Aconer apoya transición a energías renovables en techos propuesta por la organización cambio
La Junta Directiva de la Asociación de Consultores y Contratistas de Energía Renovable de Puerto Rico (ACONER) desea expresar su apoyo a los resultados del estudio comisionado por la organización CAMBIO para la propuesta Queremos Sol. Este estudio concluye que es viable en el país una transición a energía renovable más rápida que las metas establecidas por la Política Pública Energética en la Ley 17 de 2019. El estudio determinó que al 2035 es posible que el 100% de los hogares en Puerto Rico cuenten con sistemas solares en techos, capaces de producir el 75% de la demanda energética del país en ese momento. Esto resultaría en ahorros en compra de combustibles de aproximadamente $1,000 millones por año, y una reducción de 70% en los gases de invernadero que genera la quema de combustibles fósiles (petróleo, metano, carbón) para producir energía eléctrica. La Ley 17, por su parte, establece como metas un 60% de energía proveniente de fuentes renovables para el 2040, y 100% para el 2050.
El estudio de CAMBIO es uno de alta credibilidad, por la trayectoria, trasfondo y peritaje de las entidades y expertos que lo realizaron, entre los que se destacan el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA.org), el ingeniero electricista y catedrático del Recinto Universitario de Mayagüez el Dr. Agustín Irizarry y la ingeniera ambiental Ingrid M. Vila, ex-secretaria de la Gobernación, así como las firmas Telos Energy, EEPlus y Energy Futures.
Uno de los mitos que este estudio derrumba es la supuesta necesidad de utilizar al metano (“gas natural”) como combustible de transición, ante las mejoras que el sistema eléctrico presuntamente necesitaría antes de poder adoptar renovables en grandes proporciones. El estudio concluye que la inversión necesaria para esto sería una relativamente modesta, luego de analizar casi el 90% de la totalidad del sistema existente de transmisión y distribución (T&D) en la Isla. Por el contrario, la conversión de plantas generatrices de la AEE de petróleo a metano es la principal propuesta de infraestructura en el Plan Integrado de Recursos de la corporación pública, el cual pareciera ignorar las metas agresivas hacia energía renovable que dicta la Ley 17. Ese mismo plan requeriría unos $5,000 millones en mejoras al sistema de T&D para su propuesta de minirredes, en comparación con los $654 millones (una octava parte) requeridos para la adopción de renovables en techos. Es ilógico pensar que la multimillonaria inversión de capital necesaria para gasificar las plantas generatrices y modernizar el sistema de T&D no vendría acompañada de 30 a 40 años más de vida útil para justificar y recuperar la inversión, particularmente ante el propuesto escenario de privatización de los activos de la AEE. Esto amarraría a nuestro pueblo y al menos a nuestras próximas 2 generaciones a la quema de combustibles fósiles, a las fluctuaciones y alzas en sus precios, y a la profundización del cambio climático.
Los resultados del estudio son consistentes con la postura histórica de ACONER de fomentar la generación distribuída con producción solar desde los techos. El modelo de producción solar desde techos impulsado por CAMBIO es uno inclusivo, pues plantea un sistema solar en cada hogar con capacidad para energizar enseres y aparatos esenciales, y almacenamiento para periodos nocturnos o en caso de apagones. Además, el estudio indica que es capaz de mantener el costo de electricidad en menos de 20 centavos por kWh (kilovatio-hora), y hasta 15 centavos por kWh de emplearse los $9,600 millones en fondos federales designados para la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico, asegurándole así un alivio y estabilidad económica a nuestros/as trabajadores/as y sus familias. Además, la producción solar desde techos, por estar localizada en el punto de consumo, es la alternativa más resiliente ante el creciente riesgo de huracanes, pues elimina las interrupciones de servicio por daños en las líneas de transmisión y distribución. Finalmente, este modelo descentralizado tiene también un enorme potencial para generar empleos para el diseño, instalación, mantenimiento, y disposición de sistemas y equipos, aportando así a nuestra economía y mitigando la creciente emigración.
La inseguridad energética es uno de los asuntos más apremiantes que como país necesitamos resolver, para garantizar no sólo nuestras necesidades más básicas, sino para aspirar a desarrollarnos económica y socialmente. El acceso continuo y asequible a energía eléctrica es un derecho fundamental desde el siglo anterior. Atentar contra nuestra seguridad energética es atentar contra la vida misma de nuestro pueblo, como inequívocamente nos mostró la secuela de los huracanes Irma y María en el 2017. Por ello, es imprescindible que el gobierno que nuestro pueblo eligió para representarlo sea consecuente con la implementación de las leyes y políticas aprobadas para su bienestar. La Ley 17 no puede convertirse en otra “ley de papel” como desafortunadamente ha ocurrido con otras leyes como las de reciclaje (Ley 70 de 1992), donde los logros hasta el momento distan mucho de las aspiraciones y metas en la ley. Ya es momento de que nuestros gobernantes cesen en desoír e ignorar los consejos y opiniones expertas, y puedan tomar decisiones para el país basadas en datos objetivos y confiables. Nos encontramos en una coyuntura histórica y única para establecer el sistema eléctrico que nos merecemos, y servir de ejemplo para el mundo. Contamos con el talento y conocimiento, la tecnología, y el capital de reconstrucción. Las miles de vidas tronchadas o cambiadas para siempre tras Irma y María constituyen una cuenta pendiente, que solo se salda tomando las decisiones acertadas y desprendidas que beneficien a la mayoría de nuestra gente y futuras generaciones, y no a grupos privilegiados.
ACONER continuará defendiendo y apoyando la generación distribuida solar como la estrategia más segura para la soberanía y sostenibilidad energética de Puerto Rico. Quedamos en la mejor disposición para continuar diseminando los hallazgos de este estudio, apoyar su implementación y aportar a que se haga realidad en el 2035.
