Lleva años polémica entre dueños de escuelas de conducir, representante Ángel ‘Tito’ Fourquet Cordero celebra vista para atender sus reclamos.
(PONCE) El representante por Ponce Ángel ‘Tito’ Fourquet Cordero, presidente de la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste celebró hoy una vista pública para atender reclamos de los dueños de escuelas de conducir de la región de Ponce, que afectan a dichos negocios en todo Puerto Rico. La vista se realizó en virtud de la Resolución de la Cámara 579, que ordena realizar una investigación exhaustiva sobre las facultades y deberes del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP), su reglamento y alcance con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), en la otorgación de exámenes de conducir, sus categorías de licencia, las escuelas de conductores de la Región de Ponce.
En el encuentro celebrado en las facilidades del estadio Pachín Vicéns de Ponce, depusieron oficiales de las escuelas de conducir Jeannette Driving School, Robles Jr. Driving School, New N Lúgaro Driving School, Iris Driving School y Pazo Driving School, quienes expresaron su oposición a que se les defina como ‘empresa de vehículos de alquiler’ por parte del Negociado de Transporte, quien reglamentaría los requisitos para las clasificaciones de licencias de conducir de chofer y conductor de vehículos pesados de motor y sus subdivisiones.
Los dueños de las escuelas de conducir señalaron que a través de los años han servido a los aspirantes a poseer licenciad de conducir, de chofer y vehículos pesados, en una gestión “que va mas allá de la enseñanza, ya que es un compromiso social educar de manera correcta a todos nuestros aspirantes para así garantizar la seguridad en nuestras vías públicas. Nuestras escuelas han sido reguladas y fiscalizadas hasta el momento por Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) aunque desde hace años la antigua Comisión de Servicio Público (CSP) ha querido fiscalizar las escuelas de conducir definiéndolas como empresa de vehículos de alquiler”, señaló Jeannette Soto Ruiz, de Jeannette Driving.
Los deponentes aseguraron que el actual Negociado de Trasporte y Servicios Públicos (NTSP) continúa con esa intención de la antigua CSP, “siendo algunos de nosotros perseguidos e intimidados en varias ocasiones por agentes del Negociado en nuestras áreas de trabajo afectando la enseñanza y toma de examen de nuestros estudiantes”, añadió Nelson Lúgaro Pagán, de New Lúgaro Driving.
Los dueños de las escuelas de conducir rechazaron la aprobación de la Ley 75 del año 2017 que define lo siguiente: (cc) Empresa de vehículos de alquiler. Incluye toda persona que fuere dueña, controlare, explotare o administrare vehículos de motor para ser arrendados y conducidos por los arrendatarios o por quienes éstos designen. Incluye toda escuela de enseñar a conducir o instructor que, además de la enseñanza teórica y práctica y llevar a sus alumnos al área de examen, desee dedicarse al alquiler de vehículos de motor, así como aquellos dueños de vehículos de motor que interesen alquilar sus vehículos a aspirantes para obtener su licencia de conducir, sin dedicarse a la enseñanza.
“Nosotros entendemos que esta definición fue una legislación errónea e irresponsable ya que ninguna escuela de conducir en Puerto Rico debe prestar su vehículo a un aspirante sin el debido proceso de enseñanza. Es nuestra responsabilidad educar de manera correcta al aspirante asegurándonos que conozca y posea total dominio de la conducción del vehículo, las leyes y señales de tránsito para garantizar su seguridad, la de los demás y en especial la de nuestros examinadores a la hora de toma de examen. Ninguna empresa de vehículo de alquiler en Puerto Rico alquila sus vehículos a personas sin licencia de conducir vigente ni a menores de edad. Nuestros estudiantes son aspirantes a licencia de conducir (no poseen licencia de conducir) con necesidad de enseñanza y en su mayoría son menores. Nosotros rechazamos que se nos defina como empresa de vehículo de alquiler ya que ni alquilamos ni tenemos intenciones de alquilar nuestros vehículos. Somos escuelas responsables que nos dedicamos a la enseñanza donde nuestro compromiso es formar conductores ágiles y responsables”, expuso Iris Muñiz Sotomayor, de Iris Driving. Los deponentes aseguraron que reconocen a la DISCO como la única entidad gubernamental con el andamiaje, personal y facultad absoluta para regular y fiscalizar las escuelas, licencias de conducir en todas sus categorías, vehículos de motor y sistema de identificación.
Por el contrario, New Robles Driving School, por medio de su presidenta Sonia Martínez Torres, señaló mediante ponencia escrita que estima que es el NTSP quien debe reglamentar las escuelas de aprender a conducir, “aunque algunos dueños de dichas escuelas se oponen a tal disposición de Ley, habiendo realizado varias reclamaciones por medio de los Tribunales. En dos ocasiones las derminaciones del Tribunal Apelativo llegaron al Tribunal Supremo, y se sostuvo que es el NTSP quien nos reglamenta”. De hecho, en la ponencia se destaca que actualmente está bajo consideración del Senado un proyecto ya aprobado en la Cámara, denominado P de la C 799, que determina otorgarle toda la jurisdicción de las escuelas de conducir al NTSP, “y la ponencia de la Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Ing. Eileen Vélez Vega, es a favor del P de la C 799”, añadió Juan R. Galarza Dávila, vicepresidente de New Robles Driving School. Galarza señaló que en la ciudad de Ponce hay aproximadamente veinte (20) escuelas de conducir “y solamente tres (3) tenemos actualmente el aval del NTSP”.
Por su parte, la secretaria del DTOP, Ing. Eileen Vélez Vega sometió una ponencia donde se señala específicamente que la función de los CESCO es recibir a las personas que van a tomar el examen de conducir y si tienen las cualificaciones para tomar el mismo, así como las condiciones del vehículo en el cual se tomará en examen. “Nosotros en el DTOP hemos estado en conversaciones con los dueños de las escuelas para aprender a conducir para que aquellas que no tengan los permisos del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos, puedan gestionarlos. Según entendemos, el personal del
NTSP también ha estado contactando a los dueños de dichas escuelas para que tengan sus permisos como carros de alquiler”. Vélez Vega señaló que cuando culmine el tiempo acordado para cumplir con los permisos, el DTOP no se opondrá a la entrada de los oficiales del NTSP a las zonas donde se ofrecen los exámenes, para verificar cuales escuelas tienen los permisos y cuales no los tienen.
Por parte del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP) y la Junta Reglamentadora del Servicio Público, depuso el Ing. Jaime A. Lafuente González, presidente de la agencia, quien señaló mediante ponencia escrita que “la jurisdicción de la escuelas de conducir es compartida entre el NTSP y el DTOP. Por un lado, la Ley 75 del 2017 concede jurisdicción al NTSP para autorizar la operación de las escuelas de conducir. Por otro lado, la Ley 22 de 2000, Ley de Tránsito, dispone que el DTOP, por medio de su Secretario, también regula las escuelas de conducir. Esto sin duda alguna crea burocracia y confusión”. A juicio del Ing. Lafuente, las escuelas de conducir, al ser empresas privadas, ser reguladas por el NTSP de manera exclusiva. De esta manera, de elimina la doble fiscalización de dichas empresas en Puerto Rico.
Al finalizar el proceso, el representante Fourquet Cordero señaló que ahora la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste pasará a evaluar todas las ponencias recibidas para tomar una determinación, o citar a alguna vista adicional. “En este proceso legislativo vamos a dar espacio a todas las partes, tenemos también unos ángulos a nivel estatal y federal, de manera que haya un balance y poder tomar las determinaciones que correspondan”. Tan pronto se tomen las determinaciones, el personal de la Comisión informará en su momento.
