(El Capitolio) – Ecologistas y organizaciones, que representan a profesionales de la industria de la construcción, coincidieron este miércoles en redefinir la zona marítimo-terrestre en Puerto Rico con parámetros científicos que garanticen no solo una delimitación más precisa, sino el cumplimiento de la política pública de protección ambiental, como parte de la pluralidad de enmiendas que apremiaron incorporar al Proyecto de la Cámara 25.
Aunque consideraron que la intención de la medida es loable, un panel compuesto por la Asociación de Constructores, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR) y la entidad Amigxs del M.A.R. reclamó que la definición propuesta, que limitaría el alcance de la zona marítimo-terrestre y eliminaría la influencia de las marejadas ciclónicas, no está atemperada a la realidad climática de Puerto Rico.
“Esta medida representa un paso adelante porque propone la utilización de un criterio mareal para definir el extremo tierra adentro… El problema que tenemos es que es un criterio que no se basa en lo que se conoce como data mareal o datum mareal”, opinó el licenciado Patricio Martínez, director del Comité Ambiental de la Asociación de Constructores, en la continuación de vistas públicas de la Comisión de Recursos Naturales, que preside la representante Elinette González Aguayo.
El abogado con más de 40 años de experiencia en derecho ambiental indicó que la legislación presentada por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, propone la utilización de mareas equinocciales para determinar los límites marítimos, lo que catalogó como un “criterio astronómico predecible”.
En cambio, no contempla los criterios meteorológicos impredecibles, como los ciclones tropicales, que para Martínez crearía dificultades prácticas de agrimensura, problemas de aplicabilidad y limitaciones en recursos técnicos diseñados para determinar mareas equinocciales.
“La definición propuesta crearía un límite que sería imposible de marcar físicamente durante todo el año, ya que solo sería visible durante días específicos. Los propietarios y los funcionarios encargados de la aplicación carecerían de referencias visuales claras para el cumplimiento durante la mayor parte del año”, advirtió el presidente de la Asociación de los Constructores, Agustín Rojo.
Tanto Rojo como Martínez destacaron que la zona marítimo-terrestre debería adoptar el nivel medio de pleamar mayor (NMPM), un estándar científico que representa el promedio de todas las alturas de pleamar durante una época mareal de 19 años.
De acuerdo con los deponentes, este modelo reconocido internacionalmente filtra eventos anómalos y variaciones estacionales, por lo que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) lo utiliza para áreas con regímenes de mareas mixtas como es el caso de Puerto Rico.
“El NMPM es ampliamente aceptado en decisiones judiciales federales y estatales respecto a límites ribereños, creando consistencia con la jurisprudencia más amplia. Este estándar equilibra los intereses públicos y privados, estableciendo una línea predecible que refleja los patrones regulares de marea”, afirmó Martínez.
Por su parte, el presidente del CIAPR, Carlos Fournier, recomendó incorporar el nivel medio del mar como datum de la zona marítimo-terrestre. El agrimensor de profesión criticó la “peligrosidad” de que el proyecto no reconozca el impacto de la marejada ciclónica, particularmente luego del embate de los huracanes María, Irma y Fiona.
“Desde una perspectiva ética, resaltamos que la propuesta podría redefinirse para proveer un enfoque más restrictivo que el marco actual para intentar evitar dejar áreas críticas aún más vulnerables. Es nuestro deber proteger la seguridad, salud y bienestar público, y de mejorar el medioambiente”, puntualizó.
Fournier sugirió que la Cámara aguarde por los resultados del informe de hallazgos y recomendaciones que elaborará la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, que será presentado preliminarmente el 31 de diciembre de 2026, antes de modificar la definición de zona marítimo-terrestre.
Entre otras de sus preocupaciones, mencionó que, desde el punto de vista de ingeniería ambiental, el proyecto restringe la zona marítimo-terrestre y pudiera entrar en conflicto con la política pública ambiental que promueve el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
Una inquietud semejante fue compartida por la codirectora de Amigxs del M.A.R., Elga Vanessa Uriarte, quien subrayó que limitar la zona marítimo-terrestre interfiere con el uso y disfrute del espacio público de las personas en contraposición a los límites de las propiedades privadas.
La líder ambiental también rechazó la postura de pasados deponentes de atender por separado la zona costanera y la zona marítimo-terrestre, por lo que abogó por la creación de una Ley de Costas amplia que recoja el conjunto de elementos ecosistémicos que, inclusive, se extienden tierra adentro.
“Si bien es cierto que necesitamos una definición de zona marítimo-terrestre que responda a nuestra realidad y que se ajuste a la crisis climática que enfrentamos, esta tiene que, por imperativo, surgir desde una marida transdisciplinaria donde los criterios comunitarios y científicos sean los que guíen el camino para llegar a la definición que necesitamos”, manifestó Uriarte, mientras alertó que las ambigüedades en la versión original del proyecto inducirán a error en su aplicación.
La representante González Aguayo afirmó que persigue recoger las aportaciones tanto del sector público como del privado, por lo que continuará el proceso de vistas públicas y la Comisión de Recursos Naturales, que preside, acogerá como parte del informe del proyecto todas las ponencias que reciba.
“Creo que todo el mundo ha coincidido que hay ya leyes de protección ambiental, pero hay unas cosas que hay que definirse, precisar y tomar una concientización del buen uso y la protección de nuestro ambiente”, enfatizó la legisladora.
En esta audiencia pública estuvo la representante Adriana Gutiérrez Colón.
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