A DOS AÑOS DE LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EL ESTADO NO TIENE UN PLAN PARA ATENDER A LAS PERSONAS SIN HOGAR
¿CUANDO DAN POSITIVO, DÓNDE HACEN CUARENTENA Y SON ATENDIDOS?
(San Juan, Puerto Rico – 12 de enero de 2022) Desde que comenzó la pandemia y las Órdenes Ejecutivas, en marzo del 2020, la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced, como medida de prevención del COVID-19, mediante la Orden Ejecutiva número OE-2020-025 le delegó al Departamento de la Familia, Departamento de Vivienda y Departamento de Salud establecer un protocolo para la provisión de servicios médicos a las personas sin hogar que pudiesen dar positivo a Covid-19, así como espacios para cuarentena y aislamiento de aquellas personas sin hogar de quienes se tenga sospecha o evidencia de contagio con el virus. También, la entonces gobernadora, decretó que estas agencias del gobierno central, en coordinación con otras agencias e instrumentalidades, organizaciones de base comunitaria, gobiernos municipales y el sector privado, desarrollasen iniciativas que permitiesen la adecuada y pronta implementación de lo dispuesto en dicha Orden. Es importante señalar que inicialmente el gobierno federal asignó al Estado, $35 millones para que se trabajara con esta población.
Es alarmante y sumamente preocupante que, luego de casi 2 años que el país ha estado manejando la emergencia de la pandemia y otros asuntos medulares, el Estado no haya establecido un plan de acción concreto para las personas sin hogar, aún con el aumento en los porcientos de positividad, las hospitalizaciones y por consecuente, las muertes lamentables.
Desde que se decretó el estado de emergencia causado por el COVID-19 en marzo de 2020, Corporación La Fondita de Jesús y otras organizaciones sin fines de lucro hemos hecho una diversidad de acercamientos para ponernos a disposición y colaborar en la elaboración de un plan concreto que atendiese las necesidades causadas por esta pandemia. Así, abordando interrogantes apremiantes, como por el ejemplo; en caso de dar positivo una persona sin hogar: ¿Dónde la ubicamos? ¿Pasará su proceso de cuarentena en la calle? ¿Qué seguimiento y tratamiento el Estado le proveerá para evitar que esta persona tenga otras complicaciones de salud?, y por último, ¿Cómo el Estado dará un seguimiento preventivo y evitar otros posibles brotes de contagio? El Estado no ha demostrado interés en trabajar con las organizaciones comunitarias para hacer una estrategia y trabajar en equipo para atender la crisis efectivamente.
Hasta el día de hoy en Corporación La Fondita de Jesús, organización que lleva 36 años proveyendo servicios a personas sin hogar y a otras poblaciones en desventaja, no ha recibido un comunicado o instrucciones por parte de alguna agencia gubernamental, de cuáles son los protocolos establecidos para estos casos. Las personas sin hogar son una población que ya es marginada y continúa siendo de poco o ningún interés para el Estado. Cabe destacar que la población de personas sin hogar es una cuyo perfil ha continuado transformándose consistentemente dadas las eventualidades de emergencia que han impactado al país en los últimos años. Es una población diversa que incluye niños, jóvenes, viejos, personas con problemas de salud mental, hombres, mujeres, personas de la comunidad LGBTQIA+, familias, desempleados, desplazados y otros.
Es importante señalar que existen múltiples organizaciones sin fines de lucro, organizaciones privadas y municipios que han estado sirviendo a las personas sin hogar, incluso antes de que comenzara el toque de queda como respuesta a la crisis causada por el COVID-19. Como, por ejemplo, la organización sin fines de lucro Guara Bi que ha sido la única organización que recibe los casos de personas sin hogar con diagnóstico positivo al COVID, brindándoles un espacio de cuarentena y proveerles un servicio de seguimiento residencial 24/7. En momentos cuando los contagios han aumentado, se complica la disponibilidad de espacio para atender la crisis. Sin embargo, no ha surgido una iniciativa del Estado donde se habilite o se seleccione un lugar para que esta población tan vulnerable pueda hacer una cuarentena, evitando así brotes innecesarios.
Durante esta pandemia, a Puerto Rico han llegado recursos y fondos como nunca, muchos se los han dado a entidades privadas y millones de dólares se han perdido, por la falta de eficiencia e interés de las agencias gubernamentales que están a cargo de administrarlos, para que los recursos lleguen a los más vulnerables. Fondos que pudieron ser utilizados por organizaciones sin fines de lucro para poder seguir brindando mejores servicios, pero sobre todo evitando, a través de su ardua labor, que esta emergencia se siga agravando, entre las personas más vulnerables del país. La pandemia no es solo vacunas y pruebas de COVID (que no hay esfuerzos concertados del sector gubernamental para llegar a las poblaciones vulnerables), sino también es prevención, buena nutrición, higiene adecuada, cuidados de salud física y mental, espacios dignos para aislarse en cuarentena, acompañamiento y seguimiento.
Le hacemos nuevamente la invitación al Estado, y solicitamos participación en los procesos relacionados a las personas sin hogar, y otras personas vulnerables, como los viejos en las comunidades. La mayoría de los adultos mayores no viven en asilos, residen en comunidades desventajadas, sin recursos de apoyo y acceso limitado a servicios. De igual manera, solicitamos participación en otros asuntos críticos donde el colectivo pueda ser útil. Recabamos respetuosamente a la diligencia del honorable Gobernador Pedro Pierluisi, para que se concretice e implante el plan para atender las necesidades de las personas sin hogar, que se encuentran a la merced de tantos factores de riesgo, frente a la amenaza directa de contagio con el COVID-19.
Ante esta emergencia y la fragilidad del tejido social de Puerto Rico, tenemos que unirnos. El sector sin fines de lucro y el Estado debe ser un equipo, para prevenir o mitigar estas y otras futuras emergencias que puedan surgir. Las organizaciones sin fines de lucro hemos demostrado que tenemos la infraestructura, la integridad y la capacidad administrativa para trabajar con las diversas poblaciones vulnerables del país consiste, efectiva y eficientemente. Al igual, que para responder pronta y adecuadamente en momentos de crisis o emergencia. Nosotros hacemos nuestra parte y tenemos siempre el compromiso y la acción presente. Necesitamos que el Estado haga su parte y asuma la responsabilidad que le corresponde, que es quien tiene el deber ministerial, legal y fiscal de atender estas poblaciones.
POR: JOSUE MAYSONET COLON – DIRECTOR EJECUTIVO; CORP. LA FONDITA DE JESUS
