UNEN ESFUERZOS PARA FISCALIZAR CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL EMPLEO
(San Juan, Puerto Rico)- El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado-González, en unión a la Procuradora de las Mujeres interina, Madeline Bermúdez Sanabria, firmó un acuerdo colaborativo para retomar esfuerzos que permitan a cada agencia fiscalizar el deber de los patronos de cumplir con el requisito de promulgar protocolos para manejar situaciones de violencia doméstica en lugares de trabajo y el manejo de casos de hostigamiento sexual en el empleo.
“Todo patrono está en la obligación de proteger a sus empleados fomentando ambientes de trabajo seguros y que cuenten con las guías requeridas para canalizar situaciones que puedan poner en riesgo a sus trabajadores, así como quienes visitan su empresa. Por eso, esta alianza con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), que estará vigente hasta el 30 de junio de 2025, es importante ya que fortalece los esfuerzos de prevención e intervención en casos de violencia doméstica y hostigamiento sexual en el empleo. Esto es cónsono con la política pública del gobernador, Pedro Pierluisi, de cero tolerancia a acciones de violencia y hostigamiento en cualquiera de sus vertientes. Agradezco a la Procuradora de las Mujeres interina por unirse a dicho esfuerzo”, detalló Maldonado-González.
En cumplimiento con la reciente aprobación de la Ley Núm. 82-2022, que enmendó la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988(Ley 17), que prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo, el DTRH además publicó el Protocolo Modelo de Prevención y Manejo de Casos de Hostigamiento Sexual en su portal www.trabajo.pr.gov y las redes sociales de la agencia. Conforme a la nueva ley, los patronos privados deberán adoptar el protocolo publicado por el DTRH o adoptar uno igual o superior a los estándares mínimos provistos bajo la guía emitida por la agencia.
Por su parte, Bermúdez Sanabria destacó la importancia de este acuerdo en la lucha para erradicar la violencia. “Con este acuerdo fortalecemos los esfuerzos de la lucha en contra de la violencia a la mujer en todos los escenarios, al tiempo que promulgamos política pública para su empoderamiento personal y laboral. Agradecemos al secretario del DTRH y a su equipo por el compromiso, así como la disposición para ser aliados y unirse al proceso de educación y fiscalización a los patronos, trabajadores y trabajadoras en cumplimiento con la Ley Núm. 217 de 29 de septiembre de 2006, conocida como la Ley para la Promulgación de un Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia Doméstica en Lugares de Trabajo o Empleo, y la recién enmendada Ley 17 cuyo fin es prohibir el hostigamiento sexual en el empleo”, afirmó la procuradora interina.
El acuerdo colaborativo establece que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PR OSHA, por sus siglas en inglés), adscrita al DTRH, tendrá a su cargo, mediante las inspecciones rutinarias, el indagar el cumplimiento de la promulgación de ambos protocolos por parte de los patronos. De hecho, como parte de las visitas entregará material didáctico provisto por la OPM. También coordinará, junto a la Procuraduría, asistencia técnica para la elaboración de los protocolos. Posterior a esto, se les dará un término a los patronos y de incumplir con ello, PR OSHA referirá la situación a la OPM. Esto podría desembocar en multas administrativas.
Como parte del proceso de fiscalización el DTRH suministrará trimestralmente un informe a la OPM sobre patronos inspeccionados y su estatus de cumplimiento. Anualmente el DTRH recibirá datos actualizados sobre las acciones tomadas por la Procuraduría para asegurar el cumplimiento de dichos protocolos. El acuerdo establece la designación del Oficial Enlace de la Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales, Investigaciones y Querellas quien, entre otras cosas, tendrá la función de ser enlace entre ambas agencias.
“En el DTRH estaremos activos orientando a patronos y empleados sobre los protocolos requeridos por ley, cuyo fin es asegurar el cumplimiento con la legislación protectora del trabajo y otras leyes promulgadas en beneficio de nuestra ciudadanía”, concluyó el secretario Maldonado-González.
