San Juan , PR. El presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, José E. Ortiz Torres, instó al gobernador electo Pedro Pierluissi a presentar un recurso de revisión en el Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos basada en la decisión de la juez, Laura Taylor Swain sobre la Ley 176 de 2019, la cual enmienda la Ley 8 de 2017, (Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico) y la Ley 26 de 2017 (Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal). Dicha ley dispone sobre la acumulación de días vacaciones y enfermedad de los empleados públicos, y nada sobre el desembolso de fondos públicos adicionales a los ya presupuestados. Ortiz Torres, indicó que el Tribunal erró en cuanto a su interpretación de las facultades de la Junta de Supervisión Fiscal amparadas en la Ley PROMESA, la cual se limita en este caso al cumplimiento de planes fiscales certificados. Con dicha decisión, la juez autorizó a la JSF a disponer medidas de eficiencia en el servicio público a base de la cantidad de días de vacaciones o enfermedad que acumule un empleado, sin evidencia empírica de cada agencia o corporación pública basado en la naturaleza del servicio que prestan. Ortiz Torres añadió, que los planes de vacaciones son instrumentados mediante la reglamentación de personal basado en análisis de la naturaleza y demanda de servicios, incluyendo la cantidad de empleados necesarios y disponibles. Permitir que la JSF se arrogue el determinar la política de acumulación de licencias en las agencias y corporaciones públicas, es una autorización expresa a la administración de los recursos humanos de las entidades públicas que le corresponde al Gobierno como patrono, además de no ser una facultad concedida por la Ley PROMESA.
Según Ortiz Torres, de acuerdo a la Ley PROMESA, la JSF sí podría presentar una contención legal sobre la liquidación en pago por días acumulados en caso de impactar los estimados fiscales, lo que la ley 176-2019 no contempla. No obstante, disponer sobre la eficiencia de servicios por días acumulados en licencia de los servidores públicos, constituye una intromisión contraria a derecho de conformidad a la Ley PROMESA. Para Ortiz Torres, la objeción de la JSF sobre la acumulación de vacaciones y días por enfermedad es una de índole filosófica neoliberal, enfoque que no es su discreción imponerlo a base de sus facultades jurídicas. De permitirse, representaría una acción irrazonable e irracional, representando un peligro para el país.
Para finalizar, Ortiz Torres acotó, que de prevalecer la determinación de la juez Tailor Swain, su efecto sería prospectivo y no retroactivo, ya que en términos jurídicos la ley fue anulada pero no declarada nula, lo que en derecho tiene resultados distintos. En consecuencia, la determinación del Tribunal no afectaría los días acumulados a partir de la vigencia de la ley, y cesaría la acumulación dispuesta por la ley 176 de 2019, una vez la determinación judicial sea final y firme. Exhortó a los servidores públicos que trabajaron en la campaña del gobernador electo, a reclamarle en justicia una acción legal para defender sus derechos adquiridos, siendo esta su primera prueba frente a la JSF.
