Varias medidas fueron discutidas en la Comisión de Asuntos del Consumidor para impulsar una “red de seguridad digital”
(El Capitolio ) – El Departamento de la Familia favoreció este martes la aprobación de un bloque de proyectos legislativos que persiguen reforzar las protecciones cibernéticas de menores, incluyendo una propuesta para establecer los 16 años como edad mínima para el acceso a plataformas de redes sociales.
Tres proyectos de ley fueron presentados por el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, quien apuntó a la falta de regulaciones y la vulnerabilidad de la población infanto-juvenil ante la violencia cibernética que, a su juicio, ha sido propiciada por la acelerada transformación digital.
“Se entiende pertinente y meritorio adoptar cuantas medidas sean necesarias al un padre, madre o custodio determinar brindarle acceso al mundo digital a un menor de edad”, opinó la secretaria de la Familia, Suzanne Roig. “Esta población resulta ser la más indefensa ante el acecho de depredadores sexuales o personas mal intencionadas que se valen de estos medios”, abundó.
El análisis se basó en el Proyecto de la Cámara 977, que busca exigir a las tiendas virtuales verificar la edad de sus usuarios al descargar aplicaciones móviles, con consentimiento parental para menores de 18 años; el Proyecto de la Cámara 978, que procura sentar el “deber de cuidado digital” para plataformas digitales; y el Proyecto de la Cámara 1136, que pretende disponer la edad mínima de 16 años para el uso de redes sociales, con multas a proveedores de hasta $20,000 por infracción.
“El propósito fundamental es crear una red de seguridad digital donde la responsabilidad legal recaiga exclusivamente en las plataformas y no en los menores o sus tutores”, afirmó el representante Navarro Suárez en el Proyecto de la Cámara 1136.
Las medidas fueron objeto de recomendaciones para atender las preocupaciones que señalaron varias agencias públicas ante la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes, que preside Edgar Robles Rivera.
Entre ellas, el Negociado de Telecomunicaciones (NET) consideró que la aprobación de los proyectos es de “vital importancia” para salvaguardar la integridad de los menores, pero instó a la comisión legislativa a minimizar los riesgos de algún conflicto constitucional.
El presidente del NET, Osvaldo Soto, sugirió que se añadan criterios relacionados con las características adictivas de las redes sociales, como el “scrolling” infinito, notificaciones sobre actividades en la cuenta del usuario, reproducciones automáticas de vídeos, transmisiones en vivo y plataformas que muestran métricas interactivas personales.
Aseguró que la División de Querellas del NET está capacitada para aplicar las normativas y el organismo cuasi-judicial tiene facultad para imponer multas administrativas a las compañías de telecomunicaciones de hasta $25,000 por violación a las leyes y reglamentos.
Soto informó, además, que ha sostenido reuniones con representantes de las plataformas de Instagram, TikTok y Meta con el propósito de evaluar los mecanismos encaminados para cumplir con las obligaciones de la Ley 185-2024, conocida como Ley para la Protección de la Privacidad Cibernética de los Niños y Jóvenes.
Según el jefe del NET, la red social de Instagram implementará a finales de este año una herramienta para notificar a los padres o custodios cuando un menor realice búsquedas de palabras o contenido relacionado con el suicidio o autolesiones.
También destacó que portavoces de WhatsApp detallaron una serie de cambios que integrarán a la plataforma, como la habilitación de un código exclusivo que permitirá a los progenitores tener “control absoluto” sobre las cuentas de los menores.
“Entiéndase, quién lo contacta; qué conversa; a qué grupos se une, etcétera. Así que nosotros estamos encaminados a seguir estas conversaciones con todas las plataformas”, pronunció Soto. “Esto no es una legislación nueva, y ellos han accedido a poner mecanismos de control”, añadió.
Sin embargo, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social (CPTS) manifestó su oposición a las legislaciones tras señalar que las iniciativas no están fundamentadas en evidencia rigurosa y tampoco consideran el impacto diferenciado sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad.
La presidenta de la Junta Directiva del CPTS, Lydael Vega, criticó la falta de alternativas a la restricción para los grupos que se identifican como los más susceptibles a los daños del entorno digital, pero también como los que más dependen del acceso digital para su seguridad, conexión y desarrollo.
“Las respuestas que parten de la restricción, sin considerar las causas estructurales de la vulnerabilidad, sin consultar a las personas afectadas, y sin proveer alternativas reales, producen consecuencias no deseadas que recaen siempre con mayor peso sobre las poblaciones que ya cargan con las mayores desigualdades”, sostuvo Vega.
Por su parte, el teniente Luis Maldonado, jefe de la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía, mencionó que implementar estas políticas públicas requeriría la creación de recursos especializados y estructuras de supervisión que, por el momento, no forman parte de las funciones ni de la capacidad operacional de la agencia.
El agente indicó que la Uniformada apoya los mecanismos de control parental, pero puntualizó que las regulaciones deben evitar revictimizar o “responsabilizar injustamente a los padres por conductas que ocurren dentro de plataformas digitales diseñadas por empresas tecnológicas”.
Las representantes Estrella Martínez Soto y Lisie Burgos Muñiz también mostraron reservas con las medidas tras coincidir en que las iniciativas propuestas pudieran integrarse mediante enmiendas a la Ley 185.
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