(El Capitolio ) – Una pieza legislativa que busca corregir la interpretación de la Ley del Fondo de Becas (Ley 4-2022) para establecer que la Universidad de Puerto Rico (UPR) será la entidad responsable de distribuir estas subvenciones a los estudiantes- que tengan progreso académico satisfactorio y demuestren necesidad económica- fue ratificada esta tarde en la Cámara de Representantes.
El Proyecto de la Cámara 20, de la autoría del presidente del cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, instaura los parámetros para que todas las agencias involucradas rindan cuentas sobre el buen uso de los fondos públicos con el fin de que lleguen a los alumnos que requieren estas becas para continuar sus estudios universitarios.
Estas dependencias son el Departamento de Hacienda, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y la Oficina del Principal Oficial Financiero (CFO, en inglés), que tienen a su cargo el desarrollo de métricas y requisitos de cumplimientos, además del seguimiento financiero.
“La UPR, como entidad pública, es la mejor que conoce y puede gestionar la situación de sus estudiantes, garantizando que los fondos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Esto no solo simplifica el proceso, sino que también permite una mayor transparencia y eficacia en el uso de estos recursos”, expresó la representante Tatiana Pérez Ramírez, quien se unió como coautora de la pieza legislativa.
La también presidenta de la Comisión de Educación explicó que el componente fiscal tiene múltiples deberes que atender y “no se puede sobrecargar a estas agencias con la responsabilidad de salvaguardar el uso de los fondos de las becas”.
Es importante mencionar que la UPR deberá enviar informes periódicos a la AAFAF, a Hacienda y al CFO, que evidencien el cumplimiento de los requisitos de cualificación por parte de los recipientes del programa de becas. La medida recibió 48 votos a favor en la votación final de la sesión ordinaria.
Investigarán protocolos ante tiroteos en escuelas
La Cámara iniciará el proceso de vistas públicas para auscultar los protocolos del Departamento de Educación (DE) sobre la preparación y respuesta ante incidentes de tirador activo en las escuelas tras aprobar a viva voz la Resolución de la Cámara 48.
“Sabemos que vivimos en tiempos complejos donde, lamentablemente, la amenaza de violencia armada en entornos escolares ya no es algo ajeno a nuestra realidad. No podemos esperar a que una tragedia nos obligue a actuar”, manifestó el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, autor de la pieza legislativa.
En su turno, el legislador explicó que los objetivos del estudio cameral son evaluar los protocolos existentes para responder a estos incidentes, el cumplimiento de la agencia con la legislación vigente y garantizar que tanto los estudiantes como la comunidad escolar conozcan de los planes de acción.
Según la exposición de motivos de la medida, los incidentes relacionados con amenazas de tiroteo en las escuelas han agravado en los años recientes, como lo demuestra el caso reportado en marzo de 2022 en la Escuela Jesús Sánchez Erazo, en Bayamón, donde se detuvo a un menor de 13 años en posesión de un rifle de asalto y múltiples municiones.
En ese mismo año se recibieron amenazas dirigidas a las escuelas University Gardens y Juan José Osuna, en San Juan. Además, en mayo de 2023 se registraron disparos en la Escuela Ángel P. Millán Rohena, en Carolina, lo que desató el pánico entre estudiantes y la comunidad escolar.
La pieza legislativa también resalta el asesinato ocurrido en febrero de 2012 frente a la Escuela Elemental Ramón Bruguera, en Caguas, así como el tiroteo suscitado en enero de 2017 en los predios de la Escuela Elemental Evaristo Ribera, en San Juan.
La Resolución Conjunta Núm. 38 de 19 de julio de 2019 ordenó la creación de un protocolo ante tiradores activos en un plantel escolar y la realización de simulacros anuales para enfrentar esta emergencia.
“Queremos saber si los planes están al día, si las escuelas están preparadas y si cada miembro de la comunidad escolar sabe exactamente qué hacer ante una amenaza. No basta con que existan documentos o planes de trabajo sobre un escritorio. Tenemos que ir a desarrollar ejercicios y el propósito de esta medida es corroborar que esto se esté haciendo”, puntualizó Pérez Ortiz.
Atenderán nombramiento de secretaria de Estado
Por otro lado, el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez confirmó que el nombramiento de la secretaria interina de Estado, Verónica Ferraiuoli, será atendido la próxima semana en la Comisión de Gobierno luego de recibir la documentación que requiere el cuerpo legislativo para evaluar la nominación.
El líder legislativo indicó que espera recibir la documentación, incluyendo el resultado de la consulta de la Oficina de Ética Gubernamental sobre posibles conflictos éticos relacionados con Ferraiuoli, para mañana, viernes.
“Posiblemente, la próxima semana estemos viendo el nombramiento de la secretaria de Estado, si es que somete toda la documentación en el día de mañana. Si la somete, ese es uno de los documentos que se le estará requiriendo. Por lo tanto, los miembros de la comisión tendrán la oportunidad de examinar todos los documentos que someta la nominada”, afirmó Méndez Núñez en respuesta a una petición de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD).
El presidente aclaró que la evaluación de la designada secretaria será mediante el proceso de vista pública, y no en vista ejecutiva. Además, que brindará espacio para que los legisladores analicen el expediente antes de citar la vista pública.
El portavoz del PPD, Héctor Ferrer Santiago, reiteró su solicitud para que el cuerpo cameral reciba la información financiera de Ferraiuoli y el salario que devenga como secretaria de Estado interina.
“Comparto su inquietud, y sé que el día que se celebre la vista esa pregunta y la contestación estaremos todos muy atentos a ella”, detalló Méndez Núñez.
Otras medidas respaldadas
El cuerpo legislativo también aprobó durante la sesión ordinaria el Proyecto de la Cámara 156, del representante Ángel Morey Noble, para derogar la Ley de la Corporación para la Revitalización de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas (Ley 209-2004) por considerar el estatuto “obsoleto e inoficioso”.
Asimismo, el Proyecto de la Cámara 220, presentado por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, con el propósito de aumentar el límite de la edad requerida en los cuerpos directivos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. La legislación, radicada por petición de los estudiantes de la Escuela Fernando Suria, en Barceloneta, busca promover una mayor inclusión de los jóvenes en este sector.
La Resolución Conjunta de la Cámara 31, también de Rodríguez Aguiló, fue respaldada para transferir por el precio nominal de $1.00 a la Junta de Residentes Preocupados por la Educación el terreno y la estructura ubicada en la Parcela Núm. 106 de la Comunidad Villa del Mar en el barrio Playa de Santa Isabel, conocida como la Biblioteca Comunitaria Villa del Mar.
Mientras que la Resolución Conjunta de la Cámara 50, presentada por el represente Jerry Nieves Rosario, designará el nombre de Escuela Elemental René Marqués a la actual escuela pública Segunda Unidad de Río Arriba, en Arecibo.
De igual forma, se aprobaron las Resoluciones de la Cámara 28, 120 y 127, que buscan investigar, respectivamente, el estado físico de los cuarteles de la Policía en el Distrito 38, el desarrollo socioeconómico en el Distrito 33 y la vida útil de los vertederos registrado en Puerto Rico.
Los autores de estas medidas son, correspondientemente, los representantes Wanda del Valle Corre, Ángel Peña Ramírez, vicepresidente de la Cámara, y Omayra Martínez Vázquez.
La Cámara de Representantes recesó sus trabajos legislativos de la Sesión Ordinaria hasta el martes, 25 de marzo, a la 2:00 p.m.
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