(El Capitolio)- La Comisión de Asuntos al Consumidor, presidida por el representante Edgar E. Robles Rivera, evaluó el Proyecto de la Cámara 193, que busca establecer la política pública gubernamental sobre los contratos de adquisición de sistemas de generación distribuidas- con o sin almacenaje- para brindar al Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) la jurisdicción primaria en casos de práctica y anuncios engañosos o incumplimiento contractual por productos o servicios adquiridos.
En el lenguaje de la medida, de la autoría de los representantes Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, establece, además, que toda cláusula de arbitraje contenida en cualquier contrato para la adquisición de estos sistemas será nula desde el principio “por ser contraria al alto interés público y colocar a los consumidores de este producto en una clara y patente inequidad”.
Al inicio de la evaluación, el representante Robles Rivera criticó enérgicamente la incomparecencia de Luma Energy, “que quede meridianamente claro que ellos tienen que estar presente, que nunca se le excusó de los trabajos y si tenemos que ir a los tribunales para defender a nuestros constituyentes lo vamos a hacer”.
Durante la vista pública, la Licenciada Yasiris Torres Rivera, en representación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), señaló que la agencia no podía apoyar el proyecto ya que “no contamos con los recursos técnicos, humanos, ni presupuestarios para asumir la jurisdicción que se propone en esta legislación”.
Torres Rivera añadió que, “como es de conocimiento general, actualmente el DACO enfrenta restricciones presupuestarias significativas impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal. Además, cuenta con reducido número de inspectores y abogados para atender las querellas complejas y no cuenta con personal técnico especializado en energía renovable, ni en sistemas eléctricos, lo que hace inviable que asuma competencias fuera del ámbito comercial”.
La funcionaria recomendó que “los aspectos técnicos que envuelven los sistemas de generación distribuida, incluyendo su desempeño, interconexión y cumplimiento con métricas energéticas, deben continuar siendo atendidas exclusivamente por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), entidad que posee el peritaje y la jurisdicción correspondiente”.
De igual manera, indicó, que la aprobación de la medida, tal y como fue radicada, representaría posibles riesgos tanto a la agencia, como a los consumidores al crear expectativas en los ciudadanos que no podrán cumplirse y una sobrecarga de trabajo sin recursos nuevos, así como el potencial conflicto entre en DACO y el NEPR. Por lo tanto, sugirió que el lenguaje sea enmendado para delimitar el ámbito de acción de su agencia a la fiscalización de prácticas engañosas en anuncios o materiales promocionales.
A preguntas de los legisladores, Torres Rivera sostuvo que efectivamente ha habido un aumento en las querellas, específicamente en las oficinas de DACO ubicadas en Ponce Mayagüez y Arecibo. Explicó que, desde enero del 2024 hasta marzo del año en curso, se han presentado 602 casos mayormente por garantía, incumplimiento de contrato y anuncios engañosos.
Otro aspecto que presentan los consumidores es el hecho que las compañías les aseguran que, con la adquisición del sistema de placas solares, solo pagarán cuatro dólares por el servicio de energía que ofrece LUMA Energy, lo cual no se cumple y se ven atados a pagar por los dos sistemas.
Sostuvo que los casos en que no han podido intervenir es debido a las cláusulas de arbitraje que contiene los contratos, que obliga al consumidor no solo a solicitar el servicio de árbitro, sino a pagarlo de su propio bolsillo. Esto a pesar de que las compañías se reservan el derecho a acudir a los tribunales cuando tienen una querella contra el consumidor.
Ante la posición de DACO, el representante Márquez Lebrón mostró su preocupación y señaló que, de ser así, no se debería legislar a esos efectos.
“Quiero dejar para el récord, me lo cuestiono y hasta me molesta que la posición del DACO sea que tengan cuidado con el proyecto porque no tengo chavos para atenderlo, pero está bien, esa es una realidad, pero es su jurisdicción, un mandato de la ley, proteger a los consumidores; si es así entonces no debería legislarse nada para darle poderes a DACO para proteger a los consumidores porque están limitados”, dijo el legislador Márquez Lebrón.
Por otro lado, Antonio Torres Miranda, comisionado asociado del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), favoreció la medida, pero recomendó que se establezca de forma expresa que las facultades que se le van a conferir a DACO, “no deben entenderse como una limitación, interferencia ni desplazamiento de la autoridad conferida al NEPR”, en cuanto a asuntos de política pública energética, aspectos técnicos, tarifarios, regulatorios y de cumplimiento relacionados con estos sistemas.
Mientras que la Lcda. Hannia Rivera Díaz, directora de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), respaldó la intención del proyecto ya que esta dependencia desde el año 2022 hasta el presente ha recibido 761 peticiones de servicios de los consumidores por asuntos relacionados a los sistemas de energía renovable.
“Entendemos que esta honorable Legislatura debe proveerle a los consumidores las salvaguardas necesarias para que formen parte de la transformación de nuestro sistema energético sin que se vean perjudicados por las prácticas engañosas de ciertas compañías o individuos inescrupulosos”, sentenció la abogada.
A su vez, recomendó que el legislador exprese taxativamente los tipos de contratos que intenta regular y se incluya los contratos de compraventa de energía (PPA) en cuanto a garantías y prácticas engañosas se refiere.
Asimismo, Rivera Díaz, avaló que se declaren nulas las cláusulas de arbitraje ya que “tienen la intención de evadir la jurisdicción de las agencias gubernamentales reguladoras, tornándose contrarias a la ley y el orden público”.
Para la deponente, esto coloca al consumidor en posición de desventaja al concederle el arbitraje como único remedio para resolver cualquier disputa, aparte de que si es el consumidor quien inicia el proceso, tiene que pagar los costos de presentación, honorarios y gastos de arbitraje, lo que, según la directora de la OIPC, “busca desincentivar a los consumidores de instar aquellas acciones dirigidas a hacer valer sus derechos”.
También recomendó que esta legislación aplique a los instaladores de placas solares porque “ha sido nuestra experiencia que dichas prácticas engañosas o incumplimientos contractuales también ocurren por parte de los instaladores, así como de los vendedores”.
A renglón seguido, el Lcdo. Javier Rúa Jovet, principal oficial de política pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, por sus siglas en inglés), se mostró en contra del proyecto al puntualizar que presenta “vicios evidentes de inconstitucionalidad local y federal”, al declarar que los contratos de adhesión a servicios de energía solar son nulos desde su origen, lo que interfiere con los derechos protegidos por la Constitución de no menoscabar obligaciones contractuales”.
Rúa Jovet enfatizó sobre la “importancia crítica de los contratos solares en discusión, los cuales constituyen la vía principal para que las familias puertorriqueñas puedan rápidamente acceder a resiliencia energética para su calidad de vida, y para proteger sus vidas; para sobrevivir los apagones cotidianos y también los más extensos”.
Aceptó que “el número de quejas de los consumidores presentadas mensualmente ante DACO en los últimos años muestra un leve aumento gradual. Pero al mismo tiempo, el número de instalaciones solares ha aumentado mucho más, pasando de 433 instalaciones mensuales en el 2020 a sobre 4,000 instalaciones mensuales. Los números realmente demuestran un dato crucial, una bajísima y decreciente tasa de querellas de clientes solares”.
El oficial de SESA, insistió que en comparación con el 2.3 por ciento de querellas que se presentaron en el 2020 con 10 casos, en la actualidad ha bajado a .026 por ciento con 44 casos tomando en consideración las 4,289 instalaciones realizadas en el presente año.
Durante trabajos de esta audiencia pública también participaron los representantes Jorge Navarro Suárez, Estrella Martínez Soto, Adriana Gutiérrez Colón y Lisie Burgos Muñiz.
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