La institución educativa mostró reparos con la capacidad presupuestaria para implementar el currículo
(El Capitolio ) – Una medida que propone crear en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Utuado un programa académico enfocado en la investigación y cultivo de cannabis medicinal fue discutida ayer, martes, en la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, que presidente la legisladora Tatiana Pérez Ramírez.
Se trata del Proyecto de la Cámara 177, presentado por los representantes Jorge Navarro Suárez y Héctor Ferrer Santiago con la intención de enmendar la Ley Medicinal (Ley 42-2017) para que se permita en la institución educativa el desarrollo de técnicas para la siembra y manejo de semillas, así como de plantas importadas.
“Es un proyecto que requiere de una atención mayor, así que vamos a estar auscultando y evaluando la información más allá de las ponencias de las diferentes agencias para poder rendir un buen informe”, expresó la representante Pérez Ramírez, presidenta de la comisión cameral.
Aunque no apoyó el proyecto, el rector del recinto utuadeño, Luis Tapia Maldonado, aseguró que reconoce el “fin meritorio” que podría tener para la UPR. Entre las fortalezas de la pieza legislativa, destacó la alternativa para la población interesada en la industria del cannabis medicinal especializarse en los estudios e investigaciones sobre este tema.
De igual forma, opinó que impulsaría el progreso de profesionales expertos en los cultivos de cannabis medicinal que cubran las nuevas oportunidades que se generan con este mercado.
Sin embargo, señaló su oposición a la medida debido a la situación fiscal del recinto y el limitado presupuesto para cumplir con la legislación, la cual ordena que se implemente el programa académico con los recursos que ya estén disponibles.
A su vez, advirtió preocupación con el estricto marco jurídico -tanto estatal como federal- que regula el uso de cannabis medicinal en Puerto Rico y la falta de respaldo que podría tener la legislación por parte de las autoridades universitarias.
Tapia Maldonado explicó que la institución debe certificar que mantiene un campus donde se prohíbe el uso de drogas y alcohol para poder recibir fondos federales, según la Ley de Escuelas y Comunidades Libres de Drogas de 1989. Como alternativa, recomendó que la universidad solicite licencias especiales a través de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) para la investigación con sustancias controladas.
“El proyecto propuesto podría tener un fin meritorio que, previo a la evaluación favorable de los asuntos antes expuestos, podría representar un paso positivo y de vanguardia para la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, se hace necesario un estudio más pormenorizado sobre las implicaciones fiscales y regulatorias que esta medida implicaría”, puntualizó el rector.
El presidente interino de la UPR, Miguel A. Muñoz, también se posicionó en contra de la medida al señalar en un memorial explicativo la posibilidad de poner en riesgo las acreditaciones por implementar un programa “en contra de una legislación federal”.
El líder institucional agregó que la aprobación del proyecto de ley resultaría en un “impacto económico adverso que la implementación de este programa académico tendría para la institución y la complejidad de establecer el programa de manera que resulte académicamente viable”.
Por otro lado, la propuesta recibió el endoso de la secretaria interina del Departamento de Salud, Iris Cardona, quien afirmó que es una “oportunidad invaluable” para fortalecer la industria agrícola y de investigación en Puerto Rico. La agencia enfatizó en la importancia de la colaboración entre la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, la UPR y el sector privado para garantizar el cumplimiento de los “más altos estándares regulatorios”.
“Con una planificación adecuada y un compromiso sólido de todas las partes involucradas, este programa tiene el potencial de posicionar a Puerto Rico como un líder en la investigación y desarrollo de medicamentos derivados del cannabis medicinal”, puntualizó Cardona.
Asimismo, la administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Catherine Oliver, apoyó la medida al considerar la propuesta una “estrategia esencial para avanzar en el tratamiento de diversas condiciones de salud y mejorar la calidad de vida de miles de personas”.
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