevos tan propicios, ese caudal enorme de apoyo internacional a la descolonización y la independencia de Puerto Rico se canalice eficazmente en Naciones Unidas. Ese empujón será la víspera de la conquista de la independencia de Puerto Rico por la voluntad de los puertorriqueños.
