La Fortaleza, San Juan – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó hoy junto a la procuradora de las mujeres, Lersy Boria, el proyecto de Ley de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia Doméstica o de Género, Maltrato de Menores, Hostigamiento Sexual en el Empleo, Agresión Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en su modalidad grave.
“Esta licencia especial aplicará a aquellos empleados del sector privado o público, que enfrenten alguna situación de violencia doméstica o de género, maltrato de menores, hostigamiento sexual en el empleo, agresión sexual, actos lascivos o de acecho en su modalidad grave contra ellos o contra cualquier miembro de su familia. Exista o no una querella en la Policía, los empleados tendrán derecho de solicitar este beneficio”, explicó el primer ejecutivo.
El proyecto, trabajado en coordinación por el gobernador y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) dispone que la Licencia Especial es sin paga y con una duración de hasta 15 días laborables que podrán ser utilizados en cada año natural y no podrán ser acumulables ni transferibles al siguiente año. A solicitud del empleado se podrá utilizar la Licencia Especial mediante horario fraccionado, flexible o intermitente. Asimismo, establece que la Licencia Especial podrá ser utilizada para, entre otras, atender las siguientes situaciones: orientarse y obtener una orden de protección o cualquier orden judicial; buscar y obtener asistencia legal; buscar y obtener vivienda segura o espacio en un albergue; visitar cualquier clínica, hospital o cita médica; y orientarse, buscar o beneficiarse de cualquier tipo de ayuda o servicios.
Por su parte, la procuradora de las mujeres, Lersy Boria, catalogó esta ley como un paso de avanzada en la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas de maltrato.
“Cuando una víctima teme por su vida, la única alternativa viable que tiene para protegerse es la coordinación de servicios como albergue. Muchas veces, la persona se ve obligada a escoger entre su seguridad física y emocional o su empleo y seguridad económica. Por esto, se niega a recibir las ayudas que tiene disponibles o no busca los servicios que necesita por miedo a perder su trabajo al tener que ausentarse. Todas estas situaciones ponen a la víctima en una situación de peligro y contribuyen a que esta permanezca en una relación de maltrato”, explicó la funcionaria.
Por otro lado, Rosselló Nevares aseguró que, con esta licencia especial, todo empleado podrá solicitar un acomodo razonable o condiciones flexibles de trabajo que le permitan atender una situación de maltrato y, de igual forma, deberá proveer evidencia documental de su caso si el patrono así lo solicita.
“Dicho acomodo se realizará por acuerdo con el patrono, y según lo permitan las tareas y responsabilidades del empleado y de conformidad con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Todo patrono vendrá obligado a reservar el empleo de todo trabajador que se haya acogido a esta licencia y a reinstalarlo, una vez haya agotado los días a los que tenía derecho”, manifestó el gobernador.
El proyecto de ley faculta al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y a la OPM a imponer multas de hasta $10,000 a los patronos que incumplan con las disposiciones establecidas. Los fondos que se recauden por concepto de la multa serán destinados para la distribución de fondos y donativos que otorga la OPM a los albergues que atienden mujeres en situaciones de alto riesgo.
Rosselló Nevares destacó otras medidas radicadas en pro de la mujer puertorriqueña como la Ley 8-2017, en donde se extendió el periodo de lactancia de madres lactantes que trabajan a jornada parcial que sobrepasa las cuatro horas consecutivas; el periodo concedido será de 30 minutos por cada periodo de cuatro horas consecutivas de trabajo. Así también se le reconoció a las madres obreras que trabajan a jornada parcial en los municipios, el mismo tiempo de lactancia que los demás empleados a nivel central. Además de haber concedido mayores protecciones laborales a las mujeres y el desarrollo de campañas educativas en contra de la violencia doméstica y el maltrato conyugal.
